Por María Paz Muñoz Poveda. Estudiante Periodismo UACH.
Cada verano parece ser más seco que el anterior, así al menos lo confirman los datos que entrega el informe de la OMM (Organización Mundial Meteorológica). Un ejemplo de esto es la sequía que afecta a Pichi Maule, un pequeño poblado indígena de no más de 50 familias de origen mapuche, a unos 20 kilómetros de la localidad de Fresia, en la región de Los Lagos. Lo que ocurre en este rincón del sur del país no es un caso aislado, es un ejemplo de un problema más amplio que ha afectado y afecta a todas las comunidades mapuche en Chile, que es además agravado por decisiones políticas y económicas que son antepuestas por sobre el bienestar del medio ambiente y las comunidades.
Desde la década de 1970, las empresas vinculadas a grandes grupos económicos plantaron monocultivos de eucaliptus y pino sin control, empresas que eran y son subsidiadas por el estado a través del decreto 701. Este decreto fue promulgado durante la dictadura civil y militar y buscaba incentivar la expansión de la industria forestal a costa de los bosques nativos, permitiendo la tala arbitraria y la alteración del paisaje natural.
Las familias mapuches del sector de Pichi Maule han mantenido una relación profunda con su territorio siendo respetuosos con el ecosistema y la biodiversidad y han luchado durante años para evitar la instalación de estas forestales. No obstante, además de perder esa lucha, perdieron sus tierras y recursos de los que dependían para vivir, ya que muchas personas, al no haber agua potable en todo el territorio, buscan agua de forma natural en sus esteros casi secos.
Es así como en una de las zonas de mayor pluviosidad de Chile, con casi 2000 milímetros de lluvia al año, los causes de agua están secos la mayor parte del tiempo. Los ríos que un día eran caudalosos ahora no son más que un pequeño arroyo, sofocados por la sobreexplotación de los monocultivos, que consumen exorbitantes cantidades de agua.
Ahora la comunidad se enfrenta a un nuevo problema: el proyecto inmobiliario “Raíces de Tegualda”, que sin planificación ni consulta previa contempla la construcción de 190 parcelas en 90 hectáreas de territorio mapuche, pasando a llevar derechos culturales y afectando sitios ceremoniales como el palihue, lugar en el que se practica el palín, deporte tradicional mapuche.
Este problema no es solo por la escasez de agua, es una lucha que incluye la supervivencia cultural y ancestral de un pueblo que ha sido marginado y despojado de sus tierras durante siglos. La resistencia del pueblo mapuche en todo el territorio chileno no es un capricho ni una postura ideológica, es una defensa legítima de su forma de vida, defensa que solo ha obtenido como respuesta la indiferencia y el continuo despojo de sus identidades.
El progreso no puede basarse en la explotación desmedida de los recursos naturales ni en la violación de los derechos de las comunidades originarias y el no
respeto al Convenio 169 OIT el cual explícitamente deja en claro que “los gobiernos deben asumir, con la participación de los pueblos indígenas, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad”.
Es hora de reconocer la deuda histórica con el pueblo mapuche y comenzar a construir un futuro donde el respeto por la naturaleza y por las culturas ancestrales sea una prioridad.
La situación que vive la comunidad mapuche, no solo en Pichi Maule, sino en todo el país es un claro ejemplo de que se debe reevaluar la pertinencia de las normas en materia de políticas ambientales y económicas. No podemos permitir que intereses económicos a corto plazo continúen destruyendo nuestro patrimonio natural e identidad cultural.
