El consejero regional de Aysén, Benjamín Infante, participó este jueves 11 de junio en un contacto radial con Radio Nuevo Mundo de Atacama, instancia en la que profundizó sus críticas a la denominada “megarreforma” impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que detrás del discurso de la reconstrucción se estaría promoviendo una reforma tributaria, fiscal e institucional que beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos.
Durante la entrevista, Infante sostuvo que el proyecto ha sido presentado públicamente bajo el nombre de “Plan de Reconstrucción Nacional”, en el contexto de los incendios que han afectado al país. Sin embargo, advirtió que al revisar el contenido de la iniciativa aparece una contradicción evidente, ya que de los 33 artículos del proyecto, solo 2 se refieren directamente a la reconstrucción física vinculada a los incendios, mientras el resto aborda materias económicas, fiscales e institucionales.
“Le llaman reconstrucción, pero cuando uno mira el contenido real del proyecto, la reconstrucción aparece como una parte mínima. El grueso de la iniciativa apunta a reducir impuestos a grandes empresas, entregar beneficios tributarios a empleadores y limitar la capacidad futura del Estado para recaudar e invertir”, señaló el consejero del PC.
Uno de los puntos más cuestionados por Infante fue la inconsistencia fiscal del Gobierno. A su juicio, no resulta responsable que el Ejecutivo proponga reducir la recaudación fiscal en cerca de 4.200 millones de dólares al mismo tiempo que solicita autorización para endeudarse por 6.200 millones de dólares.
“¿Por qué están reduciendo la recaudación en 4.200 millones de dólares al mismo tiempo que piden un crédito de 6.200? Eso simplemente no se entiende, ni es responsable fiscalmente. Es como si una familia dijera que no tiene plata, pidiera un préstamo grande, pero al mismo tiempo decidiera voluntariamente reducir sus ingresos. Esa cuenta no cierra”, afirmó Infante Rodríguez-Peña.
Infante también planteó que la izquierda debe apropiarse con más fuerza de la discusión económica, dejando atrás la idea de que estos debates pertenecen exclusivamente a tecnócratas o sectores conservadores. A su juicio, discutir economía no es hablar solo de cifras, sino de empleo, inversión, derechos sociales, desarrollo regional y condiciones de vida.
“La izquierda tiene que entrar de lleno a la discusión económica. No podemos regalarle ese terreno a la derecha, menos cuando este gobierno de ultraderecha ha demostrado que sus decisiones generan más incertidumbre, más inestabilidad política y peores condiciones para el desarrollo. La economía también se trata de quién paga la cuenta y de para quién se gobierna”, sostuvo.
En esa línea, el consejero regional cuestionó que el Gobierno de Kast, a solo tres meses de asumir, haya instalado un clima de incertidumbre económica y política. Infante apuntó al aumento de la inflación, al deterioro de la actividad económica y a la salida de capitales como señales de que las decisiones del Ejecutivo no están entregando certezas al país.
De acuerdo con el INE, el IPC de mayo registró una variación mensual de 0,2%, acumulando 2,8% en el año y 3,9% a doce meses; en abril, la inflación anual había llegado a 4,0%. Estas cifras contrastan con el escenario informado por el Banco Central en su IPoM, donde se señalaba que la inflación había convergido a la meta a inicios de 2026, llegando a 2,4% en febrero.
Asimismo, el Banco Central informó que el Imacec de abril de 2026 cayó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior, resultado explicado principalmente por la caída de la minería. Medios económicos destacaron que se trató de la mayor caída desde marzo de 2023, profundizando las alertas sobre el desempeño de la actividad.
“Nos dijeron que venían a ordenar la economía, pero en tres meses han generado incertidumbre política, han presionado la inflación al alza y han cosechado una de las peores cifras recientes de actividad económica. Entonces hay que cuestionar ese mito de que la derecha administra mejor. La izquierda puede y debe ofrecer mejores condiciones para el desarrollo económico, pero con equidad, con estabilidad social y con inversión pública orientada al bienestar”, afirmó Infante.
Desde una mirada regional, el consejero advirtió que una reducción de la recaudación puede tener consecuencias directas para territorios como Aysén, donde la inversión pública cumple un rol clave para enfrentar brechas históricas en conectividad, energía, vivienda, infraestructura y servicios básicos.
“En regiones extremas como Aysén, achicar el Estado no es una abstracción. Significa menos capacidad para financiar caminos, postas, viviendas, transporte, proyectos municipales, electrificación, agua potable rural y apoyo a las familias. Por eso esta discusión no es solo tributaria: es una discusión sobre desarrollo regional y justicia territorial”, sostuvo.
Infante también cuestionó que algunas medidas sean presentadas como apoyo al empleo o a las personas mayores, cuando en la práctica beneficiarían de manera más directa a grandes empleadores, grandes empresas y propietarios de alto patrimonio.
“Cuando se dice que se ayuda al empleo, hay que mirar quién recibe el beneficio. Si el crédito tributario lo recibe el empleador y no exige subir sueldos ni contratar más trabajadores, entonces no estamos hablando de una mejora directa para la clase trabajadora. Y cuando se habla de eliminar contribuciones, hay que decir que no beneficia a todos los adultos mayores, sino principalmente a un grupo propietario de viviendas de mayor valor”, explicó.
El consejero llamó a la ciudadanía a informarse y mirar el contenido concreto del proyecto más allá de su nombre. “Todos queremos reconstrucción. Nadie puede oponerse a que el Estado apoye a las familias afectadas por incendios. Pero usar la reconstrucción como excusa para aprobar una reforma que reduce recursos públicos y beneficia principalmente a quienes más tienen es otra cosa. Por eso hay que decirlo claro: que no nos pasen gato por liebre”, concluyó Infante.
