Co-escrita con el economista Ramón López.
No es necesario ser experto para darse cuenta de que el Neoliberalismo ha sentado en Chile bases económicas perversas que promueven una desigualdad insostenible e inmoral. Por lo mismo, urge un programa económico transformador de las bases mismas del modelo, para terminar con esta verdadera camisa de fuerza que asfixia y empobrece a una mayoría significativa de chilenos y chilenas.
Un país tan desigual como Chile difícilmente puede lograr un desarrollo económico inclusivo y sostenible mientras tengamos un Estado que solo capta recursos equivalentes al 21% del Producto Interno Bruto (PIB). La experiencia internacional muestra que los países que hoy son desarrollados, cuando tenían el nivel de ingreso promedio per cápita del Chile de hoy, captaban recursos tributarios cercanos al 33% de su PIB, lo que les permitió desarrollar políticas públicas adecuadas que los convirtieron en lo que son hoy.
Así las cosas, un desarrollo justo y sostenible es posible, pero para ello se debe lograr una participación del Estado en la economía y en otras áreas fundamentales para el desarrollo de un país, de manera de promover un desarrollo económico justo, democrático, diversificado y en perfecto equilibrio con el medio ambiente.
Una condición necesaria para lo anterior, aunque no suficiente, es una reforma tributaria de corto y mediano plazo que permita al Estado captar por lo menos un 30% del PIB. Para eso hay alternativas posibles y viables, como reducir drásticamente la evasión y elusión tributaria, que en la actualidad es muy alta y beneficia fundamentalmente a los sectores más ricos; también diseñar e implementar nuevos impuestos que, minimizando los efectos negativos sobre los incentivos a la eficiencia económica, estén dirigidos a los sectores de más altos ingresos y/o riqueza. Uno de ellos, aunque tampoco el único, es el impuesto patrimonial a los súper ricos.
Adicionalmente, se debe implementar un royalty significativo para todas las actividades extractivas de recursos naturales, separar al 100% la tributación de las utilidades de las empresas de mayor tamaño y de los ingresos personales (desintegración del sistema tributario) y fortalecer el impuesto a la renta y restableciendo la tasa marginal más alta en el nivel de 50%, vigente hasta 1993.
Adicionalmente, se deben eliminar las exenciones tributarias y parte de la renta presunta, además de reponer el impuesto a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones con presencia bursátil, eliminado también en 2001 bajo los gobiernos de la ex Concertación de Partidos por la Democracia, por solo mencionar otras tantas medidas.
Con todo lo anterior, alcanzaríamos recursos públicos suficientes por ejemplo, para subsanar las enormes carencias económicas y sociales, priorizando la inversión en salud de manera de acercarnos a los estándares de los países OCDE, con los que tanto nos gusta compararnos en aquellas cosas que son funcionales a la acumulación de capital.
Otra urgencia que debe ser atendida, sin dilaciones, es elevar todas las pensiones a un nivel mínimo equivalente al salario mínimo, elevando la tasa de cotización y transfiriendo los recursos hoy acumulados en las AFP a un fondo único nacional que, respetando los recursos individuales hasta hoy acumulados, de manera de permitir la creación de un sistema de seguridad social que proteja el ingreso de las familias, de tal forma que ninguna reciba un ingreso menor al salario mínimo, el que sin duda debe ser corregido al alza.
La urgencia de obtener mayores recursos para Chile también se sustenta en la necesidad de aumentar la inversión en la educación pública de manera de asegurar la entrega de una buena educación a todas y todos, acercándose a los niveles de Portugal o Uruguay; desarrollar un programa de vivienda social que subsane el déficit histórico, incorporando políticas innovadoras como el arriendo a precio justo en alianza con los gobiernos locales de todo el país; aumentar la inversión en la protección del medio ambiente y reducción de los efectos nocivos de la polución, además de invertir en la protección de los recursos naturales renovables, entre otras fundamentales iniciativas en el ámbito de la investigación, desarrollo y uso de nuevas tecnologías.
Todas estas propuestas son una base esencial para buscar caminos de unidad de cara al futuro y esperamos, al menos, lograr el compromiso de superar el neoliberalismo como forma de organización social, económica y cultural.
Esta unidad, sin embargo, tiene que hacerse sobre bases claras y dando cuenta de los desafíos que la sociedad chilena tiene por delante, ya que para salir de la crisis profunda en materia sanitaria, económica y de empleo en que se encuentra el país requeriremos en los próximos años esfuerzos sin precedentes en nuestra historia, y ello no se lograra con medidas tibias y mucho menos con cambios formales dentro de la continuidad.
En ese contexto, nos han llamado profundamente la atención algunos esbozos de propuestas económicas del mundo de la ex Concertación, y creemos que todas ellas son insuficientes, pues no interpretan necesariamente la real dimensión del problema económico y social que ha generado el neoliberalismo en Chile y que se ha visto agravado por la pandemia y el pésimo manejo que de ella ha hecho el Gobierno actual.
Nos proponemos, por tanto, asegurar y mantener mientras sean necesarios Ingresos Familiares de Emergencia del monto de la línea de la pobreza y un seguro de cesantía de entre 90 y 70% del salario perdido, un aumento de las pensiones básicas, del salario mínimo y de los apoyos monetarios a las familias, especialmente a todas aquellas personas que realizan trabajo doméstico no remunerado, para lo cual propondremos el reconocimiento y la remuneración del mismo por parte del Estado.
Para sostener estas medidas y no seguir mermando el ahorro personal acumulado, que por lo demás ya se ha agotado para las familias de menos ingresos, deberá mantenerse un déficit fiscal transitorio -efectivo y estructural- en 2022 y 2023, el que debe ser financiado con el uso de reservas fiscales y un endeudamiento que Chile está en condiciones de abordar a bajo costo. Pero como somos firmes partidarios de una responsabilidad fiscal al servicio del desarrollo, nuestro plan es el de crear un horizonte de consolidación presupuestaria que supondrá llevar el déficit estructural a una cifra cercana al equilibrio hacia 2026, al finalizar el próximo gobierno. Cualquier propuesta que asegura la Consolidación Fiscal en un periodo menor al mencionado, no ha logrado dimensionar de manera real la angustia y el dolor de las familias chilenas ni las condiciones en que el próximo gobierno recibirá el país.
En síntesis, se requiere de una reforma tributaria suficiente para asegurar los esfuerzos fiscales de los próximos años mirando además los mayores ingresos que el Estado requerirá para asegurar en el futuro los derechos sociales que consagrará la discusión constitucional.
Superar el neoliberalismo es terminar con la idea de que el chorreo de ingresos que provendría del crecimiento es el que traería progreso social, entregándole al Estado una mayor responsabilidad en el aseguramiento de un nivel de vida digno para todas y todos. Eso requiere de un incremento significativo de ingresos permanentes, acompañados de un esfuerzo primordial de racionalización para la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el gasto público.
El progreso social se obtiene con crecimiento sustentable, con redistribución efectiva de los ingresos, con respeto a las y los trabajadores, en un marco creciente de preservación y cuidado del medio ambiente. La experiencia de diversos países de la OCDE está ahí para demostrarlo
Autor: Daniel Jadue / Ramón López
