*Conocido dirigente deportivo, de comités de vivienda y artesano, criticó la postura de diputado Miguel Calisto, quien acusa a actuales autoridades de incumplir plazos y compromisos. “Durante sus cuatro años de gestión no se construyó una sola vivienda e hizo campaña con eso”, complementó Aaron Martínez.
El diputado Miguel Calisto encabezó una marcha de los comités de vivienda que esperan la pronta construcción de sus casas, unas mil personas que hace años vienen pidiendo que ese sueño se haga realidad. De hecho, en los últimos cuatro años y bajo la administración de Sebastián Piñera, con la representación regional del parlamentario, no se construyó una sola casa habitación.
Por eso el conocido dirigente Aaron Martínez, socio del Comité Paso Seguro y ex dirigente de comités de vivienda, quiso aclarar las declaraciones del parlamentario del ala conservadora de la Democracia Cristiana y que acerca posturas con el rechazo a la Nueva Constitución. “Es una falta de respeto e irresponsable lo que hace el señor Calisto, con la manipulación de las personas y la tergiversación de la verdad por la chacra G, siendo que él fue co administrador en la gestión anterior hacia la chacra G y en la cual hubo cero respuestas. Habla que siempre ha apoyado a los comités, pero nosotros vemos los datos duros, en los cuatro años que estuvo como diputado, que hizo campaña con los comités de vivienda, no se construyó ni una casa y ahora llama a hacer una marcha en el centro de Coyhaique, frente a la delegación presidencial, con apoyo del alcalde Carlos Gatica, es irresponsable”, dijo Martínez.
El dirigente agregó que “Calisto señala que en la reunión sostenida en la escuela E – 35, indica que no está con ningún partido político y que no es de izquierda, ni de derecha, lo cual es mentira, porque él pertenece y milita en un partido político que es la democracia cristiana. Ataca muy duramente a la Seremi, siendo que lleva tres meses y un poco más en su labor y ya ha entregado gratas respuestas como una mesa de trabajo, se consiguieron fondos también, 180 millones de pesos para el estudio de impacto ambiental y trabajando mancomunadamente con los dirigentes, las entidades patrocinantes como AES consultores, entre otras, más la Seremi y el equipo del SERVIU”, acotó.
Según Calisto, se habrían desplazado la construcción de las viviendas sociales de la Chacra G, del 2022 al 2025 y que “se deberían entregar los terrenos a las entidades patrocinantes y, sobre todo, garantizando que la gente pueda iniciar sus obras con anticipación”, dijo mientras bromeaba con las personas que requieren una solución. “¿Por qué tenemos que esperar la macro infraestructura?, es una decisión tecnócrata que va a estirar esto no solamente por tres o cuatro años, sino por nueve o diez años”, también precisó.
Tras ello y en reunión con la Seremi Paulina Ruz Delfín, expuso lo mismo, defendiendo las decisiones del gobierno de Sebastián Piñera, que si bien comprometió plazos, no hizo lo mismo con los recursos, según advirtió la Seremi Ruz, que enfatizó que “un punto fundamental en este nuevo escenario radica en que las autoridades sectoriales del Gobierno anterior hicieron promesas y fijaron fechas, pero no gestionaron los recursos que se requieren en el presupuesto de este año 2022 para comenzar con la construcción de las obras de la macro infraestructura y menos de las primeras soluciones habitacionales contempladas en el plan”, de acuerdo a lo que señaló a El Divisadero.
«Aun en ese adverso escenario decir que la Chacra G se posterga hasta el 2025 es absolutamente falso, además es algo que nunca hemos planteado de esa forma. Lo que si ocurre es que las obras no comenzarán a fines de este año, como se prometió falsamente a las familias, sino que tendremos que hacer este año todas las gestiones que sean necesarias a nivel regional y nacional para que el 2023 tengamos los recursos para avanzar en las etapas que van faltando para iniciar más adelante la construcción de los primeros conjuntos habitacionales en terrenos de la Chacra G1. Lo que debe quedar claro es que no se trata de buena o mala voluntad, se trata de que hay que cumplir requisitos y etapas que cuando llegamos no estaban listos y que estamos ahora poniendo en marcha para agilizar todo lo que sea posible», complementó la Seremi.
La autoridad consignó que «el proyecto Chacra G es un proyecto urbano habitacional que no solamente incluye viviendas, sino que también una macro infraestructura donde vamos a tener un centro asistencial de salud, una sala cuna, estamos evaluando también un lugar para Bomberos y esto exige que nosotros podamos tener las condiciones adecuadas».
Nueva Constitución consagra el derecho a la Vivienda
Cabe mencionar que Chile ha ratificado todos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, con todas las enmiendas realizadas, pero todavía no reconoce explícitamente el derecho a una vivienda adecuada en la actual Constitución de 1980. Es más, el año 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó su preocupación por que el derecho a la vivienda no se considerase exigible antes los tribunales en Chile.
Pero por otro lado, la propuesta de nueva Constitución indica, en su artículo 51, que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada”, agregando que “el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal”, añadiendo, asimismo, el retorno de la ejecución directa, consagrando que el aparato público “podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda”, asignándosele también la responsabilidad de proveer de suelo para lograr estos objetivos.
Esto podría afectar a los parlamentarios que han cimentado su carrera política en el clientelismo fácil, en el cual convenientemente contar con la actual Carta Magna de Pinochet les acomoda, ya que una nueva Constitución pone en relieve el derecho a la vivienda y le otorga por primera vez rango constitucional.
En varios países se ha ido avanzando en incluir el Derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental contenido en sus constituciones. Uruguay y México declaran que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. En tanto en la carta fundamental de Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay aseguran que. «Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna”, señala en una columna de diario El Divisadero el arquitecto Fernando Miranda.
En Chile es notoria esa omisión, incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por nuestro país en septiembre del año 1969. En ese pacto, los países firmantes reconocían”… el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia …”, agrega Miranda.
Más abajo en esa columna el arquitecto advierte que “Para las personas pobres en Chile, la vivienda constituye una estrategia económica y social de inserción en la ciudad, de lucha contra la pobreza, de construcción de ciudadanía responsable e informada capaz de incidir en la gestión democrática de su ciudad. Chile tiene 50 años de retraso en el cumplimento del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hoy a través de la nueva constitución nos podremos poner al día en nuestros compromisos”.
