El 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que en el contexto latinoamericano se ha denominado el Día de la Detenida y Detenido Desaparecido. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas en el año 2006 para generar conciencia sobre esta política sistemática de terrorismo de Estado, que en nuestro continente se implementó con especial fuerza durante las dictaduras del siglo pasado con un horroroso saldo de 90.000 víctimas. Al día de hoy, se siguen observando casos de desapariciones forzadas en varios países. Sin ir más lejos, apenas el año 2005 Carabineros hizo desaparecer a José Huenante en Puerto Montt.
Un asesinato es un acto terrible. Pero además hacer desaparecer el cuerpo de la víctima es sencillamente monstruoso. Es negar el rito de despedida, tan importante para comenzar a procesar la pérdida. Mantener a las familias en un estado constante de incertidumbre y temor frente a la situación de sus seres queridos.
Ejecutar un plan de desapariciones forzadas implica no sólo un gasto de recursos financieros y humanos en el mismo asesinato, sino que en hacer desaparecer los cuerpos. Imaginémonos las cientos de horas de vuelo que significó arrojar entre 400 y 500 cuerpos al mar; o los millones de dólares que se gastaron en la infame “Operación retiro de televisores”, donde se mandó a desenterrar los cuerpos de las víctimas y repartirlos por el desierto, o dinamitarlos para borrar toda evidencia. Es la esencia del terrorismo de Estado: diseñar e implementar una política sistemática dirigida a mantener a la población en un estado permanente de terror.
La educación en derechos humanos, que es uno de los propósitos de este día, se suele cargar al sistema educativo formal. Hace algún tiempo se intentó promulgar una asignatura nueva de Memoria y Derechos Humanos; uno de los argumentos era la alarmante cifra de niños y niñas que justifican la violencia como mecanismo para resolver conflictos, y desvalorizan la democracia como la mejor forma de gobierno.
Más que agregar otra asignatura a nuestro ya cargadisimo currículum nacional, debiésemos pensar en cómo educar a través del ejemplo, partiendo por el sistema político. Y es difícil hacerlo cuando los crímenes de lesa humanidad se mantienen impunes. Lo que digamos en las aulas es irrelevante si no se condice con lo que ocurre fuera de ellas. El propio dictador no pisó la cárcel ni un sólo día de su vida, y los pocos altos mandos presos están recluidos en celdas de lujo. Ni hablar de las causas abiertas luego del 18O. El sentido común que nuestra sociedad le imprime a las nuevas generaciones es que violar derechos humanos se justifica en ciertos contextos políticos.
Recuerdo que durante el estallido social a muchas personas nos embargó una angustia permanente frente a la idea de poder ser víctima de violencia estatal en cualquier momento. Personalmente, el momento cúlmine de esa angustia fue la ahora famosa intervención en el congreso de Jaime Bassa, que puso en evidencia que el Estado de Emergencia se estaba implementando con absoluta arbitrariedad y sin ningún sustento legal.
Me parece inimaginable sufrir 17 años de esta angustia. Por eso merecen todo el respeto quienes tienen la resiliencia de luchar por encontrar a sus familiares, aún 30 o 40 años desde su desaparición forzada.
Si queremos transformar esta realidad tan lúgubre, en el futuro no puede haber lugar para la impunidad. La “justicia en la medida de lo posible” la pagamos hoy, al precio de la conciencia cívica de toda la sociedad, y lo más macabro, de nuestras niñas y niños.
Isabel Garrido, Candidata a Diputada por el Partido Comunista y Pacto Apruebo Dignidad
