De alguna manera las estructuras de poder, coligan formas de opresión basadas en el sexismo, la homofobia, racismo y la aporofobia, es decir, el rechazo, miedo o desprecio que sienten algunas clases sociales a las personas pobres y que es la manifestación extrema de clasismo y consecuencia directa del capitalismo.
El clasismo, tan imperante en la sociedad chilena y particularmente en la región de Aysén, que de tan presente la hemos naturalizado, nos hace caer en injusticias derivadas de un sistema capitalista donde la riqueza y sobre todo el poder material y simbólico recae sobre una elite y perpetúa el menoscabo a las clases bajas.
Y esto también ocurre en nuestra pequeña y provinciana comunidad aysenina, donde se nota todavía más en espacios donde todo parece horizontal, pero no es más que una apariencia que explota y se desmorona cada vez que hay que tomar decisiones, en torno a personas que por su origen son más fáciles de afectar. Ocurre regularmente en cualquier lugar donde haya personas de distinta procedencia. Los discursos contra inmigrantes, personas pobres o de “escasos recursos”, como eufemísticamente le gusta señalar a la institucionalidad, se encuentran por doquier, inflamados por discursos de odio de la clase seudo aristócrata chilena, que utilizan todos sus medios de comunicación para dirigir el pensamiento y la opinión de la sociedad.
Es así que el chileno promedio que quiere salir adelante por mérito propio se ve coartado por la pertenencia a la clase social a la que pertenece, de la cual lo más seguro, nunca saldrá, aunque el espejismo de la meritocracia les haga pensar que algún día saldrá de ella. Profesionales que alcanzan relativo éxito de carácter financiero o económico, comienzan a defender los intereses de la clase a la cual no pertenecen, como una manera de sentirse parte de ella. Sin embargo, finalmente, siguen siendo trabajadores que viven de un sueldo y que están mucho más cerca de caer en la pobreza, que convertirse en millonarios.
Por eso se requiere promover políticas que apunten a la justicia social y económica y redistribuir la riqueza, en un país como Chile que cuenta con los índices más altos de desigualdad del mundo.
A la par con esto, no podemos retroceder en los derechos conquistados hasta ahora y fortalecer la educación inclusiva y pública, como una manera de desprejuiciar a la clase social acomodada que debe y requiere ser educada con sentido de humanidad, algo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque nuestra clase alta ha demostrado estar dispuesta a destruir el país con tal de no perder sus privilegios.
La lucha de clases continúa siendo el motor de la historia y del cambio social, mientras no exista un reconocimiento del trabajo como corresponde, Chile seguirá siendo un país injusto y clasista, donde las capas medias y bajas vivirán sobre la falsa base de la movilidad social.
