¿Es posible que Chile vote por un candidato que de forma histórica ha votado en contra de los derechos de su propio pueblo mientras fue diputado?
Es una pregunta legítima cuando vemos un aspirante a La Moneda que reivindica la Dictadura y que está resuelto a gobernar vía decreto o administrativamente postergando al Congreso. Luego, como es obvio, José Antonio Kast saldría a aclarar una declaración que nace desde su fuero más interno. Cabe recordar su nexo con la Dictadura Civil y Militar de Pinochet, el desprecio que tiene por minorías, pobres o por quienes piensan distinto de él. Cabe recordar que en su famosa medida 33 del plan de gobierno presentado en 2021, prometía una razzia de las personas que él identifique de izquierda, es decir, quienes no adscriban a su ideario, lo que divide la sociedad entre amigos y enemigos, impidiendo el espacio para la legítima diferencia.
Eso sin contar su irresponsabilidad laboral que a cualquiera de nosotros le costaría el trabajo. Tanto es así que siendo diputado su asistencia al Congreso fue menor al 50% y que en 2015 se tomó un mes para viajar por Europa a costa del Estado de Chile. Tras ser pillado, de los nueve millones de pesos de su dieta mensual, solo devolvió un poco más de 500 mil. Eso sin contar su participación en negocios en Panamá lo que permite en la práctica evadir impuestos en Chile, cosa que probablemente corrigió luego de ser descubierto. Un verdadero patriota.
Kast ha votado en contra de las 40 horas laborales, medida que busca que trabajadores y trabajadoras tengan más tiempo para sus familias, su sector relativiza la relevancia de la pensión universal garantizada y votó también en contra. Asimismo, votó contra una reforma de pensiones, medida que les otorga un poquito de dignidad a los jubilados del país.
De hecho y maximizando el argumento, la derecha chilena no cuenta con ningún dirigente de sindicatos o trabajadores que haya dado la lucha por conseguir los derechos que disfrutan los mismos que hoy pretenden elegir a esa derecha reaccionaria y anti trabajadores.
El programa que presenta este 2025 no es tan distinto al 2021, promete una persecución a todo evento a los inmigrantes que puedan encontrarse ilegalmente en el país, incluso desaparecer ONGs que velen por los derechos de las personas de otros países que ingresen a Chile. Igualmente promete eliminar cualquier tipo de atención médica para ellos o acceso a prestaciones del Estado.
En materia de salud espera derivar todo al sector privado, mediante convenios. Paralelo a eso quiere cambiar el régimen laboral de los funcionarios, terminar con lo que denomina “privilegios gremiales” que obstaculizan su eventual programa.
En medidas laborales llama la atención una frase de su programa donde señala que “los chilenos estamos trabajando menos de lo que queremos y podemos”. Eso va de la mano con su resistencia a que los trabajadores tengan más tiempo para su familia vía la reducción de la jornada laboral. Por eso promete más flexibilidad, luego agrega que el “estado no crea empleos, ni riqueza. El estado destruye”. También apunta a mayor flexibilidad y reducir indemnizaciones, así se desprende de “reducir significativamente los costos y riesgos asociados a la contratación”. Es decir, menos derechos laborales, más flexibilidad, menos regulaciones, menos indemnizaciones, más precariedad laboral.
Deja entrever en su programa que eliminará leyes como la Ley Karin, las 40 horas, salario mínimo, “porque no hay evidencia suficiente que estas medidas mejoren la vida de las personas”.
También se muestra en desacuerdo con un sistema solidario de pensiones y advierte derogar cualquier ayuda estatal a los trabajadores, para asegurar que las cotizaciones vayan directo a la cuenta individual, o sea, desmantelar la reforma de pensiones, reduciendo el aporte del estado a 1.400.000 jubilados del país.
En educación buscará permitir que los liceos y escuelas segreguen por notas o por posición social, bajo la excusa que los padres vuelven a elegir, la máxima parece ser libertad total para el sector privado. También apunta a levantar nuevos establecimientos educacionales privados, pero financiados por el Estado vía subvención escolar, negocio redondo.
Kast también apunta la tasa de impuestos de las empresas grandes y medianas de 23 a 20 por ciento, pero para las pymes se mantendrá el impuesto de 12,5%, entre otras medidas que apuntan a beneficiar a la Kast (a), en desmedro de ese 99% del país que pertenece a la clase obrera y que incluye a profesionales, pequeñas y medianas empresas.
