En marzo de 2020, ante la aparición de los primeros casos de covid 19 en la comuna de Aysén, un grupo de manifestantes se reunió para protestar y lograr un mayor control para los desplazamientos en el puerto de Chacabuco, escala obligada de las naves de la industria pesquera.
La situación derivó en algunos cortes de camino parciales y la aplicación de la denominada Ley Calisto, por uno de sus impulsores, el diputado de Aysén, Miguel Calisto y que en la práctica criminaliza la protesta social, cuyos participantes arriesgan altas penas y multas e incluso la cárcel.
“Esta ley impulsada por uno de los diputados de nuestra región, Miguel Calisto, atenta contra el pueblo organizado, contra dirigentes y es lamentable que personas como ellos, sabiendo cómo vivimos, avalen este tipo de hechos”, dijo Camila Salas, una de las dirigentes de Chacabuco a las cuales se les aplicó la ley, pero que fue absuelta por el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén.
La prueba presentada fue “débil e inconsistente, sobre todo el relato del carabinero, testigo de fiscalía, no pudo asegurar que los imputados prendieron artefactos incendiarios o el corte total de la entrada a Puerto Chacabuco. No había pruebas fidedignas de que nosotros fuimos quienes incendiamos o prendimos las barricadas y otro argumento fue que el tránsito no fue cortado de manera completa, sino fue un corte parcial, ya que en todo momento hubo una entrada para Puerto Chacabuco para residentes, vehículos de emergencia o personas que por fuerza mayor debían ingresar”, dijo Camila Salas.
No obstante, los malos ratos de los manifestantes y el miedo que se intenta infundir a través de estas acciones “es una clara señal de persecución política hacia dirigentes que nos hemos tenido que manifestar, como lo muestra la historia, para conseguir cosas en beneficio de toda la comunidad, por el bien común, con sentido común frente a una crisis sanitaria mundial, donde había una gran incertidumbre, nosotros ofrecimos alternativas y consensos, siempre abiertos al diálogo, pero lamentablemente las autoridades no cumplieron su palabra y nos vimos en una situación donde se privilegió los intereses empresariales versus de los ciudadanos de la región, en especial de Chacabuco, que en su momento estaban muy afectados por el movimiento salmonero del puerto”.
Por eso para la joven dirigente de Chacabuco, la ley antibarricadas debe ser derogada, ya que existen otras normas y leyes que podrían aplicarse. “Seguimos repitiendo una historia en la cual los hechos se resuelven de esta manera, persiguiendo a las personas que se atreven a hablar con la verdad y proponer medidas en momentos de incertidumbre y de crisis, que finalmente nosotros nos mantuvimos consecuentes y el rol que el pueblo organizado que es capaz de identificar un problema y proponer soluciones”.
La joven Camila Salas agregó que “esta ley busca criminalizar la protesta social y por ello debería ser derogada como norma, ya que hay otro tipo de normas y leyes que rigen lo que tiene que ver con desórdenes públicos y delitos de distinta índole y donde nosotros nunca nos vimos involucrados, no cometimos ningún delito, si no fuera por esas manifestaciones probablemente la situación había sido peor de lo que se vivió”.
Por último, hizo un llamado a los dirigentes y a la ciudadanía a expresar las injusticias y desigualdades, a no dejarse amedrentar por leyes que buscan contener los procesos sociales. “Las autoridades privilegian los intereses empresariales versus el bien común, eso no es posible, ni se debe permitir ahora, ni nunca. Por eso el llamado a las autoridades electas que hagan gestiones para favorecer a la ciudadanía y a quienes aún se mantienen en sus cargos, a que hagan lo mismo”, sentenció.
