“No queremos que otras familias vivan el mismo dolor que nosotros, a consecuencia de un Chile a medias”, señaló hace unos días atrás a través de redes sociales, María Paz Ibáñez, hermana de Loreto Ibáñez y cuñada de Patricio Vistoso, quienes el 1 de mayo de 2017 fueron aplastados por una enorme roca mientras conducían su vehículo en las cercanías de Puyuhuapi, donde se realizaban obras en la carretera austral, por parte de las empresas Besalco y Creaxxion-len, contratadas por el Ministerio de Obras Públicas.
Este miércoles en el Juzgado de Garantía de Puerto Cisnes, se realizó la audiencia de formalización de cinco imputados por cuasi delito de homicidio. “Se formalizó a tres personas de la empresa Besalco y otras dos de Creaxxion-len y en términos generales lo que se imputa es cierta negligencia en la ejecución del trabajo o su vigilancia, de este ensanche que se realizaba en la ruta cercana a Puyuhuapi y a consecuencia de esa negligencia cayó una roca sobre un vehículo que transitaba por el lugar y lamentablemente resultaron fallecidas dos personas”, informó el fiscal Álex Olivero.
Según explicó el fiscal del Ministerio Público en la audiencia, los imputados trabajaban en dicha ocasión en roles de jefatura para dos empresas que estaban a cargo del mejoramiento de la Ruta 7 y asesoría en la inspección fiscal, a quienes se les atribuye responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de dos personas. Los imputados cumplían funciones de jefe de terreno, jefe de prevención de riesgos, supervisor de minería, jefe de la asesoría de inspección fiscal y jefe de topografía.
Es así que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo nacional, “para asegurar la comparecencia de los imputados”, mientras que el plazo de investigación se fijó en 120 días.
Pedro Ibáñez, padre de Loreto, señaló a Cooperativa que «nos ha costado mucho y creemos que estamos peleando contra un monstruo que tiene diez cabezas y cien tentáculos, por lo que es más difícil. Pero creo que lo vamos a lograr y vamos a salir adelante, para que les sirva de esperanza a otras familias que quizá no han podido llegar, a donde hemos llegado nosotros», indicó.
Cabe señalar que la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros (SIAT) fue la primera en acudir al lugar del accidente el 1 de mayo de 2017 y luego la Fiscalía encargó indagatorias a la Brigada de Homicidios de la PDI, como asimismo se confiaron pericias a una entidad privada de geólogos, “con el fin de determinar cuáles fueron las causas de la caída de esta roca” y de esa manera precisar si fue fortuita o debido a negligencia.
Olivero señaló que “a nuestro juicio tienen responsabilidad en los hechos que se están formalizando, pero la palabra final siempre la tiene un tribunal de la República”, acotó el fiscal Álex Olivero.
Según lo expuesto en la audiencia por el fiscal, este tipo de trabajos debía efectuarse “cuidadosamente, cualquiera sea la naturaleza del terreno donde se encuentra el talud, y en aquellos taludes de roca o conglomerados con bolones, debían ser sometidos a un acuñado que elimine los trozos o piedras inestables”.
Pese a lo anterior, añadió, “este trabajo no se desarrolló cuidadosamente, puesto que se permitió la acumulación de material y rocas sin que tomarán las mínimas medidas que permitieran mantener estable el terreno, omitiéndose el proceso de acuñado y eliminación ya descrita”.
Sumado a lo anterior, el día 29 de abril de 2017 en la tarde se declaró Alerta Verde Temprana Preventiva para la Región de Aysén por precipitaciones y viento de intensidad moderada a fuerte.
Caída de Rocas
Es así que en el lugar comenzó una fuerte lluvia, “siendo totalmente previsible la caída de rocas sobre el camino, los funcionarios de la empresa constructora no instalaron ninguna medida de mitigación para evitar la caída de las mismas, y así evitar daños a terceros, tales como mallas de contención. Del mismo modo, no instalaron ningún letrero que advirtiera a los conductores el peligro de derrumbes o caída de rocas que existía en ese momento”.
Por su parte, los trabajadores de la empresa de asesoría fiscal, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal Olivero, “omitieron precaver la necesidad de contar con elementos de mitigación para posibles derrumbes y caída de rocas, así también, el de advertir la instalación de letreros que dieran señales del peligro de derrumbe existente en el lugar”.
Del mismo modo, durante los meses que se ejecutaba el contrato, “la empresa no dispuso la concurrencia de un prevencionista de riesgo que revisara la forma de ejecución de los trabajos y el riesgo para terceros existente, así como la eficiencia del plan presentado por la empresa constructora para la prevención de riesgos”.
Negligencia
“Frente a todas estas negligencias, las fuertes lluvias que habían sido advertidas, produjeron que las arcillas se saturaran de agua, las que se plastificaron, por lo cual la masa de suelo y roca perdió su estabilidad, situación que era perfectamente previsible, resultando con fecha 1 de mayo de 2017, alrededor de las 19:30 horas, la caída de tierras y rocas”, una de ellas de un metro y 60 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto, la cual impactó el vehículo conducido por las víctimas, quienes lamentablemente fallecieron a raíz del impacto.
De acuerdo a la investigación, a consecuencia de estas infracciones y actuar negligente de los imputados en la ejecución de la obra y en la fiscalización de la misma, se produjo la caída de la roca y el fallecimiento de dos personas.
