Por Rodolfo Elgueta
En los manuales de ciencia política y en los discursos oficiales, la democracia funciona como un mercado perfecto de ideas: los ciudadanos eligen representantes basados en programas, y estos, a su vez, gestionan el Estado buscando el bienestar general. Sin embargo, en la práctica cotidiana de nuestros territorios, esta definición choca de frente con una realidad mucho más transaccional. Hemos normalizado una «democracia de favores», donde el apoyo político no se gana con visión de futuro, sino que se transa mediante la captura y repartición no solo de los recursos del Estado, sino también, directamente desde los propios bolsillos de la autoridad.
No hay que ir muy lejos para ver las consecuencias de este modelo. En la Región de Aysén, la figura del senador Miguel Ángel Calisto; hoy enfrentando un proceso de desafuero por presunto fraude al Fisco; es el síntoma de una escuela de hacer política que ha echado raíces profundas. Es un estilo donde la gestión pública se confunde con el asistencialismo estratégico. Peor aún, esta escuela ha validado la aparición de una red de «intermediarios», operadores que exigen recursos a las autoridades de turno a cambio de lealtades, para luego presentarse ante la ciudadanía señalando que las obras o beneficios son producto exclusivo de sus gestiones personales. Se apropian del Estado, y de los favores políticos, para validarse a sí mismos.
Esto no es solo un problema ético o judicial; es, fundamentalmente, un problema de eficiencia pública. Como bien lo documenta el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (Stein et al., 2006), en los sistemas de partidos o liderazgos marcados por el clientelismo, las autoridades dedican sus energías a generar y redirigir los recursos para mantener vivas sus redes de apoyo, en lugar de adoptar políticas orientadas al interés general.
El resultado es devastador. Una política pública —ya sea en infraestructura, fomento productivo o salud— puede estar teóricamente bien diseñada, pero si su ejecución depende de a quién hay que pagarle el favor electoral o qué intermediario necesita validarse, la calidad del servicio se desploma.
Si bien ejemplos como el de Aysén resultan evidentes por la escala y el peso que tiene el Estado en zonas extremas, este es un espejo en el que debe mirarse todo el país. Mientras sigamos premiando a quienes administran mejor sus redes de favores por sobre quienes diseñan mejores políticas públicas, seguiremos estancados.
Superar el subdesarrollo no pasa únicamente por inyectar más recursos al Estado, sino por desterrar a los intermediarios que los secuestran. La verdadera democracia no se trata de quién reparte mejor las migajas, sino de construir instituciones que rindan cuentas, operen por mérito y trabajen, de una vez por todas, para la mayoría.
