Por Isabel Garrido Casassa. Seremi de Educación de Aysén.
El título hace referencia al título de la campaña del Gobierno del Presidente Boric por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en Chile. Pero ¿por qué insistir en conmemorar cada 11 de septiembre? En esta columna se comparten argumentos para ello.
50 años es el hito que la historiografía define para que los hechos dejen el dominio de la memoria, y pasen a ser parte de la historia. Se presupone que 50 años es plazo suficiente para recolectar evidencia, debatirla, y tomar una distancia emocional suficiente como para producir una interpretación más o menos consensuada de los hechos.
Entonces, vamos a los hechos. Según consigna el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
“La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura presidida por monseñor Sergio Valech, […] recibió el testimonio de más de 35.000 personas que vivieron prisión política y sufrieron tortura a lo largo del país entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990. Estos testimonios permitieron reunir antecedentes respecto a los lugares utilizados como recintos de detención a lo largo de todo Chile. Estos sitios fueron utilizados por agentes del Estado con el solo propósito de llevar a cabo, en forma sistematizada y en total impunidad, los delitos de tortura, secuestro calificado, homicidio, desaparición forzada e inhumación ilegal, entre otros crímenes de lesa humanidad.”
Las distintas comisiones de derechos humanos que han operado durante las últimas décadas identificaron 31.686 víctimas directas de la dictadura, de las cuales 28.459 casos fueron víctimas de tortura. 2.125 fueron personas ejecutadas y 1.248 desaparecidas. 136 eran docentes, y 307 eran niños, niñas y jóvenes menores de 21 años, que era la mayoría de edad en esa época.
Investigaciones posteriores evidenciaron que no fue casual que todas las dictaduras latinoamericanas aplicaran la “técnica” de la desaparición forzada. Esta fue promovida por la Escuela de las Américas, instituto norteamericano que impartía capacitación en estrategias de contrainsurgencia a los cuerpos militares del continente. Más tarde se conocería que el fin de este método es, además de terminar con la vida de la víctima, aterrorizar a sus familiares y a la comunidad circundante, manteniéndoles en un estado de alerta y luto permanente, al imposibilitar el rito de la sepultura.
¿Cuál es el consenso que estamos terminando de construir en torno a esos hechos? Ese consenso, ¿contribuye a una sociedad empática, solidaria, democrática, o cualquier otro valor que queramos imprimirle a nuestro futuro en común?
En la encuesta “Chile Dice” de la Universidad Alberto Hurtado, publicada hace menos de un mes, el 60% de los chilenos y las chilenas justifica un gobierno autoritario bajo determinadas circunstancias. Una proporción semejante cree que, algunas veces, es válido violar los derechos humanos. En esa línea, la 10° Encuesta Nacional de Juventudes evidenció que menos de la mitad de las y los jóvenes de Aysén, valoran la democracia.
Como ciudadanos y ciudadanas de este país, lo anterior no puede parecernos satisfactorio.
La historia es una disciplina humana, y como tal, admite diversas interpretaciones. Lo que sí debe ser un mínimo acuerdo civilizatorio, es que el Estado no puede convertirse en una máquina de persecución política. Que empatizar con el dolor ajeno es fundamento de una sociedad democrática. Que la dignidad humana es un valor elemental, y que, como tal, no se debe poner en la balanza contra ninguna circunstancia. Y que la democracia, si bien no es perfecta, es la mejor forma de gobierno que se ha inventado hasta ahora.
Por todo lo anterior, como Gobierno invitamos hoy a acordarnos, acudir a la memoria, para pensar sobre nuestro futuro en común. Ahí encontraremos las claves para defender nuestra democracia, siempre.
