*Comisión de Descentralización y Formas de Estado, tras su paso por la región de Aysén, levantó la idea de un estado regional y entidades autónomas, la que es patrocinada por 14 convencionales, entre ellos Yarela Gómez de Aysén.
Una propuesta normativa que, de ser aprobada, podría cambiar la forma del estado, tal cual lo conocemos en la actualidad, es patrocinada por 14 convencionales constituyentes y nació tras las sesiones que la comisión de descentralización y formas de estado realizó en la región de Aysén esta semana. “Desde la región de Aysén tenemos una excelente noticia que darles hemos construido una norma transversal sobre formas de estado, por el cual establecemos que Chile es una Estado regional, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”, señala un grupo de convencionales encabezados por Yarela Gómez.
Entre los fundamentos de la propuesta se encuentra “la aspiración de profundizar la democracia que está en el centro del proceso constituyente que vivimos, no sólo se expresa a través del cuestionamiento al sistema político, sino también se vincula con la organización territorial del Estado, como anhelo del autogobierno y democratización de nuestra República, así como en las regiones y comunas que habitamos. La historia política e institucional en nuestro país, así como la práctica política que la ha caracterizado hacen válida esta afirmación. Desde su fundación, Chile ha adoptado una forma de Estado unitaria, con fuertes elementos de centralización política, herencia del pasado colonial y el molde afrancesado del Estado jacobino-napoleónico con el breve interludio del ensayo federal”, señalan los constituyentes.
“Hemos presentado la primera norma constitucional para forma de Estado. Esta iniciativa constituyente consagra un estado regional y entidades autónomas, es decir, pasamos de un Estado centralizado a decir que Chile es un estado regional, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad, solidaridad entre todas ellas, pero siempre preservando la unidad e integración del Estado”, abundó la constituyente de Apruebo Dignidad.
Igualmente, los 14 convencionales constituyentes advierten que “cualquier proceso de cambio constitucional necesariamente implica reorganizar el poder en todas sus dimensiones. La iniciativa que se propone constituye una alternativa política en la relación que tiene el poder con el territorio sobre el que se ejerce, proponiendo el establecimiento de un Estado Regional que se haga cargo de las demandas democratizadoras, la autonomía, la desigualdad territorial, el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la protección de la naturaleza, considerando el trayecto avanzando para transitar hacia una nueva forma de Estado donde se distribuye territorialmente el poder, permitiendo el desarrollo de cada uno de los proyectos de vida, independiente el lugar donde nazcas o decidas vivir. De este modo, el nuevo arreglo constitucional regional con autonomía de sus entidades territoriales como núcleos políticos, no se asume como consecuencia de una posición académica ni apegos conceptuales abstractos; sino como una fórmula flexible, habilitadora y que reconoce las demandas y autonomías preexistentes”.
De acuerdo al texto propuesto se puede leer en su artículo 1 que “Chile es un Estado Regional conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, desarrollo armónico, adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales, atendiendo especialmente a aquellas ubicadas en territorios insulares y zonas extremas”.
En su artículo 2 indica que “el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”.
Lo que se busca es entregar potestades a los territorios, para que sean ellos los que decidan acerca de diversas materias de su interés e incumbencia. Como existen diferencias entre las distintas regiones del país, para Gómez Sánchez, debe quedar claro que es “deber del estado promover la cooperación, el desarrollo armónico, adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales con especial énfasis a aquellas zonas extremas y territorios insulares”.
El Estado se organizará territorialmente en zonas autónomas, que contarán con personalidad jurídica, estatuto patrimonial propio, con potestades y competencias para que sean un autogobierno, “con el límite del interés general, la delimitación de competencias que se establezca en la Constitución y las leyes”.
La delimitación de eventuales nuevas zonas o regiones para el país deben considerar contextos históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, “garantizando que esto siempre se realice con participación popular, democráticas y vinculante”.
Es así que se pretende descentralizar, entregar herramientas de autonomía a las regiones y desconcentrar el poder, “estamos dando un paso histórico, de siglos de centralismo en Chile”, subrayó Gómez Sánchez.
