El caso MOP GATE cubrió miles de páginas en diarios y horas de noticias en canales de televisión y radios. Esto luego de conocerse en 2002 que algunos empresarios coimeaban a autoridades para aprobar proyectos y descubrir sobresueldos a unos 130 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, por trabajos no realizados. De los condenados, ninguno sufrió penas aflictivas y solo recibieron multas, las que hasta hoy no han sido pagadas. Se trata de unos 2300 millones de pesos.
El caso PENTA fue un fraude al fisco chileno, por parte de las empresas Penta, mediante facturas y boletas ideológicamente falsas y que permitía el financiamiento de las campañas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), donde cayó en desgracia Jovino Novoa y Pablo Wagner, entre otros, por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito y donde también se hicieron conocidos los empresarios controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes a pesar de la gravedad de los delitos solo recibieron clases de ética.
El caso Soquimich o SQM también tiene que ver con el financiamiento ilegal a través de esta empresa controlada por el ex yerno del Dictador Augusto Pinochet.
Julio Ponce Lerou pagó casi 13 mil millones de pesos a unas 300 personas, para financiar campañas políticas, tanto parlamentarias y presidenciales y con ello controlar al Congreso Nacional y las votaciones que allí se hacen.
El caso Corpesca, también tiene relación con el cruce entre grandes empresarios y la presión que ejercen sobre las autoridades para sus propios intereses. El símbolo del caso es Jaime Orpis, ex senador de la UDI, quien se encuentra cumpliendo pena por cohecho, tras recibir más de 200 millones de pesos a través de boletas ideológicamente falsas.
El 2006 los estudiantes levantaron lo que luego se llamaría como la revolución pingüina, porque fue liderada por estudiantes secundarios, que exigían educación pública y de calidad y la derogación de la ley orgánica constitucional de enseñanza (LOCE), aprobada los últimos días de la Dictadura y que impide al Estado tener un rol más activo en la educación, la que queda en manos de privados.
Estas protestas se volvieron a levantar el año 2011, donde se sumaron con fuerza las universidades e institutos del país para reformar el sistema de acceso a la educación superior, aumento del gasto público en educación y democratizar el sistema.
Paralelamente, pequeñas localidades como Freirina, Magallanes y la región de Aysén en 2012, incoaron sendos movimientos sociales, cuyo origen está en la desigualdad que genera el sistema económico y político del país, que precariza la vida de las personas y las mantiene con ingentes deudas para mantener un mínimo estándar de calidad de vida, viviendo en una bicicleta eterna.
También en los últimos años Quintero-Puchuncaví y Petorca, se han alzado demandando poner fin a la contaminación ambiental que cada año deja muertos y enfermos y la falta de agua para el consumo básico, donde los grandes empresarios de palta se hicieron con los derechos de agua y dejaron sin el recurso hídrico a miles de personas, cosa que se repite con las forestales en el sur y los famosos monocultivos de pino y eucaliptus.
Como olvidar a mediados de la década pasada cuando se levantó a través de multitudinarias marchas por todo el país y que daría origen al movimiento No Más AFP, que busca terminar con las pensiones de hambre para chilenos y chilenas, donde tras los retiros del 10% más de la mitad de trabajadores y trabajadoras quedó con cero pesos en la cuenta de capitalización individual. De no existir un cambio hacia la seguridad social esos trabajadores están condenados a la pobreza una vez se jubilen.
Todos estos antecedentes y otros que se nos pueden escapar son parte de lo que el 2019 provocó la revuelta popular, en la que más de 30 personas murieron y decenas quedaron con secuelas oculares y de otro tipo. A esos muertos, como aquellos de antes, les debemos una nueva forma de relacionarnos, donde el respeto por el otro y la otra esté presente, donde el bolsillo no determine la vida y la muerte, donde la naturaleza sea respetada y donde las mujeres tengan el lugar que les corresponde en el desarrollo de nuestra sociedad.
Por eso aprobamos, porque queremos dejar atrás éstas y tantas otras demandas largamente postergadas, por una Constitución que solo representa a ese 1% de la sociedad chilena.
No tenemos opción. No nos rendiremos
