En Chile existe una enorme concentración de medios de comunicación en pocas manos, grupos económicos mantienen o son propietarios de los medios más grandes del país y esa propiedad tiene directa relación con la capacidad de influir en la población, a través de mensajes cuidadosamente elegidos. Sin duda, existe un control cultural sobre las personas, donde la elite interpreta y el ciudadano común solo obedece y acciona.
Estos medios también pautean, de una u otra forma a los denominados medios alternativos o contra hegemónicos, porque éstos no tienen opción de competir en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones trasnacionales que imponen el orden mundial.
De este modo controlan la cultura y sus factores subjetivos y, de paso, la opinión pública, globalizando la interpretación de los hechos para su beneficio.
La hegemonía globalizante y las banderas de la libertad son mansamente atadas por la noción de mercado, que nos reitera en cada espacio público que nada puede haber, ni existir fuera de él. Un estado pequeño es tierra fértil para aplastar la iniciativa a través de un discurso pre hecho. Así vemos como todos nuestros derechos están mercantilizados y lo mismo pasa con el derecho a la comunicación.
Por eso la Nueva Constitución debe contener y consagrar este derecho, no sólo porque eso facilitaría avanzar hacia una democracia moderna, sino que permitiría mantener una memoria colectiva más profunda, a una ciudadanía crítica y opinante. Para lograrlo se requiere un pueblo permanentemente movilizado, atento, que tenga acceso a diversos contenidos locales, territoriales, de cosmovisión de pueblos originarios, feministas y de género, materias que no existen actualmente en los medios de comunicación.
Derecho a la comunicación significa no sólo la capacidad de mantener medios de comunicación, sino convertirla en un derecho humano, que filosóficamente es mucho más profundo, porque se complementa con la libertad de expresión individual. Es asegurar no solo recibir información, sino a difundirla sin limitaciones y en igualdad de condiciones.
En Chile no tenemos ley de medios y la ley de prensa vigente, no asegura ni el derecho a la comunicación, ni menos la libertad de expresión en su amplio sentido, aun cuando aquello aparezca en la actual Carta Magna.
Ante este escenario, el Colegio de Periodistas, viene trabajando hace años una propuesta para asegurar este derecho esencial para todos los chilenos y chilenas y para ello ha planteado que el Estado debe asegurar la coexistencia de al menos medios privados, públicos y comunitarios, con financiamiento regulado directo. En esa misma línea, contar con medios públicos estatales no sujetos a las leyes del mercado, que ofrezcan pautas culturales e informativas distintas.
Es obvio que estas propuestas exigen ser socializadas, discutidas con las organizaciones sociales y con la comunidad, que es la manera en que las fórmulas se legitiman, siempre de cara a la población.
Igualmente urge poner límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, con el fin de asegurar pluralismo, diversidad de contenidos y proyección.
En este sentido es prioritario equilibrar el avisaje y la publicidad estatal, leyes que impidan la concentración, fortalecer medios locales y comunitarios y asimismo fomentar el pluralismo.
El derecho a la comunicación debe ser consagrado en la Nueva Constitución, cuanto mayor sea la resistencia del sector que mantiene su propiedad, como de seguro ocurrirá, más clara es la señal de que este derecho debe estar contenido en la norma fundamental del país.
