Asegura que usa la droga para fines terapéuticos y medicinales y que fue parte de Fundación Daya, quienes reconocen sus conocimientos y asesorías para el uso medicinal del cannabis.
Casi un año y medio sin ser llevado a juicio, con la medida más gravosa que contiene la legislación chilena para imputados, es decir, la prisión preventiva. Esa es la condición actual de Demetrio Jiménez López, quien cansado de lo que desde su punto de vista es una grave injusticia, quiso hacer pública su situación.
Hace aproximadamente un año y medio fue detenido por plantación de cannabis sativa, las que -según asegura- utiliza para uso medicinal, lo que se encontraría plenamente justificado a través de recetas médicas sucesivas.
Su testimonio toma peso y queda demostrado con fotografías en participación en seminarios y como estrecho colaborador de la Fundación Daya, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es la investigación y promoción de terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano, como asimismo colaborar y asesorar en el diseño de políticas públicas que promuevan el bienestar físico y espiritual de las personas y que mantiene dentro de esas terapias el uso medicinal del cannabis sativa.
Para Demetrio se trata de un problema de persecución a nivel nacional que recrudeció bajo la administración Piñera. “Nosotros como usuarios y con nuestras recetas, jamás pensamos en pasar por este tipo de situaciones, sin término de investigación, en mi caso a un año y medio”, enfatizó.
La ley 20.000 de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en su artículo octavo señala que ante la tenencia de plantas puede estar justificado siempre y cuando “estén destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual se aplicarán sanciones de los artículos 50 y siguientes”.
Es decir, multas, asistencia a programas de prevención, participación en actividades a beneficio de la comunidad, entre otras, pero de ninguna manera prisión efectiva.
El joven padre de cuatro hijos, agregó que tras meses tratando de salir de la prisión preventiva esto no ha sido posible. De acuerdo a Demetrio se encuentra en juicio por el “cultivo de dos plantas, que están acreditadas para uso personal y próximo en el tiempo, que equivale al artículo ocho de la ley 20.000”.
Estos recursos y gastos en los que incurre el estado no estarían justificados, ya que no apuntan al tema de fondo que es el tráfico, sino a situaciones de cultivos para fines terapéuticos, señalan desde la propia fundación que lideró la ahora diputada y activista, Ana María Gazmuri.
Además del cuestionamiento a los médicos que entregan las recetas, lo cual a juicio de Demetrio no debería pasar, “y un fiscal no se puede meter en el criterio de un doctor, porque no estudió medicina. Una vulneración a mí y a mis hijos, entrando a una propiedad a punta de pistolas, doce PDI como si uno fuera un traficante o ladrón, nunca había visto tanta vulneración de derechos como lo que estamos pasando ahora”, se lamenta.
En el momento de ser detenido mostró los papeles médicos y la respectiva renovación de las recetas cada seis meses y “la PDI siempre lo supo, pero no se hizo cargo, porque no saben cómo se maneja la ley 20.000, piensan que todos los que cultivamos es para traficar y en realidad es para alejarse del tráfico”, añade.
Las recetas que ha mantenido Jiménez fueron emitidas por tres médicos diferentes, entre ellos el actual delegado presidencial, Rodrigo Araya, “cuando trabajé con él en la fundación, me dio las recetas, me encontró la patología y me hizo saber cómo usar el cannabis y luego estuvimos en seminarios para aprender la dosificación para cada patología”, manifestó.
Muchas de las plantas que habrían sido requisadas por la policía eran apenas esquejes, es decir, plantines de no más de un centímetro de altura.
La pregunta es cuáles son los estándares para determinar el tráfico del consumo personal. Para Demetrio Jiménez existen irregularidades, ignorancia y ensañamiento, ya que el fiscal “siempre pone uno que otro motivo para no cerrar la investigación o llegar a un juicio”.
Este lunes o martes se verá su causa en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pero lo que busca finalmente -dice Demetrio Jiménez- es que “lo que me pasó a mí, no le pase a nadie más”.
NO Más presos por plantar
La Fundación Daya decidió tomar cartas en el asunto y apoyar a las decenas de casos similares que existen en el país, desde el punto de vista comunicacional, pero también desde los judicial.
De hecho, hace unas semanas una usuaria de cannabis medicinal fue absuelta y el Ministerio Público deberá pagar las costas del juicio, lo que se logró gracias al apoyo de la clínica jurídica de la fundación.
Andrea Aguayo, habilitada en derecho y egresada de la carrera, es parte del equipo penal que defiende a Jiménez, quien asegura que Demetrio “no tenía ningún elemento, más que las plantas de cannabis para que presumiera tráfico, no tenían otros elementos que configuran el delito”.
En otras palabras, no había droga dosificada, ni nada que pudiera configurar el delito de tráfico. “Demetrio es cannabis cultor, es muy conocedor de su cultivo, por una necesidad personal, consume cannabis de manera terapéutica y decidió aprender a cultivarla y adquirió tanto conocimiento, que trabajó en un proyecto de Fundación Daya, el 2017, donde trabajó como asesor y cannabis cultor en este proyecto que pretendía tratar a pacientes medicinales de la región”.
Tras el proyecto, Demetrio continuó trabajando en asesorías y realizando talleres para personas que lo requiriesen. “Él siente que existe una persecución contra él y su trabajo con el cannabis y eso queda demostrado por el retraso de algunos medios probatorios que no ha incorporado la Fiscalía y por eso se ha prolongado tanto su prisión preventiva”.
Todo el trabajo se hizo en regla, sin embargo, la situación dio inicio tras una investigación iniciada a una familia de la zona asesorada por Jiménez, y donde una persona con cáncer requería la medicina del cannabis para tratamiento paliativo del dolor.
La fiscalía – a juicio de Aguayo- no presenta las pruebas probatorias que configurarían el tráfico “y no hemos podido tener acceso a eso, por la tardanza en la entrega”.
Estos retrasos dificultan la defensa de Jiménez, siendo una de varias causas similares en Aysén. “Nosotros contamos con todos los medios y pruebas para demostrar absolutamente todo lo que le comento, pero ha sido muy difícil el proceso debido a la negligencia y obstáculos interpuestos durante todo el procedimiento por parte de fiscalía, la fiscal ha retrasado y suspendido antojadizamente audiencias, ha solicitado informes y peritajes que han tardado en llegar y no los ha proporcionado oportunamente a la defensa entre otras cosas que ha hecho para entorpecer el proceso”, dijo Aguayo.
Tanto la Fiscalía, como las policías de Aysén, no tendrían la suficiente formación en los procesos de uso medicinal del cannabis y eso impediría aplicar el criterio que corresponde por ley.
Fundación Daya
Nicolás Dormal, es director de Fundación Daya y asegura que “este caso nos llamó mucho la atención, por eso decidimos apoyar comunicacionalmente en el caso y revisando los detalles del proceso, Demetrio no debiera estar en prisión preventiva. Veo que hay una intención de la Fiscalía de acusarlo de tráfico, cuando al parecer no hay indicios que así lo demuestren. Hay muchas personas y pacientes en el país que han aprendido a cultivar sus propios preparados para autoadministrarse, obviamente con los seguimientos médicos”.
El directivo agregó que “son muchos los pacientes que han descubierto un real alivio a través del cannabis y luego ayudan a otros y eso pasa en todo el país, por un imperativo ético y eso no es tráfico, sino asesorar a otras personas para que lo hagan correctamente”.
La acusación implica también el cultivo ilegal, cuando la ley 20.000 exime el cultivo doméstico de toda penalidad a todos que no lo hagan con permiso del SAG, “ahora el permiso es única y exclusivamente para fines industriales, el SAG no otorga permisos para el uso doméstico y se cae en el error de que alguien cultivaba en su casa sin permiso del SAG”, aclara el directivo.
De este modo, la ley 20.000 en sus artículos 4, 8 y 50 exime de toda penalidad a quien cultiva en su casa para uso personal, “por lo tanto no se le puede exigir a un usuario un permiso que no existe”.
Desde el año 2015 son innumerables los fallos en ese sentido en todo el país, “y ahora ha permeado a los tribunales de todo el país”.
Dormal dice que la ley no establece límites en cuanto a número de plantas para uso doméstico, y reconoce que se debe avanzar en esa línea, “y ha habido cultivos personales que han salido absueltos por hasta 40 plantas y eso lo hemos visto, el tema es para qué van a ser esas plantas y mientras no haya un reglamento claro que establezca límites, lo único que importa es para qué serán destinados, si son para mi uso personal pueden ser cuarenta y si son para traficar una planta es tráfico y en esa disyuntiva estamos”.
En los cultivos medicinales muchas plantas en realidad son plantines, es decir, esquejes que luego se seleccionan, ya que mueren, se enferman y otras no producen.
“Hemos visto fallos absolutorios para pacientes que usan cannabis sin contar con una autorización o prescripción médica, pero pudiendo acreditar su enfermedad y hay una vasta literatura científica que asocia el tratamiento con cannabis con la patología, dolencia o condición que tiene el usuario”.
Según Dormal desde el gobierno de Sebastián Piñera existió un recrudecimiento de la persecución a quienes utilizan la marihuana para uso medicinal y que esperan una señal de la administración de Gabriel Boric para asegurar que no se hostigará a personas que utilicen el cannabis para dolencias y uso medicinal terapéutico, tal cual se comprometió en el programa del gobierno.
“Estas medidas no le hacen mella al real problema del narcotráfico, andar gastando recursos públicos, es un despilfarro y no se focaliza los esfuerzos policiales y judiciales hacia los puntos que realmente importan. Hay una falencia gigantesca del sistema que genera vulneración de derechos de los usuarios y en el caso de Demetrio no es de ninguna forma un peligro para la sociedad y es absurdo que esté privado de libertad”, puntualizó.
Persecución a usuarios medicinales no ataca el problema del narcotráfico
“Pretender que con la persecución de los usuarios van a impactar en la demanda es un error gravísimo, porque solo van a provocar es que con ese miedo que infunden lo único que van a lograr es empujarlos a proveerse de las redes del narcotráfico, hay un error garrafal en el sistema, la famosa guerra a las drogas que ha fracasado por completo. La ley 20.000 exime lo punible para el uso personal y no se ha aplicado correctamente y sobre todo en la región de Aysén hemos visto un ensañamiento con los usos personales, hay otros casos que estamos viendo, que no puedo revelar, porque hay una atmósfera de estigmatización muy grande y que esperamos termine pronto”.
Según informó la prensa en noviembre de 2020, personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI hizo ingreso al domicilio de Demetrio Jiménez, inmueble donde halló e incautó una instalación de cultivo de marihuana indoor con 48 plantas de cannabis sativa; más 800 gramos de la especie en estado de maceración; 400 centímetros cúbicos de la droga en estado líquido; contenedores, ventiladores, luces led, fuentes de poder y balastro eléctrico, entre otros elementos y un millón de pesos en efectivo.
Cabe señalar que desde Fiscalía de Coyhaique señalaron que la fiscal a cargo del caso de Demetrio Jiménez se referirá al tema esta semana.
