Isabel Garrido Casassa
Seremi de Educación Aysén
En nuestros más de 200 años de vida independiente, la educación ha sido un pilar central del desarrollo de nuestro país. Hasta en la localidad más apartada podemos encontrar una Escuela Pública marcando la presencia del Estado a lo largo y ancho de nuestro territorio. Si hoy contamos con un 96,4% de población que sabe leer y escribir, y hemos prácticamente erradicado el trabajo infantil, fue gracias a la tenacidad de las comunidades organizadas que auto-construyeron sus propias escuelas en cada localidad, y de las y los docentes que se pusieron la historia al hombro, y se atrevieron a recorrer Chile para compartir sus conocimientos con la población. Tal fue el caso de la Escuela Antolín Silva Ormeño de Balmaceda, el Liceo Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique, la Escuela Rural de Cerro Castillo, y tantas otras en nuestra Región de Aysén.
Esta gesta épica se vio abruptamente interrumpida en dictadura. En 1981 se decide traspasar las escuelas desde el Estado central hacia los municipios, bajo la excusa de hacer más eficiente su gestión. Esta decisión llevó a nuestra Educación Pública a un estado crítico: el sistema se atomizó, perdiendo toda visión de conjunto y dejando a su suerte a los municipios más pequeños y aislados; se puso el foco en lo administrativo, dejando de lado área técnico y pedagógica y mermando la calidad; las desigualdades entre escuelas se agudizaron a la par con el nivel socioeconómico de cada municipio; el Ministerio de Educación se replegó a la posición de observador del sistema, con escasa injerencia en el desarrollo de las escuelas bajo su administración. Como puede verse, estos motivos son estructurales e independientes del compromiso de los funcionarios y funcionarias de la educación municipal, que, contra viento y marea, han debido hacerse cargo de un sistema cuyas reglas del juego no permiten hacer despegar nuestra Educación Pública.
El resultado ha sido desastroso: hoy apenas 1 de cada 3 estudiantes está matriculado en escuelas públicas, y todavía tenemos uno de los sistemas educativos más desiguales del mundo. La calidad general del sistema educativo tampoco ha experimentado grandes progresos.
Bajo este escenario, la conformación de los Servicios Locales de Educación Pública son una ventana de oportunidad para empezar a revertir la situación. La Ley 21.040 crea una institución intermedia entre el Estado central y los municipios que cuenta con órganos de gobernanza participativa, lo cual permite reconectar a las escuelas con la política educativa nacional, pero a una escala adecuada a la realidad territorial. Si bien la casa matriz estará en Coyhaique, es posible abrir oficinas territoriales descentralizadas, tal como ya se ha hecho en otras regiones.
Por otra parte, los SLEP se conforman por equipos profesionales multidisciplinarios especializados en el área pedagógica, haciendo más efectivas sus capacidades para apoyar, asesorar y acompañar a las comunidades educativas. A su vez, el carácter eminentemente técnico de los SLEP hace al sistema menos dependiente de los ciclos electorales.
Como todo cambio, el retorno de las escuelas al Ministerio de Educación implica desafíos. Las autoridades de Gobierno debemos estudiar con detención los procesos de traspaso anteriores, para evitar errores y minimizar los riesgos inherentes del proceso. Sin embargo, vale la pena intentarlo. Después de todo, no existe país en el mundo que haya logrado niveles de desarrollo y dignidad humana aceptables, sin la Educación Pública como columna vertebral del sistema educativo.
