Una constitución es un texto fundamental para los países y debe contener la mirada más amplia, plural e inclusiva posible, entendiendo que regula y guía las leyes por mucho tiempo, por tanto, no puede ser del gusto de una mayoría circunstancial, como ocurrió en el último Consejo Constitucional, de abrumadora sensibilidad de ultra derecha.
En ese sentido las palabras del director del centro de pensamiento del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, en un grupo de WhatsApp en el que se discutía sobre la propuesta constitucional, son preclaras al admitir que “el objetivo nunca fue presentar una Constitución de amplio consenso”, frase que resume la intencionalidad republicana detrás del texto.
Es así que la propuesta que se presenta al país cierra el debate sobre la existencia de las Isapres y las AFPs, tan resistidas por la ciudadanía. Las primeras por cobrar excesos a sus clientes durante años y las segundas por no entregar pensiones mínimamente dignas. El artículo 22 del texto detiene cualquier discusión al respecto y en la práctica hace imposible la superación de estas instituciones privadas.
Por otra parte, el artículo 16 inciso 8, tal como lo advirtieron abogados de los más diversos sectores, genera dificultades para la persecución de delitos de narcotráfico, porque amplía y abre una discusión innecesaria y dificulta la persecución de este tipo de delitos.
A su vez el texto pone en peligro algunas conquistas históricas de las mujeres que tardaron décadas en implementarse, tales como el aborto en tres causales o la denominada Ley Papito Corazón, que persigue pecuniariamente a padres o madres irresponsables con la manutención de hijos e hijas, porque obliga al legislador a revisar lo que actualmente está en la ley a firme.
Entre tanto la derecha y sectores liberales presionan a través del viejo slogan de la “libertad” para elegir la educación, salud o sistemas de jubilación de chilenos y chilenas.
La verdad es que son muy pocos los que en Chile tienen libertad para elegir. Si uno le pregunta a padres y madres de familia nos dirán que les gustaría “elegir” que sus hijos se eduquen en los colegios privados de Santiago, donde va esa minoría que gobierna desde lo político y económico, pero no pueden permitirse invertir entre 8 y 15 millones de pesos anuales para la educación de sus hijos e hijas. O sea, en la práctica no pueden elegir.
Lo mismo ocurre con la salud, puedes elegir solamente si tienes los recursos, lo que se transforma en el mundo real en la incapacidad absoluta de elección.
Todo esto que se pretende plasmar en el proyecto de nueva Constitución no solo profundiza la dependencia económica para “elegir”, sino que impide cualquier atisbo de solidaridad en materia de educación, jubilaciones o salud.
En esa misma línea la derecha nos dice que nadie debe meterse con nuestros ahorros y hacen una defensa férrea de las AFPs. Bueno, lo cierto es que para optar a una jubilación decente se debe tener un ahorro de al menos 50 o 60 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual, cifra que un número muy reducido de chilenos y chilenas puede llegar a tener o siquiera soñar. En otras palabras, su pensión la pagará sí o sí el Estado, ya que con los ahorros personales – individuales no le alcanzará para tener una jubilación digna.
Con todo, este 17 de diciembre como en tantas otras ocasiones, será el pueblo de Chile que decida su futuro y probablemente el de sus hijos e hijas.
