Dos de los proyectos que la administración del presidente electo José Kast ha señalado como prioritarios desde marzo llaman la atención no por su audacia, sino por la claridad con que benefician a los sectores más acomodados del país, a esos 200 mil ciudadanos pertenecientes al 1% y que viven en las comunas ricas.
El primero es la rebaja del impuesto a las grandes empresas desde un 27% a un 23%, medida que —según economistas cercanos al mandatario— impulsaría la inversión al reducir los costos tributarios y que sería presentada al Congreso en los próximos meses, se habla de los primeros 90 días del nuevo Gobierno.
Lo que convenientemente se omite es el costo fiscal de esta decisión. La rebaja implicaría que el Estado deje de percibir alrededor de 4 mil millones de dólares en régimen. Para compensar semejante pérdida, Chile debería crecer a un ritmo cercano al 6% anual, una cifra que no solo resulta poco creíble, sino derechamente fantasiosa. El propio Banco Central ha señalado que hacia 2026 el crecimiento estaría más bien en torno al 2,5%.
Estos antecedentes, expuestos con claridad y detalle por Francisco Vidal, ex ministro de Estado, entre otros muchos cargos públicos y profesor de historia y que hizo en un programa de YouTube, deberían llevar a la oposición a una reflexión urgente, ¿desde marzo estarán dispuestos a respaldar iniciativas que, en los hechos, solo favorecen al 1% más rico del país?
La segunda medida anunciada por Kast va en la misma dirección. Se trata de la suspensión del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años que, nuevamente, pertenezcan a ese 1% de mayores ingresos. En Chile existen aproximadamente 1,5 millones de personas mayores de 65 años. De ellas, 1,1 millones ya no pagan contribuciones, y a ese grupo se suman cerca de 200 mil que perciben ingresos o pensiones inferiores al millón de pesos, quienes tampoco pagan, En la práctica, el beneficio alcanzaría solo a unas 200 mil personas, aquellas que reciben ingresos mensuales superiores a los 2 millones de pesos.
Es decir, no estamos frente a una política social de amplio alcance, sino a un alivio tributario cuidadosamente diseñado para un grupo reducido y acomodado. Ambas medidas, sin rodeos, están destinadas íntegramente a los sectores más pudientes del país.
Se podrá argumentar que más de siete millones de chilenos y chilenas votaron por este programa de Gobierno y que, por lo tanto, cuenta con la legitimidad del voto popular. Sin embargo, otra pregunta queda abierta, ¿cuántos de ese respaldo se mantendrá cuando las personas conozcan en detalle qué se votó realmente y a quiénes terminan beneficiando estas decisiones?
Porque una cosa es prometer crecimiento para todos y otra muy distinta es legislar, desde marzo, pensando casi exclusivamente en los de siempre.
