Por qué los detectores de metales no solucionan el problema
Isabel Garrido Casassa. Socióloga. (c) Magíster en Gestión y Política Educativa
Hace algunas semanas, fuimos testigos de un hecho de violencia horrible y sin precedentes: una balacera en un establecimiento educativo de San Pedro de La Paz, Biobío. Este acto representa una violación inaceptable a un espacio en el que confiamos la seguridad de nuestros hijos e hijas, y merece una respuesta contundente por parte de los organismos encargados de la seguridad pública.
Es cierto que los crímenes en Chile se han vuelto más violentos, con un uso cada vez más frecuente de armas de fuego, lo que ha terminado por afectar incluso a las escuelas. Sin embargo, aprovechando el pánico generado, los sectores conservadores del país explotan una vez más los legítimos temores de la gente para proponer medidas que les permiten aparecer en titulares, pero que tienen poco sustento empírico. Se trata del clásico populismo penal: la retórica fácil de la «mano dura», que no resuelve el problema ni a corto ni a largo plazo.
Al contrario, la evidencia disponible demuestra que los detectores de metales son costosos, complejos de operar, no reducen la prevalencia de actos violentos y, paradójicamente, aumentan la sensación de inseguridad dentro de los colegios.
Imaginemos un caso hipotético: un municipio X destina $50 millones para instalar detectores de metales. A un costo promedio de $10 millones por pórtico, solo alcanzaría para cinco establecimientos. Frente a esa situación deberá focalizar donde se evalúe que hay mayor probabilidad de ocurrencia de porte de armas. Y como en nuestro país la educación está fuertemente segregada por niveles socioeconómicos, se instalarán en establecimientos ubicados en territorios con mayor prevalencia de delitos y pobreza, donde se atienden a las/los estudiantes más vulnerables.
Esto tiene un nombre: estigmatización. Es antipedagógico y antiético etiquetar a niños y niñas por el lugar donde viven. Esta medida afectará la autopercepción de la comunidad educativa, la valoración de las familias hacia el colegio y, eventualmente, la matrícula, en un círculo vicioso que ya conocemos bien. ¿Elegiría usted un establecimiento con un cartel que diga: «Aquí estudian personas potencialmente violentas» o «Aquí hay altas probabilidades de porte de armas»? Yo no.
Las escuelas son organizaciones vivas que, en condiciones adecuadas, pueden brindar oportunidades educativas sin importar su ubicación o la vulnerabilidad de sus estudiantes. Estigmatizarlas solo les hace más difícil esa tarea, no más fácil.
Sin ir más lejos, el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de La Paz, tristemente conocido por la ya mencionada balacera, es un ejemplo. Poco se ha difundido que este establecimiento público y no selectivo había logrado avances significativos en los últimos años: mejoró sus puntajes SIMCE, superando el promedio nacional en 4° básico; redujo a la mitad la proporción de estudiantes con aprendizajes insuficientes y optimizó todos sus indicadores de clima escolar. Hoy, esos logros han quedado eclipsados por ser «el colegio de la balacera».
La evidencia respalda esta crítica. Un estudio realizado en Estados Unidos que revisó 28 investigaciones sobre detectores de metales en establecimientos educativos concluyó que, en los colegios donde se instalaron, aumentó la sensación de inseguridad y desorden. Después de todo, un detector es la prueba fehaciente de que cualquiera podría portar un arma dentro del recinto. Otros estudios no encontraron relación entre estos dispositivos y la reducción de agresiones; solo uno señaló que disminuyó la presencia de armas dentro de las escuelas, pero sin impacto en la violencia fuera de ellas ni la prevalencia de amenazas o violencia hacia las/los estudiantes.
Para colmo, al momento de la balacera, apoderados y apoderadas del Colegio Nuevos Horizontes realizaban una actividad para recaudar fondos y mejorar la infraestructura del establecimiento. Un detector de metales en arco cuesta entre $6 y $14 millones, sin contar su mantenimiento. Hoy faltan recursos para reparar instalaciones eléctricas, sanitarias o goteras, y para material pedagógico y capacitaciones. En un contexto de recursos limitados, ¿de verdad queremos invertir en medidas intrusivas y sin respaldo de la evidencia?
Frente a la violencia escolar, la respuesta no puede limitarse a medidas cosméticas ni a discursos de mano dura. Necesitamos un enfoque dual: acciones inmediatas para proteger a las comunidades educativas y una estrategia de largo plazo que ataque las raíces del problema.
A corto plazo, urge fortalecer el trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior, las policías y los municipios para identificar zonas de riesgo con inteligencia territorial, no con prejuicios. Mejorar cierres perimetrales e instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Reforzar la presencia policial en horarios críticos, sin militarizar los espacios educativos.
Pero esto es solo el principio. La verdadera solución es estructural: menos armas en las calles y más inversión en escuelas dignas. Porque la seguridad no se construye con pórticos detectores de metales, sino garantizando derechos sociales básicos. Un niño o niña que crece con educación de calidad, salud accesible y oportunidades reales, es un adulto/a que vive una vida plena.
Lo ocurrido en el Colegio Nuevos Horizontes debería convocarnos a un debate serio sobre seguridad escolar. Sin embargo, algunos sectores han optado por la vía fácil: convertir el dolor en espectáculo mediático y el miedo en capital político. Mientras se promueven soluciones cosméticas con alto impacto mediático pero nulo sustento técnico, se posterga nuevamente la discusión de fondo sobre segregación escolar, acceso a armas y políticas preventivas. La verdadera responsabilidad no está en aparecer en titulares con medidas ‘duras’, sino en construir respuestas integrales que protejan a las y los estudiantes sin sacrificar la educación pública en el altar del populismo punitivo.
