“Es grave que, en un sistema democrático, donde los trabajadores deben ser protegidos, haya una autoridad que desconozca sus obligaciones y no las quiera cumplir”, dijo el abogado de los asistentes de la educación, Marcelo Rodríguez, respecto a la negativa del alcalde DC, Carlos Gatica, de pagar un bono que ha sido pagado por más de diez años.
Cabe recordar que hace varios meses los trabajadores reclaman el pago de un bono que se les cancela desde el año 2008 y que, por lo tanto, consideran un derecho adquirido. Sin embargo, el alcalde se niega a reconocerle esa condición, argumentando informes de Contraloría.
Para los asistentes es “una pregunta errada del alcalde Carlos Gatica a Contraloría”, para ellos existiría una utilización de los asistentes de la educación “para intereses políticos y diferencias con la administración alcaldicia anterior”, además acusan intentos de enlodar a este sector de trabajadores. Son parte de las acusaciones que en un documento público señalan los funcionarios.
“Nosotros sabemos que ese bono no nos corresponde, porque no estamos en la ley, lo que los asistentes de la educación ganaron en tribunales es que por el tiempo transcurrido que se nos pagó ese bono, configura un derecho adquirido”, dicen los trabajadores de la educación de la comuna de Coyhaique.
Los funcionarios del sector más vulnerable de la administración pública subrayan que nada tienen que ver con las acusaciones y denuncias de “fraude al fisco”, “ni daño a los caudales públicos y tampoco hemos recibido nada oscuro”.
¿Colisión de derechos?
“Este es un derecho adquirido, que los trabajadores tuvieron desde el año 2008 – 2009. Los abogados llegan a la misma conclusión, es un bono que nos corresponde como derecho adquirido, no es un asunto administrativo”, precisó el dirigente Amaro Arancibia.
Más enfático es el abogado Marcelo Rodríguez, quien advirtió que “preocupa que una autoridad regional desconozca el estado de derecho, cuando los tribunales de justicia se pronuncian y dictan una resolución judicial, ésta tiene que ser cumplida. Efectivamente tenemos un caso aquí, donde mediante un equivalente jurisdiccional como fue un avenimiento celebrado ante el tribunal laboral de Coyhaique, la Municipalidad se obligó a pagar cada tres meses una cierta cantidad de dinero a los trabajadores asistentes de la educación de Coyhaique”.
Sin embargo, ese acuerdo no se cumplió por una decisión unilateral de la municipalidad, “frente a lo cual reclamamos y recurrimos al tribunal de cobranza laboral, a objeto que éste haga cumplir lo que se había acordado”.
El municipio encabezado por Carlos Gatica insistió en no pagar esos dineros, pero todos los argumentos presentados por el municipio fueron rechazados por el tribunal, “por lo tanto desde el punto de vista del proceso lo que corresponde es que la Municipalidad de Coyhaique cumpla con su obligación (…) lamentablemente la actitud del nuevo alcalde ha sido siempre contraria a pagar y buscando siempre excusas obtenidas a través de Contraloría, pero si alguien sabe algo de derechos administrativo tiene que partir de la base que habiendo un pronunciamiento de los tribunales, Contraloría no tiene más que decir y lo que ha hecho el nuevo alcalde es dilatar innecesariamente el cumplimiento de una obligación”.
Luego Rodríguez Avilés, agregó que “esta nueva autoridad no reconoce las obligaciones laborales, están en pugna dos tipos de derechos, el administrativo por un lado y el laboral por el otro, donde los principios que los rigen son distintos, el alcalde usa argumentos del derecho administrativo, contrarios al laboral, que tiene un principio protector de los trabajadores y que este señor lamentablemente desconoce y que su asesoría no le ha explicado que tiene que cumplir en virtud de los principios del derecho laboral y sus obligaciones firmadas ante el tribunal laboral”.
De esta manera, para el jurista el alcalde y sus asesores, desconocen el estado de derecho, ya que “desde lo procesal está finiquitado”.
Esto no desalienta a los asistentes de la educación, que esperan endurecer su posición en los próximos días e incluso llegar a tribunales internacionales. “Todo indica que esto no será algo fácil ni rápido, pero estamos preparados para resistir y llegar donde sea incluso a la OIT o Corte Interamericana si es necesario, porque estamos convencidos y tenemos los antecedentes que nos dan la razón”, concluyen.
Alcalde Gatica: “Tengo la obligación de denunciar”
El alcalde Carlos Gatica, en tanto, junto con lamentar la situación de los asistentes, se excusó en el informe de Contraloría 290, “no nos queda más que dejarlo en manos de quienes están interviniendo, Contraloría lo ha enviado al Ministerio Público, pero también al Consejo de Defensa del Estado, para hacer una acción, que tiene que ver con algo anterior y tengo la obligación como alcalde, y así la ley lo señala, que si uno ve un presunto delito, tengo la obligación de denunciarlo y por eso presentamos una querella criminal contra quienes resulten responsables de la administración anterior, entendiendo que son cientos los trabajadores perjudicados”.
