Para esta semana funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y de la Armada visitarán Guaitecas para escuchar las demandas del sector pesquero artesanal, algo que para los hombres de mar es más de lo mismo, pensando que las demandas son bien conocidas por todos.
Daniel Caniullan, miembro del Comité Bentónico de Aysén, buzo y pescador artesanal activo, señala que los problemas de la pesca artesanal “son bien conocidos” por la autoridad de este y otros gobiernos, “pero no existe la voluntad política de reparar o subsanar para que la pesca artesanal tenga un desarrollo de verdad, con sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos”, acotó.
Agregó que a muchos pescadores se les exige planos de sus embarcaciones “que son muy antiguas y que todos los años tiene que hacer cambios de estructura, de cubierta, cabina, quilla o tabla y cada vez que se hace una modificación hay que hacer otro plano que está alrededor de 500 mil pesos”.
Este alto costo no está al alcance de todos los pescadores y esto ha generado que muchas embarcaciones caduquen sus derechos de pesca. “El gobierno habla de desarrollo, pero por otra parte lo entrampan y muchos de los compañeros que mantienen sus embarcaciones van a caducar y otros tantos no pueden emprender con plantas de procesos, porque no hay alcantarillado, no hay lo básico en los pueblos, están abandonados y eso la autoridad lo sabe”.
Se espera elaborar un plan de manejo de los recursos bentónicos y crustáceos para darle sostenibilidad, pero -según Caniullan- desde la Subsecretaría dan señales erróneas o contradictorias.
También insiste en las facultades que tiene la subsecretaría para restarle cuota de extracción. “el año 2020 nos quitaron 700 toneladas, el 2021 300 y ahora tenemos un precedente en la Corte Suprema que el fallo estableces que el subsecretario cometió una ilegalidad, una medida arbitraria para favorecer a la industria de Puerto Montt para justificar pesca ilegal”.
Por eso, para los pescadores artesanales no estarían las garantías para que las autoridades actuales resuelvan los problemas de fondo. “Ya se está hablando en la pesca artesanal de una demanda colectiva, por el daño que causaron las 300 toneladas que se nos quitó, lo que generó un daño económico y moral a muchos armadores y pescadores y esto se tiene que resolver con una indemnización para los compañeros que fuimos afectados, porque fueron 20 días sin trabajar”, precisó Daniel Caniullan.
Esperan finalmente que las autoridades se enfoquen en los problemas reales de los pescadores artesanales.
