Mientras la Ex Concertación, el oficialismo y parte del Frente Amplio, se abrazaban pasadas las 2 de la madrugada del viernes, en la Plaza de la Dignidad de Santiago moría un joven de un paro cardiorrespiratorio, en medio de la represión de Carabineros, que incluso y según acusan desde el SAMU, impidió que fuera atendido en el lugar con la rapidez que la gravedad del hecho requería.
Mientras corrían los abrazos apretados entre Felipe Kast, el mismo que mintió al país en el Caso Catrillanca, avalando la versión del enfrentamiento con carabineros, con Georgio Jackson y Gabriel Boric, en poblaciones de Chile esa misma institución apaleaba a manifestantes y más de uno perdía parcialmente la vista, otros tantos eran detenidos y torturados. Al finalizar su espurio acuerdo y como una manera de hacerlo más hiriente, le llamaron el “acuerdo por la paz social y nueva constitución”.
La Mesa de Unidad Social es una organización que funciona desde agosto pasado y reúne a más de 200 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, medioambientales, pueblos originarios, juntas de vecinos, feministas, estudiantes, entre otras y no fue considerada para esta reunión de tanta importancia, ni siquiera se les invitó y si se hizo, sólo fue para observar cómo otros lograban los acuerdos, sin que ellos tuvieran nada que decir, ni pito que tocar. En otras palabras, meros observadores de un pacto que el pueblo empujó a través de la movilización de millones en las calles del país, pero que negocian otros, los mismos que provocaron la crisis institucional y política. ¿Deja Vu?
Analizar el acuerdo propiamente tal nos lleva a tener una mesurada expectativa, porque naturalmente hay que reconocer que es un avance, al menos aseguramos que lo que salga de este proceso no debería llevar el sello de Jaime Guzmán. No obstante, hay que ser contenidos ante tanta palabra bonita acerca de este acuerdo, porque la historia demuestra que cuando aquello ocurre, generalmente son malas noticias para la gente.
Es dable entregar el beneficio de la duda y ver cómo se generan y aseguran en los reglamentos la participación de las mujeres, los pueblos originarios y minorías que deberán estar representadas en la Asamblea Constituyente, eufemísticamente llamada, Convención Constituyente. Por supuesto habrá que estar atentos a qué fórmula se genera para asegurar que la dueña de casa o el dirigente poblacional tenga la misma opción de integrar la asamblea, de forma independiente y sin un partido político, como seguramente lo harán otros reconocidos dirigentes, que no necesariamente se traduce en una mayor representación popular.
Hay que ver tantas cosas en el camino hasta abril de 2020, que salir a celebrar un acuerdo inicial a esta altura es casi irresponsable, pueden pasar muchas cosas de aquí a cinco meses. El pueblo es sabio y seguirá en la calle, porque este afán desmovilizador de los medios de comunicación y los políticos firmantes del “acuerdo” es visto con reticencia, por lo demás tampoco se ha solucionado la agenda social que demanda Chile, sobre todo el tema previsional y el sueldo mínimo, medidas urgentes y necesarias hoy, no en dos años más.
También habrá que ver si el guarismo de los 2/3 se disminuye a un 3/5 para que una minoría no termine vetando avances estructurales y que queden consagrados en la Constitución y no en leyes accesorias de menor importancia respecto de ella. Porque si bien es cierto, no es lo mismo los 2/3 partiendo de una hoja en blanco que, para reformar la Constitución actual, igual habrá que ver si la asamblea se pone de acuerdo en los grandes temas país y que estos queden reflejados en la Constitución, es allí donde uno se pregunta si los partidos, sobre todos los que buscan perpetuar la actual Carta Magna, lograrán bloquear los cambios. Es una duda legítima.
Entonces a seguir en las calles, movilizados, atentos a que no se vuelva a repetir lo que siempre nos pasa a los chilenos, que muchas veces convencidos de los cambios estructurales, finalmente seguimos con las manos vacías. Y por supuesto, independientemente de plazos, Sebastián Piñera debe asumir su responsabilidad en la violencia y muerte de decenas de chilenos y chilenas.
