La victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana”, frase que se le atribuye a Napoleón, podría resumir lo que ocurrió tras la aprobación del retiro del 10% de los fondos de las AFPs. Hasta el más recalcitrante pinochetista, colaborador del régimen dictatorial, autor de “Una Revolución Silenciosa”, libro que apoyaba las medidas económicas impulsada por Pinochet, Joaquín Lavín Infante, fue capaz de decir que había contribuido a la medida, cuando sólo unos días antes dijo que prefería un crédito antes que sacar los fondos de pensiones.
El retiro del 10% es un avance, y quienes primero tienen que reconocerlo como una victoria propia son los millones que desde hace años están en la calle, pobladores, ciudadanos comunes y corrientes, organizaciones de la sociedad civil, que han exigido un cambio estructural al sistema de pensiones. Es más simbólico, que un impacto real sobre las futuras pensiones.
La importancia de este paso que contó con abrumador apoyo en el Congreso, es que se abre una posibilidad para derogar el Decreto Ley 3500 de 1981, que creó las AFPs y de esta manera nacionalizar los fondos que se mantienen secuestrados por estas enormes empresas que mueven nada menos que el 80% del Producto Interno Bruto.
La existencia por tantos años de las AFPs sólo se explica por la red de corrupción que fueron capaces de tejer, donde ex ministros, ex subsecretarios y otros altos cargos de las administraciones de gobierno, desde Patricio Aylwin a Piñera 2, usan la puerta giratoria, para tras dejar sus cargos de gobierno, inmediatamente aparecer como directores de las AFPs, con suculentos salarios y, por supuesto, con la información sensible en las manos.
Desde ex ministros de la Dictadura, hasta varios autodenominados socialistas, están siempre al “cateo de la laucha” para tener cargos importantes, con remuneraciones que son definitivamente pagos de favores e información. De 100 a 500 millones al año valen la pena. Ni siquiera alcanza para justificar con objetivos cumplidos, porque está bien claro que el principal objetivo no se cumple, es decir, buenas pensiones para los trabajadores.
Hasta el actual Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue director de AFP Capital y se espera que estos días nombren hasta el propio ex General Humberto Oviedo, corrupto de tomo y lomo, investigado por malversación de caudales públicos, que reconoció además la utilización de plata fiscal para sus lujosos viajes al extranjero junto a su esposa. También podría ser elegido director de alguna AFP. Ese es el estándar.
Una idea que toma fuerza entre los economistas serios, no proclives al modelo, es constituir un sistema tripartito, donde trabajador, empleador y Estado puedan contribuir a las pensiones, a través de un sistema de reparto moderno, donde al menos haya una pensión universal, en torno al sueldo mínimo, financiado con impuestos generales. Luego otro pilar de seguridad social, recaudado con las cotizaciones de los trabajadores activos, dejando un excedente para hacer frente a las condiciones futuras. Estos fondos se invertirían colectivamente como muchos países en el mundo, además de contar con sistemas complementarios, donde incluso podría haber administradoras de fondos de pensiones, de carácter voluntario. Por cierto, estas medidas no aparecen de la nada, son sugerencias de la propia Organización Internacional de Trabajadores (OIT).
Por otra parte y casi bajo cuerda, la semana pasada pasó a su segundo trámite legislativo el proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero, lo cual permitirá a las AFP ‘invertir en títulos de deuda no inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero”. Al respecto de la iniciativa legal, el abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, dijo que “en la práctica, lo que hace es que las AFP puedan invertir en el rescate de grandes grupos económicos del país”, dijo Daza a radio Usach.
Igualmente esta semana se está discutiendo el impuesto a los súper ricos, aplicación de un impuesto transitorio equivalente al 2,5%, para quienes detenten un patrimonio superior a los 22 millones de dólares, unos 18 mil millones de pesos y que permitiría recaudar unos 6 mil millones de dólares.
Sería bueno que, así como estuvimos atentos al debate legislativo por el retiro del 10%, también participemos activamente de estas normas anexas, ciudadanos activos e informados permiten contar con mejores leyes, que se traducen en sociedades más justas.
