La desigualdad social no es sólo un tema económico, sino ético. En Estados Unidos, país capitalista por naturaleza, un grupo de millonarios solicitaron a los candidatos presidenciales instaurar un impuesto a los superricos y de esa manera frenar la creciente desigualdad de ingresos en ese país, que mantiene a millones de personas en la pobreza e indigencia.
La idea, como era de esperarse, no fue compartida por los multimillonarios chilenos, quienes creen que las donaciones son el camino para enfrentar la desigualdad, en otras palabras, apelan a la “buena voluntad” de las grandes fortunas, algo que está muy lejos de suceder, basta recordar los sueldos miserables que pagan los grupos económicos nacionales. La miseria de nuestra clase adinerada, la gran mayoría de ellos especuladores financieros que nunca han creado nada y que han vivido gracias a los salvatajes del Estado y a través de compras realizadas en Dictadura, queda demostrada una vez más al seguir acumulando riqueza gracias al esfuerzo del 99% del país.
Por eso se requiere con urgencia que el Estado se haga cargo del tema, no sólo imponiendo un impuesto a los superricos, sino que redistribuyendo la riqueza que crean los trabajadores. La acumulación de enormes sumas de dinero requiere que muchas personas tengan muy poco y esa injusticia social terminará por reventar de la peor manera, si no somos capaces de comprender el fenómeno. El control sobre los medios de prensa, la educación, las religiones y todo lo que podamos imaginar, no bastarán para detener los procesos de desencanto creciente en la sociedad.
Junto con nuevos impuestos a los ricos, hay que terminar con la ley reservada del cobre, que le ha significado al Estado no tener control sobre enormes sumas de dinero, que bien podrían subsanar problemas en educación y salud. Hay que reconocer que la Administración Piñera anunció su derogación hace algunos meses, es de esperar que el nuevo mecanismo para el financiamiento de las FF. AA sea transparente, democrático, con el necesario control civil y que los excedentes de la venta del cobre, efectivamente se destinen a planes sociales.
Terminar con la desigualdad también implica eliminar las AFP, contar con un Estado con leyes más rigurosas para evitar la colusión, evasión y elusión de los más ricos, ser más estricto con quienes se aprovechan de cualquier resquicio legal para afectar al país, a través de lobbies y relaciones político-empresariales.
Insistimos, siendo el modelo neoliberal el que genera y permite las desigualdades, que son el motor de su mantención en el tiempo y la historia, debemos terminar con él y dar paso a una sociedad más sana, con una nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente.
Es triste constatar casi todos los días como perdemos alguna batalla en el Congreso, con políticos que siempre están mirando hacia los grandes grupos económicos como su próximo trabajo y, por lo tanto, legislan en función de ellos.
Pero la esperanza está presente en las luchas sociales de cada día, como actualmente con los profesores, cuyas demandas no son sólo económicas, como ha querido atribuir mañosamente el Ministerio de Educación, sino con un modelo de educación que permita igualar las condiciones en las que se desempeñan los estudiantes y los profesores.
Si queremos cambiar la sociedad, no bastan los llamados a través de las redes sociales, que son importantes, sino que un compromiso superior con todas las instancias de participación social.
La desigualdad es, ante todo, un tema ético.
“Si no luchas, al menos ten la decencia de respetar a quienes sí lo hacen”
José Martí (1853-1895).
