Del papel a la práctica.
Por María Paz Muñoz Poveda.
En los pasillos la universidad, el murmullo de los estudiantes resuena con fuerza. Un eco destinado a sacudir inevitablemente una explosión de energía contenida durante generaciones, destinada a remecer inevitablemente las estructuras añejas de una sociedad dormida, cargada de miradas hambrientas de justicia y frustración.
El eco del «Mayo Feminista» de 2018 dejó una marca indeleble en la historia y la legislación chilena con la implementación de la ley 21.369. Sin embargo, seis años después, las políticas parecen enfrentar problemas que persisten en silencio, especialmente en la Universidad Austral de Chile (UACh), en la que estudiantes revelan las grietas en el protocolo de prevención de violencia sexual de la universidad.
La Facultad de Filosofía y Humanidades de la UACh, con las puertas cerradas y las ventanas adornadas con pancartas y lienzos hechos a mano como testigos mudos, respiraba con determinación esa jornada del 17 de abril de 2018. El movimiento resultó en la aprobación de la ley 21.369 y logró avances como la creación de una unidad de género en 2024 y la implementación de protocolos para abordar la violencia sexual. Sin embargo, pesar de los cambios realizados, estudiantes señalan que estas medidas no fueron suficientes, ya que de los problemas reportados en 2018 aún persisten.
Historias de esperas infinitas
Gisley Linares, estudiante de obstetricia, evoca con claridad el día en que decidió presentar una denuncia formal por acoso en la Universidad Austral de Chile. Su historia se teje a partir de años de soportar comentarios inapropiados y propuestas sexuales insistentes de un compañero en su hogar universitario, “al principio lo tomaba como una broma”, narra, como si intentara restarle peso a la carga que lleva. Sin embargo, el constante hostigamiento comenzó a afectar su salud mental y su desempeño académico, convirtiendo lo que era un espacio de aprendizaje, en un campo de batalla emocional.
El primer paso en su búsqueda de justicia fue dejar constancia en la recepción del hogar. Esa declaración, que esperaba que desencadenara acciones rápidas y efectivas, se transformó en una cadena interminable de trámites burocráticos. Gisley se vio obligada a repetir su doloroso relato en varias instancias: primero ante la fundación del hogar, luego ante la Comisión y finalmente a la abogada asignada a su caso. Cada repetición parecía añadir una capa más de frustración a su ya pesado equipaje emocional, “no entiendo para qué me hacen contar algo que me duele y simplemente lo derivan”, expresa, enfatizando la sensación de revictimización que experimentó al revivir su experiencia una y otra vez.
El tiempo avanzó, pero las acciones concretas no llegaron. A pesar de haber ratificado su denuncia y entregado su testimonio, el acosador continuaba residiendo en el hogar universitario, burlándose de la situación con sus amigos, “llevo un mes sin bajar a comer para evitarlo”, señala Gisley, dejando entrever el evidente agotamiento emocional que la consume.
Para otra estudiante, cuyo nombre se reserva por privacidad, el camino hacia la denuncia estuvo marcado por un profundo colapso emocional “lo denuncié porque comencé con ideaciones suicidas, depresión y ataques de ansiedad”, confiesa, evidenciando que su decisión no surgió de un sistema de apoyo efectivo, sino de la desesperación de convivir con su acosador. Aunque al principio los encargados de recibir la denuncia mostraron interés en ayudar, ese compromiso se desvaneció con el tiempo, “dejaron de responder sobre mi denuncia o actualizarme con información”, relata con tristeza.
El proceso, iniciado en octubre de 2022, se ha convertido en una experiencia lenta y dolorosa. Hasta la fecha, la institución no ha entregado una resolución concreta, “la última vez que supe algo fue cuando llevé testigos y di mi declaración, a inicios de 2024”, agrega, reflejando la frustración y el abandono que experimenta, comunes entre muchas víctimas que enfrentan un sistema burocrático y poco eficiente.
Los relatos de estas dos alumnas son solo ejemplos de lo que decenas de estudiantes han vivido y viven por culpa de la falta de agilidad y seguimiento, lo que refuerza la sensación de desidia en las víctimas. Esta inacción institucional perpetúa la angustia emocional, transformando lo que debería ser un proceso de justicia en una experiencia frustrante donde el tiempo parece estancarse, mientras el dolor y la inseguridad continúan acumulándose en quienes buscan apoyo en un entorno que prometía ser seguro y acogedor.
Políticas que no alcanzan
El objetivo de La Ley 21.369, promulgada en 2021, es “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros”. Entre los requisitos establecidos por esta normativa se incluyen modelos de prevención, sistemas eficaces de denuncia e investigación, y programas de capacitación destinados a sensibilizar a las comunidades educativas.
Sin embargo, a finales de mayo y principios de junio de 2024 decenas de estudiantes se congregaron en repetidas asambleas que resonaban con la frustración acumulada. Entre discursos y aplausos intermitentes, surgían demandas firmes dirigidas a la Comisión AVD. Las críticas eran claras, demoras interminables en las investigaciones, protocolos burocráticos que revictimizaban y una falta de eficacia que dejaba a muchas víctimas en el limbo.
El 17 de diciembre de 2015, la Universidad Austral de Chile aprobó la Política de Prevención y Sanción del Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria (AVD), con el compromiso de “promover y proteger los derechos fundamentales de todos sus integrantes”. Este hito marcó un paso importante hacia la construcción de un entorno educativo más seguro e inclusivo. Sin embargo, a pesar de los cambios realizados en el reglamento durante los últimos nueve años, la implementación de estas políticas no ha logrado satisfacer completamente las expectativas de la comunidad estudiantil.
Valentina Soto, abogada y profesional de apoyo Comisión AVD, señaló que “la demora en las investigaciones y la falta de medidas rápidas son los mayores problemas y específicamente son los tiempos de espera en las investigaciones jurídicas”. Aunque la Comisión implementa medidas de protección iniciales, como la separación de las partes, el proceso de investigación puede extenderse por más de seis meses debido a la sobrecarga de trabajo.
El protocolo, diseñado para ofrecer apoyo y soluciones, ha dejado a decenas de estudiantes con una amarga sensación de decepción e inseguridad. Según Antonia Santos, coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, “si bien estos mecanismos son necesarios, hasta el momento se muestran como insuficientes para atender las distintas expresiones de discriminación y desigualdad sexista».
Lo que debería ser un espacio seguro para plantear sus denuncias y encontrar justicia se convierte, para muchos, en un proceso frustrante que amplifica su vulnerabilidad. En lugar de recibir respuestas claras y acciones contundentes, enfrentan demoras y falta de seguimiento, erosionando la confianza en una institución que prometió protegerlos. Este sentimiento de desamparo resalta una desconexión crítica entre las políticas planteadas y su implementación en la práctica.
Una deuda institucional
Gisley Linares, ya anticipaba que el proceso sería inútil, “no tenía fe en lograr algo, otra compañera denunció violencia en su relación, y terminaron culpándola a ella”, relata. Este sentimiento no es aislado. Muchas víctimas comparten la sensación de enfrentarse a un sistema diseñado para proteger, pero que en la práctica las revictimiza, convirtiendo lo que debería ser un apoyo en una carga emocional más pesada.
Esta desconexión no es solo perceptual, sino estructural. Según una encuesta realizada por la Secretaria de Género y Sexualidades (Segesex), apenas el 1,24% de los estudiantes menciona a la Comisión AVD como una instancia de apoyo, reflejando una grave falta de difusión. Paula Vásquez, abogada de la Comisión, admite que los largos tiempos de espera y la sobrecarga de trabajo dificultan una respuesta adecuada.
Además, el programa “Cambiar es Avanzar”, diseñado para liderar iniciativas preventivas, enfrenta serias limitaciones. Aunque sus objetivos incluyen capacitaciones y talleres de sensibilización, carece de los recursos necesarios para implementar estrategias sostenibles y efectivas. Esto refleja un compromiso institucional más retórico que práctico; las palabras resuenan vacías cuando no van acompañadas por acciones concretas que transformen realmente el entorno académico en uno seguro y acogedor para todos.
Lilith Trujillo, integrante de la Segesex añade que la UACh aprobó recién en 2023 un modelo preventivo, financiado mayoritariamente por fondos externos. Según Trujillo, esto refleja la falta de un compromiso sólido de la institución para cumplir con los estándares exigidos por la Ley 21.369
La falta de difusión de estos mecanismos y la percepción de ineficacia de las instituciones perpetúan la desconfianza entre los estudiantes. Como resultado, muchas víctimas eligen no denunciar, atrapadas en un limbo donde el tiempo y el silencio refuerzan su vulnerabilidad. Este escenario evidencia que la UACh, aunque con avances importantes, aún tiene un largo camino por recorrer para saldar su deuda con la equidad y la justicia.
