Por Miguel Ángel Rojas Pizarro. Psicólogo Educacional – Profesor de Historia – Psicopedagogo
@Soy_Profe_feliz
El reciente informe de la Contraloría General de la República ha causado conmoción: más de 25.000 funcionarios públicos habrían salido del país mientras estaban con licencia médica. Y sí, es indignante. Defraudar al Estado, al sistema de salud, a tus compañeros de labores y a la ciudadanía es inaceptable. Pero más allá del escándalo, hay que decirlo con claridad: No todos los funcionarios públicos son parte de este abuso. Es más, la gran mayoría no lo es.
¿Quiénes pueden costear un viaje al extranjero en medio de una licencia médica? ¿Quiénes pueden pagar licencias irregulares o moverse sin temor a fiscalización? No son los funcionarios de base. No son las educadoras, los asistentes administrativos, los técnicos en salud, los profesores rurales o los psicólogos escolares. Son, en muchos casos, grupos privilegiados dentro del propio Estado, con redes de poder, altos sueldos, amigos del jefe y acceso a beneficios que la mayoría de los trabajadores públicos no tiene. Conocido como el “Club del Pisco Sour”
Si consideramos que el total de empleados públicos en Chile al tercer trimestre de 2024 es de aproximadamente 1.229.220 personas, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, entonces esos 25.000 funcionarios públicos representan apenas un 2,03% del total. Correspondiente al 0.16 en la región de Aysén
Es decir, mientras los titulares alarmistas hablan de “miles de abusos”, la realidad muestra que el fenómeno corresponde a una minoría, aunque una que debe investigarse y sancionarse con firmeza.
La verdad es que el Estado chileno está lleno de contradicciones. A los ojos de algunos, el empleo público es sinónimo de estabilidad y beneficios. Pero eso es falso para la gran mayoría: Trabajan a contrata o a honorarios, sin contrato indefinido, sin seguro de cesantía, sin derecho a finiquito, sin fuero sindical. Viven con incertidumbre año a año. Y aun así, siguen cumpliendo.
Son miles los que sostienen escuelas, postas rurales, oficinas de atención ciudadana, fiscalías, registros civiles y municipios. Lo hacen con sueldos bajos, sin reconocimiento y con cargas laborales que superan lo razonable. Y lo hacen con vocación, porque creen en el servicio público como una forma de justicia social. A ellos, hoy se les ha pasado por la misma lupa que a quienes viajaban mientras decían estar enfermos. Y eso no es justo.
Y atención con esto: Al revisar los datos de la Contraloría, se descubre algo aún más alarmante. El 81% de las licencias médicas asociadas a viajes internacionales dentro del grupo de las 15 instituciones más afectadas corresponde a entidades ligadas al sector educativo: JUNJI, Fundación Integra, corporaciones municipales de desarrollo social y departamentos de educación de diversas comunas. Esto revela que el escándalo no es transversal, sino que se concentra en áreas con alta burocracia, mala gestión local y en algunos casos, grados medios y altos con posibilidades reales de viajar y cubrir licencias irregulares. No se trata de la profesora de básica de Aysén, ni del auxiliar en una escuela de Lago Verde. Se trata, una vez más, de una minoría privilegiada dentro del propio aparato estatal.
Más grave aún, sectores de la ultraderecha están usando este caso para atacar al empleo público en su conjunto, desprestigiando a todos los funcionarios y empujando agendas de privatización, recortes y debilitamiento del Estado. No es casual. Hay un interés ideológico en instalar que lo público no sirve, que lo estatal es ineficiente y que todo debe ser entregado al mercado. Lo han hecho antes, lo volverán a intentar.
Frente a eso, es necesario levantar la voz y defender a los funcionarios públicos honestos, los que están en los grados más bajos, los que hacen patria en el anonimato, los que no salen en los diarios pero que sí sostienen el alma del país.
Y aquí vale preguntarse: ¿Qué diría Clotario Blest si viera este panorama? Probablemente alzaría su voz con la misma claridad ética de siempre. Condenaría con fuerza a quienes se burlan de sus compañeros, alzando licencias como salvoconductos para el privilegio. Y nos recordaría que ser funcionario público no es servirse del Estado, sino servir a los demás desde el Estado, con austeridad, dignidad y conciencia social.
Los responsables de este fraude deben ser sancionados. Pero también debemos mirar hacia arriba, no solo hacia abajo. Preguntarnos quiénes pueden abusar del sistema y por qué. Y cómo hacemos para que el Estado deje de castigar a sus trabajadores más comprometidos con inestabilidad y abandono. Porque sin funcionarios públicos comprometidos, no hay Estado. Y sin Estado, no hay derechos. Ni dignidad. Ni país.
No es justo castigar a todos por los errores de unos pocos. Mucho menos cuando esos pocos, como suele ocurrir, no son precisamente los que viven con el sueldo justo a fin de mes. Cuidemos a nuestros funcionarios públicos. No son culpables. Son víctimas del mismo sistema que hoy los apunta con el dedo.
¿Qué hacemos ahora? Algunas propuestas concretas son: Formación en ética pública y deber cívico: Especialmente en salud, educación y programas sociales, donde el vínculo con la ciudadanía es más directo. Estabilidad laboral para funcionarios de base: Terminar con la lógica de la renovación anual. Avanzar hacia un Estatuto Administrativo más justo e inclusivo.
Campaña nacional de reconocimiento: Visibilizar a los funcionarios honestos, sus historias y su impacto en la vida de millones de personas.
Si el Estado quiere recuperar la confianza de la ciudadanía, no basta con castigar a los culpables. Debe también dignificar a quienes cada día lo sostienen desde el silencio, la vocación y la conciencia social.
Yo no luché por un Estado al servicio del abuso,
sino por uno donde los trabajadores fuesen ejemplo de dignidad.
Usted ha traicionado no solo a sus compañeros,
sino a la causa misma de la justicia social.
Y le digo esto no con rabia, sino con pena.
Porque mientras usted viaja, hay una auxiliar que limpia aulas sin contrato,
una profesora rural que enseña con frío en los huesos
y un funcionario honesto que sigue cumpliendo con deber y conciencia.
“El verdadero servidor público no se enriquece, se entrega.” Clotario Blest
