La madrugada del miércoles en el pleno de la Convención Constitucional se terminó de votar el segundo informe de la Comisión de Forma de Estado. Se presentó un segundo bloque de normas para ser deliberado y votado por los 154 convencionales, compuesto por 32 artículos relativos a gobiernos locales, territorios especiales y autonomías territoriales indígenas.
En esta etapa los artículos aprobados con 103 o más votos pasan automáticamente al borrador de la nueva constitución, mientras que los que pasan los 77 votos tienen la oportunidad de una segunda revisión, por lo que vuelven a la comisión, donde las y los convencionales trabajan en ellos, pensando en lograr propuestas de consenso que alcancen los dos tercios necesarios para llegar exitosamente al texto constitucional.
La convencional de la región de Aysén, Yarela Gómez Sánchez, destacó la relevancia del tránsito a Gobiernos Locales de organismos como las municipalidades, que hoy son meramente administrativas. Eso permitiría entre otras cosas tener autonomía financiera a la hora de concretar obras o arreglar calles, por ejemplo.
“Faltaron votos para lograr el reconocimiento de los territorios especiales, pero confiamos que una nueva redacción permitirá alcanzar el quórum requerido. En este punto es clave el apoyo de la región, pues para zonas extremas como la nuestra, es necesario contar con un apoyo diferenciado para abordar con recursos y de forma concreta temas fundamentales como la conectividad”. explicó.
Entre las normas que pasaron al borrador de la nueva constitución destaca el artículo 2, sobre la igualdad en la prestación de servicios públicos municipales. “Se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos municipales, sin distingo del lugar que habiten”, se señala.
El artículo 4, por su parte, se refiere a la cooperación internacional de las regiones y comunas autónomas ubicadas en zonas fronterizas, para “establecer programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medio ambiente”. Esto es especialmente relevante si pensamos en ejemplos como lo ocurrido con el cierre de las fronteras durante la pandemia, tema que llegó incluso a cobrar vidas.
Otro punto clave es la profundización democrática con perspectiva local. En esa línea, el artículo 6 versa que “las municipalidades tienen el deber de promover y garantizar la participación ciudadana de la comunidad local en la gestión, en la construcción de políticas de desarrollo local y en la planificación del territorio (…) Las municipalidades proveerán los mecanismos, espacios, recursos, alfabetización digital, formación y educación cívica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha participación que será consultiva, incidente y/o vinculante de acuerdo a la legislación respectiva”.
Por su parte, quedaron establecidas competencias de las comunas autónomas, de las cuales resaltan la prestación de los servicios públicos que determine la ley; la potestad de construir las obras que demande el progreso local en el marco de sus atribuciones; el fomento del comercio local, el desarrollo sostenible e integral de la comuna y la conservación, custodia y resguardo de los patrimonios culturales y naturales.
