La incertidumbre por la estabilidad de sus empleos, llevó a un grupo de trabajadores de la Dirección de Educación Municipal de Coyhaique (DEM), a manifestarse la mañana de este jueves, en las afueras de esas dependencias, ubicadas en calle Ogana. El traspaso de la educación, desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que para la región debería concretarse el 1 de enero de 2022, es razón principal de inseguridad laboral en el sector, aunque recién el 2023 ya no dependería del DEM.
La ley 21.040 “conlleva muchos despidos, es más, a nivel nacional son doce mil los despidos que se están produciendo de funcionarios de la dirección de educación”, dijo Miriam Droguet, dirigente de los funcionarios.
Cabe recordar que en 2018 comenzó el proceso de desmunicipalización, cuyo objetivo es que el total de los colegios públicos pasen a ser responsabilidad del Estado para el año 2030 y de esa manera “fortalecer la educación pública en el país”, se ha señalado desde el Mineduc.
En noviembre del 2017, la Ley 21.040 crea una nueva institucionalidad para la Educación Pública, donde se traspasan los establecimientos educacionales, jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos, escuelas y liceos de 345 municipios a 70 Servicios Locales de Educación Pública.
De esta manera, los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) serán los sostenedores educacionales que cuidarán por entregar una educación integral, de calidad y con pertinencia local, centrado en los aprendizajes para el nuevo siglo, que entregue oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes en el país para desarrollarse.
Sin embargo, de forma paralela y con un criterio economicista, el Consejo de Evaluación del SLEP, ha recurrido a la evaluación y pertinencia de miles de funcionarios que administran la educación en el país, detectando sobredotación de personal. “De no haber respuesta por parte de las autoridades, estas manifestaciones se seguirán realizando. Somos profesionales que movemos la educación pública y es una vergüenza que nosotros no pasemos junto con los asistentes de la educación y docentes que sí están considerados en este traspaso”, agregó Miriam Droguet.
Colegio de Profesores
El propio Colegio de Profesores llamó a movilizaciones nacionales para suspender la implementación de los Servicios Locales de Educación y postergar su entrada en vigencia para coincidir con los cambios constitucionales. “Al segundo año donde se ha transitado al SLEP se han notado algunas cosas, por ejemplo, reducción de personal, despidos, se han ajustado las dotaciones, tanto de asistentes, docentes y auxiliares”, dijo Rosa Pesutic, presidenta del Colegio de Profesores Aysén.
“Un problema que persiste es que se sigue pagando por voucher, es decir, por asistencia de los alumnos y eso es un error, sobre todo en establecimientos rurales o urbanos con altos índice de vulnerabilidad, porque la asistencia en ellos es errática y no es buena”.
La idea es que se modifique la ley, “porque todos deberíamos estar felices que la educación vuelva al Estado y no de un municipio que cada cuatro años cambia de administración”, precisó Pesutic Vukasovic.
El Ministerio de Educación (Mineduc) tenía proyectada la instalación de 15 nuevos servicios para 2022, pero finalmente se redujo a sólo seis, entre ellos la región de Aysén, quedando 15 pendientes pensando en el año 2025.
