Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile tras el 18 de octubre de 2019 y que se han mantenido durante todos estos meses cuentan con muy pocos culpables y las investigaciones avanzan a ritmo de carreta. Y si acaso algún carabinero de rango menor, el último en la línea de mando, está cumpliendo prisión preventiva, para las casi 40 muertes directas desde la revuelta popular.
Esta sensación de impunidad por parte de las instituciones armadas y particularmente Carabineros, alienta los malos tratos de sus efectivos a chilenos, chilenas y con mayor fuerza a los mapuche, en conocimiento de que hagan lo que hagan, no tendrán consecuencias, como muy bien precisó el General Mario Rozas a sus subalternos en plena crisis social y política.
Al menos tres personas ciegas, cientos de mutilados y miles de heridos es el triste resultado del último año. Los organismos internacionales emitieron al menos 5 sendos informes acerca de la responsabilidad del gobierno en la violencia ejercida contra el pueblo, convenientemente silenciadas por los medios de comunicación, lo cual de ningún modo excluye su responsabilidad penal.
El gobierno criminal de Piñera y una policía que se manda sola, más la nula consideración a reportes e informes de organismos internacionales de Derechos Humanos, son la mezcla perfecta para una represión sin límites, que se mantiene en el sur del país y que se acrecentó en los últimos meses de pandemia.
Un joven mapuche con 180 perdigones, otros niños baleados en Collipulli y Temuco, donde sin respeto por menores de edad, mujeres y personas mayores, carros lanza gases y lanza agua irrumpen en una manifestación mapuche frente a la Intendencia de la región de la Araucanía. “Los niños primero”, dice el eslogan del Gobierno y vaya que lo cumplen, porque son los primeros en ser víctimas del ánimo represivo de las policías.
Esta política violenta e implacable, mantenida en los sucesivos gobiernos desde 1990 en adelante, pero que se agudizó en la segunda administración Piñera, nos hace pensar que el único camino posible es la refundación de Carabineros, cuestión que se debería generar a partir de una nueva Constitución, porque una institución armada, garante de la seguridad social, no puede ser juez y parte y no estar sujeta a la institucionalidad civil, como ocurre actualmente desde lo práctico.
Chile tiene la obligación de garantizar los derechos de los niños y niñas, sobre todo porque hace 30 años ratificamos la Convención de los derechos del niño y porque además el convenio 169 de la OIT, es claro y preciso en manifestar que el Estado tiene la obligación de proteger a mujeres y niños indígenas, “contra toda forma de violencia y discriminación”.
Ejercer violencia sobre niños y niñas no tiene otro destino que preservar la violencia y a su vez, promover el conflicto entre el estado y los pueblos indígenas, sembrando la semilla de la indignación en los más jóvenes. O acaso alguien puede pensar que si se reprime a madres y padres delante de sus hijos, estos no incubarán el germen del resentimiento, por una causa que además juzgan de toda justicia.
Tanto la refundación de la policía militarizada en función, como la futura existencia de un Estado plurinacional no se modifican con simples reformas a la Constitución, como levanta la campaña del rechazo, es materia para una Nueva Carta Magna, por eso la importancia de participar en la elección más importante de los últimos 30 años este 25 de octubre.
