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La salida a la crisis sanitaria y económica debe ser solidaria y colectiva. Y para eso todos debemos anteponer el bien común a las aspiraciones individuales o de grupos de intereses particulares, como lamentablemente está ocurriendo en nuestro país neoliberal.
La arremetida en contra de los trabajadores no tiene parangón en el Chile moderno. No existen medidas de justicia social, como podríamos esperar en un país que apunta al desarrollo. Todo lo contrario, escondido y de contrabando, se están aprobando leyes que profundizan el sistema de abusos y perjudican a los trabajadores.
Hace unas semanas, aprovechando la crisis sanitaria, el Gobierno logró aprobar la ley del teletrabajo, que en primera instancia podría ser vista como un avance, pero que oculta y profundiza la precariedad laboral, al impedir que las personas se puedan sindicalizar e incluso disminuyendo las escasas atribuciones que actualmente tienen los sindicatos para intentar defender los derechos de los trabajadores. Amplios sectores neoliberales aplaudieron la medida, otros cobardes ni siquiera fueron capaces de plantear las observaciones que impidan la aprobación de esta nefasta ley, cuando en teoría los parlamentarios están en el Congreso para representar a los chilenos y no para esconderse tras la excusa de no entorpecer las medidas que adopta la autoridad, que está mostrando toda su incompetencia ante el silencio cómplice de una oposición desarmada y temerosa.
Los medios de comunicación hacen lo suyo, mostrando las supuestas ventajas de las medidas adoptadas por el Gobierno, sin contrapeso, ni mirada de los trabajadores o con el pluralismo que deberían tener, además sumándole terror y haciendo de la crisis un espectáculo vergonzoso, normalizando la mentira.
Para profundizar la precariedad laboral, la Dirección del Trabajo emitió el polémico dictamen que faculta a las empresas a despedir o suspender el vínculo y no pagar remuneraciones a los empleados. Quienes se acogieron a esta “ley de protección al empleo” son mayoritariamente grandes cadenas de grupos económicos poderosos. Mientras en otros países más pobres y con menor crecimiento económico las empresas mantienen sueldos y beneficios, en Chile sólo se piensa en despedir y precarizar.
Como para rematar las cosas, el régimen piñerista le carga todas las consecuencias de la crisis a los trabajadores, al obligarlos a hacer uso del seguro de cesantía para poder sobrevivir, largas filas en notarias y en el AFC muestran la cara menos amable de la pandemia. La cesantía que comenzó el 2018 con la asunción de Piñera, donde antes del estallido social iban al menos 1500 empresas quebradas con cientos de miles de cesantes, ahora suman otros cientos de miles más. ¡Arriba los corazones, se vienen tiempos mejores!
Como si todo esto fuera poco, el Gobierno pretende aprobar un proyecto de ley para suspender la negociación colectiva y las elecciones sindicales. La propuesta ya cuenta con los votos de la derecha, seguramente incluyendo a amplios sectores de la Democracia Cristiana y Ex Concertación.
Todas estas medidas desfavorables y abusivas se han realizado entre gallos y medianoche, sin diálogo social, sindical o político alguno, a hurtadillas, como aquel ladrón que entra en las casas aprovechando una ventana abierta.
Ante estos hechos, insistimos que el país debe propender a un compromiso colectivo. En ese sentido es muy mala señal que como primera medida se salga a salvar la banca y las grandes empresas, hay que pensar que miles de personas no tienen cómo comer, sin seguro de desempleo, ni ayuda alguna. Cuando se le entregan beneficios a las pequeñas empresas y a las personas, ese dinero dinamiza la economía, no va a parar a paraísos fiscales, por eso se debe invertir en los más vulnerables, más que en grupos de especuladores financieros.
A veces para lograr el bien colectivo es necesario dejar de lado, aunque sea por un rato, el totalitarismo ideológico que nos hace pensar que será el mercado el que nos salvará de la pandemia. No se trata del dilema economía y salud, sino de humanidad, ¡Humanidad Sebastián!
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