Queja constante de sectores productivos de alto impacto social y ambiental, como la salmonicultura, minería y la explotación forestal, es lo que llaman falta de certeza jurídica. Que en el desarrollo de sus inversiones, acusan, les cambian las reglas del juego: movilizaciones ciudadanas, procesos administrativos engorrosos, resoluciones judiciales negativas.
Bajo esta premisa impulsaron una fuerte ofensiva comunicacional en contra de lo que, convenientemente, denominaron “permisología”. De este clamor emergió la Ley de Autorizaciones Sectoriales de 2025 y está en trámite la Ley de Reconstrucción Nacional.
Éstas y otras normativas han sido concebidas para beneficiar a las empresas. A los grupos económicos, fundamentalmente. Y, de paso, a las grandes fortunas, aunque se diga que indirectamente beneficiarían también al ciudadano de a pie.
Es parte de la premisa del chorreo, mantra que nos llevó a tener un 20 % de desempleo en los 80, promediando en los 17 años de la dictadura el 13 %. En las tres décadas de la transición tal axioma fue desestimado, siendo recientemente reflotado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “La mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo» dijo, echándose al bolsillo décadas de políticas sociales que han permitido el sueldo mínimo, acabar con la desnutrición, alfabetización de la población, viviendas para quienes no podían solventarlas, las políticas de desarrollo agropecuario post Reforma Agraria.
Al hablar de seguridad para invertir, un dato es que gran parte de las inversiones protagonistas de judicialización y conflictos con las comunidades se asientan en lugares físicos: el territorio. Sin dejar fuera el maritorio.
Por ello llama la atención que quienes exigen mayor certeza jurídica e impulsan cambios legales para incentivar sus propias inversiones (o las de quienes les financian) no clamen por poner en marcha una herramienta que desde marzo es norma: el reglamento que regula los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), incluida la zonificación del borde costero.
Los PROT permiten definir y planificar el destino de áreas del territorio regional donde se emplazarán actividades productivas. Incluye, de manera vinculante, definiciones sobre “la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos” junto a “las infraestructuras y actividades productivas en áreas no comprendidas en la planificación urbanística”.
Las nuevas inversiones en conectividad desafiarán al Aysén del futuro. El reglamento es una oportunidad para ordenar la casa, lograr grandes acuerdos y prevenir conflictos sociales que hemos vivido en demasiadas ocasiones, además de evitar impactos irreversibles en la ruralidad, que en Aysén es más del 95 % de todo el territorio (físicamente hablando).
Esta regulación tiene un fuerte componente de participación ciudadana, incorporando como eje transversal la sustentabilidad. La certeza jurídica, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no puede ser sólo para los inversionistas. También para los habitantes.
Aunque la tramitación toma su tiempo, una mirada estratégica invita a comenzar ya este proceso a nivel institucional. Porque el rol de quienes gobiernan es planificar y usar las herramientas disponibles, y no pedir a los habitantes agarrarse fuerte de la montura para soportar el vendaval.
Patricio Segura Ortiz
Periodista
