El viernes pasado se dio inicio a la franja electoral de cara al plebiscito del 25 de octubre, que definirá en dos papeletas el Chile de las próximas décadas. El primer voto consta de dos alternativas, apruebo o rechazo una Nueva Constitución y el segundo sufragio, contiene las opciones Comisión Mixta Constitucional, es decir, 172 miembros distribuidos en dos mitades elegidos por la ciudadanía y otra parte del Congreso y Convención Constitucional, 155 integrantes electos en su totalidad por los chilenos con derecho a sufragio.
La campaña del rechazo, donde convergen los partidos oficialistas, Evópoli, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y otros conglomerados menores, apuestan a la campaña del terror, sumando a sectores evangélicos, ex uniformados de Carabineros y el Ejército, y parte importante del Gobierno, que lejos de apoyar la participación en el referéndum más significativo desde el año 1988, ha puesto todo tipo de obstáculos, apostando por la baja participación y de esa manera deslegitimar el proceso, o al menos, relativizar sus resultados.
Una Carta Magna elaborada por un minúsculo grupo de expertos, conocida como la Comisión Ortúzar se demoró 5 años en redactar un anteproyecto de constitución que fue presentado a la Junta Militar en 1978, y que luego realizó una gran cantidad de modificaciones, “amarrando” cualquier alteración sustancial a elevados quórum. No obstante se han realizado más de 250 modificaciones tras su aprobación en 1980, pero que no han tocado la esencia de la constitución y su ilegitimidad democrática.
Si bien es cierto una nueva Carta Magna no asegura un estado de derechos per se, es un paso hacia una sociedad más democrática y justa, donde se puedan incluir aquellos derechos emergentes, como la cultura o la conectividad digital, hacerse cargo de la lucha feminista, la inclusión de los pueblos originarios y la multiculturalidad y la recuperación de nuestros recursos naturales, cuyo fruto sirva para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. No será una lucha fácil, porque de forma histórica los sectores privilegiados han hecho uso de todos los elementos a su alcance para mantener sus prerrogativas y ventajas.
Hay que entender que una nueva Constitución no es la panacea a los problemas que aquejan al país, es en definitiva, eso sí, el comienzo de un nuevo Chile, en el que el resultado es importante, pero también sentirse parte de un proceso que nos acoge a todos y todas.
De este modo no hay que confiarse respecto a la supuesta ventaja que tendrían las opciones del apruebo y la convención constitucional, por eso hay que ir a votar, tomando todos los resguardos que correspondan para garantizar un plebiscito limpio y transparente y que asegure además, las condiciones sanitarias.
Por eso no se olvide llevar lápiz pasta azul ese día y participe con la confianza de un proceso en el que no estaríamos si no fuera por los millones que salieron a protestar durante décadas, desde estudiantes, dueñas de casa, obreros, trabajadores de distintos sectores productivos, que por años han corrido la frontera de lo posible, que desencadenó la revuelta popular del 18 de octubre de 2019.
Tras el plebiscito, habrá que asegurar la participación de la mayor cantidad de actores de la sociedad civil en la conformación de listas de los constituyentes, es decir, aquellos habitantes de Chile que tendrán la misión de redactar la nueva Carta Fundamental y allí no hay que perderse, y tener la claridad correspondiente para elegir a aquellos que recojan al Chile diverso, quienes a su vez, presenten un programa y que estén dispuestos a cumplirlo, más allá de toda duda. De lo contrario, el pueblo debe tener la posibilidad de revocar el mandato a aquellos constituyentes que no cumplan con lo comprometido.
