Elías Muñoz Oyarzo
El pasado 19 de julio, un grupo de grandes empresarios publicó en El Mercurio una carta dirigida a tres figuras de la ultraderecha: Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. En ella, les exigían conformar una lista parlamentaria única y “colocar los intereses de Chile sobre sus legítimas aspiraciones”, según sus propias palabras.
Más allá del eufemismo, lo que presenciamos es una demostración explícita de plutocracia: la injerencia, influencia y control que ejercen los más ricos sobre el Estado para proteger y ampliar sus propios intereses.
En Chile, el 1% de la población concentra la mitad de la riqueza del país. Parte de ese reducido grupo salió públicamente a presionar a sus peones políticos, con un doble objetivo: impedir que Jeannette Jara llegue a La Moneda y asegurar un Congreso dócil y funcional a sus intereses.
La dependencia de la derecha chilena del gran empresariado no es una teoría, ni tampoco una sensación o una tincada, sino un hecho comprobado. Son los empresarios quienes financian generosamente las campañas parlamentarias y presidenciales, siempre con una retribución esperada. No es coincidencia que muchas leyes aprobadas en el Congreso hayan sido redactadas, en todo o en parte, por asesores y abogados pagados por ese mismo empresariado. El ejemplo más infame: la Ley de Pesca, que entregó derechos exclusivos sobre recursos marinos a un puñado de familias.
Cuando sienten que su inversión política está en riesgo, no dudan en alinear a sus cartas presidenciales, recordándoles que sin unidad, no habrá financiamiento. No sería extraño que, en las próximas semanas, uno de esos tres candidatos se baje para dejar el camino libre al que presente mejores opciones de llegar a la presidencia.
Pero surge la pregunta central: ¿son los intereses de este 1% los mismos que los del 99% restante de chilenos y chilenas? La respuesta, evidente para cualquiera que observe la historia reciente, es un rotundo no. Este pequeño grupo no representa la diversidad ni las necesidades del país; representa su propio capital y el deseo de multiplicarlo, aunque sea a costa de derechos laborales, del medio ambiente o de los recursos estratégicos de Chile.
Para este sector, cualquier persona que llegue a La Moneda con una agenda que pueda mínimamente afectar sus utilidades se convierte en un enemigo a neutralizar. No se trata de ideología, sino de negocios. El empresariado chileno, uno de los menos innovadores y más rentistas del mundo, ha construido su fortuna con base en un modelo primario exportador, leyes a la medida, baja inversión en investigación y desarrollo, y subsidios o beneficios estatales encubiertos.
No les hablen de negociación ramal, derechos sindicales o mejoras salariales, porque inmediatamente desplegarán toda su artillería mediática y política para frenar cualquier cambio. Comprenden la lucha de clases mejor que nadie y cuentan con los medios para ganarla antes de que empiece.
La ciudadanía lo sabe: si el gran empresariado envía una carta a los candidatos de derecha, no es por patriotismo, sino porque los reconocen como sus representantes políticos. Y aquí cabe una reflexión incómoda para todos, cuando dicen “defender los intereses de todos los chilenos”, ¿realmente nos están incluyendo a ti, a mí, a quienes trabajamos por un sueldo? ¿O solo hablan de ese 1% al que pertenecen?
