Isabel Garrido. Socióloga.
La campaña presidencial ha vuelto a poner en la palestra la importancia de la educación pública para el desarrollo de las naciones, y en particular de regiones aisladas como la nuestra.
Para partir, es importante definir qué es la educación pública, pues, por básico que parezca, en el debate público nacional se ha desnaturalizado el concepto. Según las Naciones Unidas, la educación pública se entiende como aquella que es “controlada y gestionada directamente por una autoridad u organismo público; o bien, si es controlada por una agencia gubernamental […], la mayoría de cuyos miembros son nombrados por una autoridad pública o elegidos por sufragio público”[1].
Sin embargo, en los últimos 40 años de políticas educativas neoliberales la matrícula estatal se ha desplomado a apenas el 36% del total. Ahora bien, ¿por qué entonces defender la educación pública? No se trata de cultivar una obsesión por el Estado, sino que el sistema público es clave para promover el desarrollo colectivo de los pueblos.
En primer lugar, la educación pública desde sus orígenes tiene por vocación el bienestar y desarrollo de las comunidades en general. En su seno debe integrar a actores sociales diversos, por tanto, es por naturaleza pluralista y no excluyente. Estas virtudes pueden ser fiscalizadas por la ciudadanía, en la medida que las autoridades responsables son electas por voto popular y deben responder por sus actos y omisiones.
En segundo lugar, para implementar políticas públicas en el territorio el Estado debe contar con una red de instituciones de su propiedad que le permitan cumplir con este propósito; vasos sanguíneos que lleguen con nutrientes a todos los rincones. Por ejemplo, si colectiva y democráticamente definimos que es prioritario mejorar la lectoescritura, el Estado puede coordinar a sus instituciones en el territorio para lograrlo, utilizando múltiples instrumentos para ello: incentivos, reglamentos, licitaciones, financiamiento, capacitaciones, entre otros. Es muy difícil movilizar de la misma manera a los actores privados, pues no son parte de la infraestructura más o menos articulada con que cuenta el aparato estatal.
Finalmente, en una región como Aysén la educación pública cumple el rol irreemplazable de brindar el servicio educativo en zonas aisladas. Melinka, Puerto Aguirre, Puerto Gala, Villa O’Higgins, Melimoyu, y tantas otras, son zonas de condiciones tan adversas que sólo la escuela pública se aventura a emprender.
Cabe señalar que la educación privada ha existido desde los inicios de nuestra república, y no sugerimos terminar con ella. Por el contrario: contar con una pluralidad de proyectos educativos es positivo para el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, lo anterior no excusa al Estado de su obligación ineludible de ofrecer un servicio educativo gratuito y de calidad a disposición de toda la ciudadanía. Es por todo lo anterior que urge fortalecer la educación pública, y para eso todavía hay trecho por recorrer.
Una primera medida urgente es transformar el sistema de financiamiento, que actualmente consiste en pagar a las escuelas un monto por cada estudiante que asiste diariamente (el denominado “sistema de voucher”). Esto implica que deben financiar costos fijos con ingresos variables, lo que genera un agujero financiero permanente.
Hace falta también transformar la relación del Estado con las escuelas de su propiedad, desde una lógica castigadora y fiscalizadora (“demuéstrame que eres buena, o te cierro”), hacia otra de acompañamiento continuo y formación para la mejora.
Finalmente, hacer los ajustes necesarios para traspasar la educación municipal a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública, una sentida demanda que los actores educativos hemos enarbolado hace décadas. Este proceso corresponde el próximo año a la Región de Aysén, y puede ser un apoyo significativo a la educación pública si se hace con inteligencia e incorporando a todos los actores en el proceso.
[1] Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, Manual Metodológico (2014).
