El gremio busca instalar el derecho a la comunicación en el debate constitucional, asegurar pluralismo, repensar el Consejo Nacional de Televisión y certificar la presencia de medios públicos, comunitarios y privados.
A su vez, indica que el Gobierno ha invisibilizado las graves vulneraciones al trabajo de la prensa desde octubre de 2019 a la fecha.
Lo primero que reconoce el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada, es la agresión sostenida y permanente de la que ha sido objeto la prensa desde la revuelta popular de octubre de 2019 en Chile, “donde se agregan acciones de censura de parte del Gobierno y espionaje a periodistas. Es así que estamos trabajando con algunos parlamentarios para levantar un proyecto de ley que proteja la labor de la prensa”, sostiene el también académico.
Una de las líneas de trabajo de la actual directiva gremial, es instalar el derecho a la comunicación en el debate constitucional y en ese sentido están trabajando con delegados constitucionales de todo el país. “Se necesita avanzar hacia una ley orgánica de comunicaciones (LOC) o una Ley de Medios, donde se garanticen los tres sectores de las comunicaciones: público, privado y comunitarios, a través de la apertura de opciones a otros actores y actrices de las comunicaciones para que puedan ingresar a un sistema medial chileno que es absolutamente clausurado, centralista y con propiedad de los medios de comunicación muy concentrada. La idea es poder abrir la cancha, para asegurar la pluralidad de los contenidos”, explica Ahumada.
A nivel internacional hay consenso en que las democracias funcionan mejor y son más fuertes, cuando existen medios de comunicación, que representen distintas miradas y donde la ciudadanía puede escoger qué ver, leer o escuchar.
“Hoy esa discusión ha sido instalada por un candidato presidencial y se está debatiendo qué elementos o contenidos debería tener esta ley de medios y cómo se regula el sistema medial chileno, que no tiene incentivos a la creación de nuevos medios de comunicación. El cambio de paradigma de las comunicaciones requiere la participación activa de la ciudadanía, que fue muy crítica con los medios a partir del 18 de octubre, sobre todo tradicionales, por lo que la ciudadanía tiene un protagonismo e instala temas a la hora de vigilar los contenidos”.
El colegio de periodistas considera que el consejo nacional de televisión (CNTV) debe ser repensado, “no puede representar a la vieja política chilena, donde dos grandes conglomerados, a partir del cuoteo político, representen ese espacio que tiene labores tan importantes”, manifiesta el presidente de los periodistas de Chile.
En ese sentido el colegio sugiere que el presidente del CNTV no sea designado por el presidente de la República, sino que sea un cargo de alta dirección pública y que la conformación de este organismo sea distinta.
Por ejemplo, actualmente el CNTV no cuenta con un representante del Colegio de Periodistas y es más bien un organismo que censura temas tales como la homosexualidad o la religión. “La mayoría de las denuncias están vinculadas al tratamiento informativo, que apela a la ética periodística y por eso el Consejo Nacional de Televisión debería tener una composición distinta, con premios nacionales de periodismo, colegio de periodistas, incorporar la ciudadanía, pueblos originarios”.
Para Ahumada es prioritario avanzar en una red de medios públicos que incorpore a TVN, con la conformación de un directorio que considere a los trabajadores y sindicatos, como asimismo contar con una Defensoría de la Audiencia, que vigile y proponga contenidos, pensando que el espacio radio eléctrico es posesión de todos los chilenos y chilenas.
Revisar concesiones
“Las concesiones tienen que ser revisadas por algo obvio, tal como ocurre con las concesiones a las carreteras, si no se cumple con los mínimos se revoca la licencia, no debe haber temas tabúes, se deben buscar mecanismos de regulación y la ciudadanía tiene que tener un rol clave en la construcción de un sistema medial más virtuoso, donde todas las voces deben estar representadas”, acota el profesional.
“La participación no debe depender de los gobiernos de turno, sino como políticas de estado, muchas veces asusta la idea del control desde el gobierno, por lo quela propuesta es que estos espacios deben ser conformados más allá de los gobiernos de turno y deberían ser ratificados por la ciudadanía a través de un acuerdo social”.
Cabe señalar que desde octubre de 2019 el Observatorio por el Derecho a la Comunicación constató más de 300 agresiones a la prensa y que aun se producen en la Plaza de la Dignidad cada viernes “y esto ha sido invisibilizado por el propio Gobierno, pero además agregar acciones de censura, cuando los ministros interpelan a los periodistas, cuando la jefa de gabinete llama al dueño de La Red, cuando el ejército saca declaraciones deliberantes en función de una parodia en un canal de televisión, el caso está en la Corte Interamericana. En chile hay vulneración a la libertad de expresión y al ejercicio de la prensa”.
Pero además existe un grado de impunidad, que se refleja en el escaso avance de las acciones judiciales que levantan los comunicadores, “no se puede naturalizar la agresión permanente a la prensa. Tenemos casos graves de acciones de torturas y acosos sexuales, situaciones que se han naturalizado y el gobierno ha sido incapaz de ver que existen estas vulneraciones”
De este modo el gremio pretende avanzar hacia un proyecto de ley que proteja el trabajo de la prensa, para evitar la vulneración sistemática de la cual los medios independientes son los más afectados.
Concentración de la Propiedad
En Chile, la propiedad de los medios están tanto o más concentrada que en el resto de Latinoamérica. En televisión el grupo Bethia, Luksic y Time Warner, en radios los holding Iberoamericana Radio Chile, Luksic , Bethia y grupo Dial, mientras que en la prensa escrita son Copesa y El Mercurio, quienes concentran el 82% del mercado y sobre el 84% en publicidad.
El año 2016, El Colegio de Periodistas de Chile denunció que “la falta de regulación en materia de concentración de la propiedad de los medios, no sólo afecta el pluralismo (componente básico de todo sistema medial democrático), sino también empobrece los contenidos, relega disposiciones éticas del ejercicio de la prensa y precariza a los trabajadores de las comunicaciones1”. El año 2016 invitado por el Colegio de Periodistas de Chile visitó el país, Édison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, quien in situ pudo evidenciar la situación de los medios nacionales. El relator generó un informe con recomendaciones 2 al Estado chileno para la adopción de una “serie de medidas dirigidas a consolidar un marco jurídico e institucional orientado a garantizar efectivamente el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país y a eliminar las normas y prácticas heredadas de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición a la democracia, cuya permanencia ha perdido sentido en el actual desarrollo democrático”. Así, el Informe indica que en Chile urge regular la concentración mediática y fortalecer la institucionalidad y del acceso a la información vía transparencia pública, así como promover la apertura del mercado de medios de prensa escrito y/o digital a través de leyes y políticas públicas que garanticen el pluralismo de medios o informativo también en la prensa.
La Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), planteó el año 2009 que el ejercicio de la libertad de expresión supone pluralidad de medios de comunicación y la aplicación de normas antimonopolio por parte de los Estados. En el mismo sentido la Convención por la Diversidad Cultural de la Unesco (2015) sostiene que los Estados deben “adoptar medidas para promover la diversidad de los medios de comunicación” ya que “los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo”.
Aysén
En Aysén, el presidente del Colegio de Periodistas, Roberto Reyes, coincidió con su par nacional, Danilo Ahumada en la importancia del Derecho a la Comunicación para robustecer los procesos democráticos. “Desde Aysén abrazamos y entendemos el Derecho a la Comunicación como un derecho humano que permitirá democratizar el país. Para ello hemos programado encuentros virtuales con la mayoría de los convencionales electos de la región con quienes compartiremos la postura de nuestra Orden, -fomentar el pluralismo, fortalecer el ejercicio profesional y garantizar la regulación de los medios de comunicación – y lograr su consagración en la nueva carta constitucional. «
