Cuando se logra el retorno a la democracia tutelada en 1990, tras las masivas protestas en las calles que habían comenzado ocho años antes en Chile, se instaló un acuerdo con los violadores a los derechos humanos (los civiles) que permitió superar la violenta Dictadura de Pinochet, pero que tuvo un alto costo para las clases menos privilegiadas.
Aylwin el primer presidente post Dictadura, pidió perdón a los chilenos y chilenas por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, todo en un país que avanzaba en esta materia “en la medida de lo posible”, cuando Pinochet era todavía comandante en jefe del Ejército y muy pronto incluso sería senador designado. En ese ambiente las cosas, para muchos, no podían ser de otra manera.
En los sucesivos gobiernos se levantaron consignas relacionadas al compromiso con los derechos humanos y la reconciliación nacional y se hizo sentados en la misma mesa con los mismos que justifican hasta hoy las violaciones más atroces cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. El resultado es un país que aún se jacta de su transición, pero que arrastra las sombras de una verdad a medias y una justicia a cuentagotas.
Porque seamos honestos, el Estado chileno no ha estado a la altura. No lo estuvo cuando las instituciones se arrodillaron ante el poder militar en 1973, y tampoco lo ha estado en los últimos treinta y dos años, cuando la promoción de los derechos humanos se transformó en una foto en el Museo de la Memoria, en un discurso con lágrimas controladas, o en un acto de conmemoración con más protocolo que convicción y así de a poco fuimos dejando sin esta verdad histórica a las generaciones jóvenes, las mismas que hoy apelan a gobiernos autoritarios y que desconocen lo que significa una Dictadura y que incluso están dispuestos a votar por esos mismos que fueron parte del gobierno criminal de Pinochet.
La educación pública, esa que debería enseñar a las nuevas generaciones lo que ocurrió entre 1973 y 1990, sigue tratando la dictadura como si fuera un mal sueño del que nadie fue culpable. Los textos escolares disuelven la palabra “Dictadura” en un tímido “régimen militar”, como si el eufemismo fuera una forma de respeto y así los textos de educación se han convertido en espacios que no promueven los reales nunca más. Porque al fascismo hay que enfrentarlo con decisión y como dijo alguien respetable, “el fascismo ya estuvo aquí”.
Desde la derecha hablan de “no abrir heridas”, como si las heridas no estuvieran abiertas desde hace cinco décadas, y como si cerrar los ojos ayudara a cicatrizarlas. ¡Cuánta responsabilidad tenemos quienes no hemos estado a la altura para disputar el relato en los espacios que cooptó la derecha fascista!
El Estado chileno tiene la obligación y no la opción, de promover la verdad, la memoria y la justicia. Pero en vez de eso, administra la culpa colectiva con conmemoraciones tibias y documentos archivados. Los sitios de memoria siguen luchando por financiamiento, los sobrevivientes por reconocimiento, y los desaparecidos por aparecer. En el país de los consensos, la verdad sigue siendo incómoda y quienes están dispuestos a decirla, perseguidos incluso por su propio sector.
Quizás el problema es que la promoción de los derechos humanos no da votos, ni rating. Porque hablar de tortura, exilios, de violaciones, de desaparecidos, de ejecuciones políticas, sigue siendo algo que nos divide. En un país donde se normalizó la impunidad, la memoria se volvió un acto de resistencia.
El Estado debería ser garante, pero ha sido cómplice por omisión. Y los gobiernos, en lugar de reparar, han preferido pasar página, confiando en que el tiempo hará el trabajo que ellos no hicieron. Pero el tiempo no sana lo que el silencio corroe y asistimos a nuevas generaciones dispuestas a perder sus libertades en función de la seguridad, mientras el discurso fascista, de odio al diferente se toma las páginas de diarios y los discursos y narrativas televisivas.
Chile necesita coraje, valentía para nombrar a los culpables, para enseñar la verdad sin matices, ni tibiezas, para dejar de llamar “errores” a los crímenes y “excesos” a las atrocidades. Coraje, sobre todo, para mirar a los ojos a las víctimas y decirles que el Estado no volverá a fallarles y a la vez, educar para que las nuevas generaciones no permitan que gobiernos de corte dictatorial como los que podrían encabezar Kast, Matthei o Kaiser puedan llegar al poder.
