Este 26 de febrero se dio inicio al periodo de campaña para el plebiscito del 26 de abril próximo, donde el país deberá decidir si quiere cambiar la actual Constitución y a la vez bajo qué mecanismo hacerlo.
Será un periodo de movilización importante, tal vez como nunca antes en la historia del país. Sólo en marzo hay una veintena de convocatorias a marchas y manifestaciones nacionales. El Gobierno, encabezado por Sebastián Piñera, intenta crear un escenario para justificar la represión brutal que ha mantenido durante estos meses, a pesar de los llamados de organismos internacionales en orden a detener su actuar y los reportes que hablan de las violaciones a los derechos humanos en Chile, los mismos organismos internacionales que eran validados por el propio Piñera cuando la violencia estatal se ejercía sobre los venezolanos.
En Aysén, la Intendenta Geoconda Navarrete llamó sin pudor ni vergüenza, a pedir permiso para la marcha de las mujeres este 8 de marzo, algo que por las propias organizaciones feministas ha sido considerado como el actuar propio de los tiempos de la Dictadura Cívico-Militar. Sin duda, Navarrete y su Gabinete no entienden nada y logran revivir en el inconsciente colectivo otras épocas.
Además, en estos meses nada han dicho sobre el actuar de Carabineros, los montajes del Coronel Capetillo auspiciados por la propia Intendencia y la represión que se ha visto cada viernes en la Plaza de Coyhaique y alrededores, conductas abusivas que son alentadas por el Gobierno. A nivel nacional los videos se multiplican en las redes sociales, donde la policía toma partido para la votación de abril, protegiendo a quienes están por el rechazo y, por el contrario, violentando a los que están por aprobar una nueva carta fundamental.
La violencia de la derecha, de la cual ya escribimos la semana pasada, se intensificará durante estas semanas, donde incluso fueron capaces de lanzar bombas molotov a un lugar cerrado, donde había niños, niñas, madres y ciudadanos que escuchaban al alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue en Osorno, seguidores de José Antonio Kast y parientes de Carabineros, seguramente. Esto se suma al ingreso de armas y la violencia con la cual históricamente la oligarquía busca defender los intereses de la minoría que la compone, con instituciones y esbirros a su servicio.
Un Presidente cuasi interdicto, que es capaz de señalar que grupos querían quemar la Quinta Vergara y anteponiendo situaciones para justificar el actuar de las policías en marzo, con declaraciones de guerra, creando un ambiente de confrontación entre los propios chilenos. Algo no digno del máximo cargo del país.
Este fenómeno de violencia que prepara la derecha no amilanará la participación ciudadana. La aprobación de la Nueva Constitución será abrumadora, preparando el camino a la Convención Constitucional, paso previo para alcanzar la Asamblea Constituyente soberana y plurinacional que es lo que se lee en cada marcha que se hace en el país. Nunca hemos visto un letrero o pancarta que señale “Convención Mixta o Constitucional”.
Los actuales dinosaurios de la derecha, esos que un día fueron la Concertación, firmaron una carta que a esta altura es más que nada una provocación, porque son los mismos que han aprovechado el sistema, los que defienden con dientes y muelas consensos y pactos donde siempre el pueblo queda fuera, porque se han enriquecido a costa de él y además son los mismos que pactaron con Pinochet en su momento para salir de la Dictadura, pero que luego se acostumbraron a los privilegios que su condición de autoridad les dio, se relacionaron con la derecha económica y les gustó, los ricos le dejaron el espacio conveniente para que ganaran dinero con la educación o la salud privatizada y ya no quisieron forzar cambio alguno, se compraron el discurso del crecimiento sin desarrollo, ni progreso para todos. Son los mismos que no pagan contribuciones, como Ricardo Lagos papá e hijo, quienes gracias a su posición evaden lo que para otros significaría la calle. No se distinguen del Presidente Piñera, son amigos, contertulios, comensales de la misma mesa, donde el pueblo queda fuera y al cual se les permite mirar desde la ventana, esperando aquellas sobras que luego comparten convertidos en bonos y subsidios.
Pero ese Chile debe cambiar, y en este sentido la participación es fundamental, hay una posibilidad de generar cambios estructurales y se debe aprovechar, con las lecciones aprendidas del retorno a la democracia pactada. No participar es esperar que los mismos que hoy defienden la constitución tengan una herramienta más para validarla y mantenernos quién sabe cuántos años más en la misma condición de pobreza por la cual transita gran parte del país.
Convirtamos este 26 de abril en la ocasión para sepultar la Constitución de Pinochet y generar un verdadero pacto social, donde todos sean considerados y consideradas en sus diferencias.
