Cuando se conoció el primer caso de COVID 19 en Chile, el régimen encabezado por Sebastián Piñera salió inmediatamente a poner paños fríos, señalando que estábamos preparados desde enero para enfrentar la pandemia. Incluso no se quedó allí y dijo que con 100 mil enfermos de manera simultánea el sistema todavía soportaría bien, en adelante las cosas se complicarían. Su Ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue bastante más optimista y señaló a los medios de comunicación que “con 430 mil casos, estamos preparados”.
Las cifras entregadas este domingo indican que todavía no se llega a los 70 mil casos y el sistema de salud se encuentra con serios problemas de camas y ventiladores mecánicos, ni imaginar el escenario con 100 mil o 430 mil contagiados.
La sumatoria de errores, primero con la crisis social y luego con la sanitaria, ha obligado a que el Presidente salga cada cierto tiempo pidiendo disculpas por sus acciones, siempre en contra de lo que el sentido común indica o el simple tacto señala. Estos errores podrían significar un daño irreparable a las instituciones del Estado, porque las improvisaciones de las autoridades se pagan con altos costos. En Educación, el régimen piñerista ha dado tumbos con declaraciones que se contradicen a diario, lo mismo ha ocurrido en otras reparticiones como deportes y más mediáticamente en salud, que es justamente el Ministerio que debería dar tranquilidad a la población.
Hace unos días Piñera, por cadena nacional, dio a conocer nuevos beneficios para el 70% del 40% más pobre, según dijo su Ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, un juego de palabras, un cantinfleo para aparecer que son más los beneficiados, cuando son menos. Se trata de una caja de alimentos. Al principio se había dicho que incluía también a amplios sectores medios, “el 70% de los más pobres del país”. Luego Sichel diría que están destinadas “al 70% promedio de las familias de la Región Metropolitana, de las comunas que están en cuarentena”. Plop.
En síntesis, dos y medio millones de cajas adquiridas al retail, SMU de Álvaro Saieh incluido, controlador de Copesa y Unimarc entre otras muchas empresas, parte de la colusión de los supermercados que afectó gravemente a los consumidores hace unos años.
Si bien es cierto esta suma de medidas son un aporte para las familias chilenas, mejor hubiera sido reunir todos estos recursos en un solo paquete económico, es decir, en vez de pagar por cajas de alimentos a proveedores, traslado de estas cajas a todo el país, mejor se habría visto entregar esos recursos a las familias más desprotegidas en dinero, para darles certeza de que podrán contar con esos montos.
Además, muchas medidas no se conversan con los alcaldes, que son las autoridades locales que mejor conocen su territorio y la logística. Hace unos días supimos que se destinarían montos para todas las comunas del país, que incluía poco menos de 300 millones de pesos para Coyhaique, poco menos de la mitad para Aysén y distintas cifras para las 10 comunas de la región.
Sin embargo, en el tema de las cajas de alimentos, no se tiene certeza si llegarán también a comunas de Aysén, en qué términos lo harán, quiénes serán los beneficiados y cómo se distribuirán y ya ha pasado una semana desde el anuncio.
Las improvisaciones, contradicciones, medias verdades, ayudas insuficientes hasta para los organismos internacionales más conservadores, generan un legítimo temor en la población, donde hace semanas se comenzó a cruzar la pandemia social con la sanitaria, sin que el régimen piñerista entregue respuestas adecuadas, porque simplemente el Estado no puede tras décadas de desmantelamiento.
Por eso una de las ideas que cobra mayor fuerza durante estas semanas es suplementar las arcas fiscales vía reducción de la elusión tributaria, que suma miles de millones de dólares cada año y un impuesto a los “súper ricos”, idea que encabeza la parlamentaria comunista Karol Cariola y que busca aplicar un impuesto patrimonial de 2,5% a las mayores fortunas del país, poco más de cien personas y que servirían para recaudar recursos para las familias más pobres. Con esto el Estado podría contar con más de 6 mil millones de dólares para crear una renta de emergencia que beneficiaría a millones de personas durante los peores meses de la pandemia.
Los partidos de gobierno, particularmente la UDI y Renovación Nacional, han salido a señalar que no es una buena idea con la economía en recesión. La historia se cuenta sola.
