Por Daniel Jadue
El informe sobre desigualdad de ingresos en Chile confirma, con datos más refinados, lo que durante décadas las tradiciones críticas —y particularmente el marxismo— han sostenido como diagnóstico estructural: la desigualdad no es una anomalía del capitalismo chileno, sino su condición de funcionamiento. Al integrar registros tributarios, cuentas nacionales y la encuesta CASEN, el estudio corrige el tradicional subregistro de los ingresos más altos y revela una concentración mucho mayor que la reconocida por las estadísticas oficiales. En otras palabras, el problema no era solo de percepción: la desigualdad estaba sistemáticamente subestimada.
Este hallazgo no es menor. La narrativa dominante en Chile durante las últimas décadas sostuvo que el país había logrado combinar crecimiento económico con una progresiva reducción de la desigualdad. Sin embargo, al observar los datos con mayor precisión, el informe demuestra que la estructura distributiva del ingreso se ha mantenido extraordinariamente concentrada, incluso en periodos de expansión económica. El 10 % más rico concentra aproximadamente la mitad del ingreso nacional, mientras que el 50 % de menores ingresos accede apenas a una fracción mínima de esa riqueza. Esta asimetría no puede explicarse como una simple “imperfección de mercado”. Desde una perspectiva marxista, se trata de una expresión directa de la relación capital–trabajo, en la que la apropiación privada del excedente determina la estructura distributiva de la sociedad.
Marx describió este proceso con precisión en El Capital: “La acumulación de riqueza en un polo es, al mismo tiempo, acumulación de miseria, tormento de trabajo, esclavitud, ignorancia y degradación moral en el polo opuesto.” Esta formulación no es una metáfora moral, sino una descripción de la lógica estructural de la acumulación capitalista. El informe chileno parece confirmar empíricamente esta intuición: el crecimiento económico no ha reducido las brechas, sino que ha coexistido con una concentración creciente de la riqueza en la cúspide social.
Uno de los aportes más reveladores del informe es la evidencia sobre la concentración en la parte superior de la distribución. La participación del 1 % más rico y del 0,1 % más rico en el ingreso nacional es significativamente mayor de lo que mostraban las estimaciones tradicionales. Este fenómeno no es exclusivo de Chile; Thomas Piketty y el World Inequality Lab han documentado tendencias similares a escala global. Pero en Chile adquiere una intensidad particular debido a la combinación de privatización de recursos estratégicos, debilidad de la negociación colectiva y un sistema tributario que descansa fuertemente en impuestos al consumo.
El informe también muestra que la desigualdad no se limita al ingreso corriente. La desigualdad patrimonial es aún más extrema. La mayor parte de la riqueza se concentra en una fracción mínima de la población, mientras que amplios sectores de la sociedad presentan patrimonio negativo debido al endeudamiento. Este dato es fundamental porque revela la dimensión estructural del problema: la desigualdad no se reproduce únicamente a través del salario, sino a través de la propiedad del capital. Marx lo formuló de manera contundente: “La propiedad privada del capital se basa en la expropiación del productor directo.” En el caso chileno, esta expropiación se expresa tanto en la apropiación de recursos naturales como en la subordinación financiera de amplios sectores de la población.
Desde un punto de vista marxista, la desigualdad que describe el informe no es el resultado de decisiones individuales ni de diferencias en el esfuerzo personal, sino de una estructura histórica de acumulación. La economía chilena se configuró a partir de una profunda reestructuración neoliberal iniciada durante la dictadura militar, que consolidó un modelo basado en la privatización de los recursos naturales, la apertura comercial y la subordinación del trabajo al capital. Este proceso no solo reconfiguró la economía; también reorganizó las relaciones de poder en la sociedad.
El informe destaca además la dimensión territorial y de género de la desigualdad. Las mujeres perciben ingresos significativamente menores que los hombres, mientras que la Región Metropolitana concentra una proporción desproporcionada del ingreso nacional. Estas brechas no son simplemente estadísticas: reflejan jerarquías estructurales dentro del sistema económico. En términos marxistas, podrían interpretarse como formas específicas de segmentación del mercado laboral que permiten sostener niveles más altos de explotación.
Otro aspecto relevante del informe es la limitada capacidad del sistema fiscal para corregir estas desigualdades. Las políticas públicas reducen la desigualdad solo marginalmente. Esto se explica en gran parte por la estructura tributaria, caracterizada por un fuerte peso del IVA —un impuesto regresivo— y una baja tributación sobre el capital y las grandes fortunas. Desde la perspectiva de la economía política, esto significa que el Estado chileno actúa más como garante del orden distributivo existente que como agente transformador.
Aquí se vuelve pertinente recordar una observación clásica de Engels: el Estado moderno es, en última instancia, “el comité que administra los asuntos comunes de la burguesía”. Sin necesidad de adoptar esta formulación de manera literal, el informe muestra que las instituciones fiscales chilenas operan dentro de límites estructurales que favorecen la reproducción del capital. La redistribución es limitada no solo por decisiones técnicas, sino por la correlación de fuerzas sociales que define el diseño institucional.
El informe también relaciona la desigualdad con diversas dimensiones del bienestar: salud, confianza social, seguridad económica y satisfacción con la vida. Este punto es fundamental porque revela que la desigualdad no es solo un problema moral o distributivo, sino un factor que afecta la cohesión social y la estabilidad política. En sociedades profundamente desiguales, la confianza interpersonal y la legitimidad institucional tienden a erosionarse. Este fenómeno fue analizado por Marx en términos de alienación social: cuando la vida material se organiza bajo relaciones de explotación, la experiencia cotidiana se fragmenta y se vuelve precaria.
En el caso chileno, esta fractura social se hizo visible de manera dramática durante el estallido social de 2019. La protesta masiva fue una expresión de esa tensión acumulada durante décadas. El informe sobre desigualdad puede leerse, en este sentido, como una radiografía de las condiciones materiales que hicieron posible esa explosión social.
Sin embargo, el informe también plantea propuestas de política pública orientadas a reducir la desigualdad: fortalecimiento del mercado laboral, reformas tributarias progresivas y ampliación del sistema de protección social. Estas medidas son importantes y necesarias, pero desde una perspectiva marxista surge una pregunta inevitable: ¿pueden las reformas dentro del marco del capitalismo resolver una desigualdad que es estructural al sistema?
La historia económica sugiere que las reformas pueden moderar temporalmente las brechas, pero rara vez alteran la estructura fundamental de la acumulación. Rosa Luxemburgo lo formuló con claridad en su célebre debate con Bernstein: “Quien se pronuncia en favor de la reforma legislativa en lugar de la conquista del poder político y la revolución, en realidad no elige un camino más tranquilo hacia el mismo fin, sino un fin distinto.” La cuestión, entonces, no es oponer reformas y transformación social, sino reconocer sus límites.
El informe chileno ofrece evidencia valiosa para el debate contemporáneo. Al mostrar la magnitud real de la desigualdad, revela que el problema no es meramente distributivo, sino estructural y político. La concentración de riqueza y poder no puede entenderse sin considerar la forma en que se organizan la producción, la propiedad y las instituciones.
En última instancia, el documento confirma algo que la crítica marxista ha sostenido durante más de un siglo: la desigualdad no es un accidente del capitalismo, sino una de sus condiciones de funcionamiento. Mientras la acumulación privada del capital siga siendo el eje de la economía, las brechas sociales tenderán a reproducirse. El desafío, por tanto, no es únicamente mejorar los mecanismos de redistribución, sino replantear las bases mismas del sistema económico.
En ese sentido, el informe sobre desigualdad en Chile puede leerse como algo más que un diagnóstico técnico. Es, quizás sin proponérselo, una invitación a reconsiderar la vieja pregunta que atraviesa la historia de las luchas sociales: si la riqueza social es producida colectivamente, ¿por qué continúa siendo apropiada por unos pocos?
La respuesta a esa pregunta sigue siendo, hoy como ayer, el núcleo del debate político sobre el futuro de nuestras sociedades.
