*La ex consejera regional traspasó parte de la responsabilidad a la administración anterior y la desaparición de la figura de las gobernaciones provinciales, actual delegaciones presidenciales provinciales.
La Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, respondió a los cuestionamientos emanados desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Aysén, en torno a los nueve despidos que se conocieron el miércoles pasado y que de acuerdo a lo que señaló la máxima autoridad regional, están plenamente justificados. “Seis de ellas correspondían a personas que se encontraban prestando servicios en las ex gobernaciones provinciales. Señalar que antes de las nuevas disposiciones administrativas se permitía, a través de planes y programas, que el Gobierno Regional pudiera colaborar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con estos profesionales. Ahora extintas las gobernaciones provinciales, estas tareas no existen”, indicó.
Luego la gobernadora, militante del Partido Socialista, agregó que “existen personas que fueron contratadas en comisión de servicios para prestar servicios exclusivos a las gobernaciones provinciales, no teniendo funciones asociadas al Gobierno Regional, y en este sentido es importante recordar que Contraloría sacó un dictamen que señalaba que al día 30 de junio todas aquellas personas debían regresar a cumplir funciones al Gobierno Regional, por lo tanto, esta es una situación que debió haber sido resuelta por la administración anterior”.
De este modo y “por razones de buen servicio y extintas las gobernaciones provinciales, se extinguen también estos cargos y trabajos que allí se realizaban. Como medida transitoria se estableció que estas personas a contar de esa fecha se encuentran en modalidad teletrabajo, sin embargo, por razones de buen servicio es necesario tomar esta medida, la cual a nosotros también nos afecta en el sentido que entendemos que el Gobierno Regional debe tener presencia en el territorio”, puntualizó. Esto, respecto a seis de los nueve despidos.
En relación a las otras tres desvinculaciones corresponden a un reemplazo de pre y post natal y que se le dio continuidad, “a pesar de que esto no estaba en la dotación establecida para el Gobierno Regional”.
Mientras que las últimas dos corresponden a la “pertinencia de los perfiles profesionales que se requieren para llevar adelante el trabajo que se ha establecido y en este sentido recordar que a la región llegaron los cargos para poder dotar a estas nuevas divisiones con sus respectivos grados y los recursos para ello, sin embargo la administración anterior resolvió utilizar esos grados para subir remuneraciones, en desmedro de las contrataciones de profesionales que el Gobierno Regional requería y aún requiere para poder llevar adelante el trabajo y cumplir con todas las nuevas facultades que la ley otorga a estas divisiones de los gobiernos regionales”, recalcó Andrea Macías Palma.
Vendetta Política
Para Yéssica Almonacid, presidenta de ANEF Aysén, más que razones de buen servicio o desaparición de instituciones, es una revancha política, dado que los funcionarios despedidos pertenecen al partido de derecha, Evópoli. “Efectivamente esas funciones se desempeñaban en las provincias “lo que llama la atención es que no fueron despedidos todos, solamente quienes tenían alguna militancia Evópoli, porque hay personas que pertenecían a las gobernaciones y que se les conservó el trabajo”, mencionó la dirigente.
Uno de los casos llamativos es el de una funcionaria que lleva nueve años y que se le podrían haber destinado otras funciones, “porque está cambiando funciones al interior del Gobierno regional, podría haber buscado una forma de no terminar tan arbitrariamente estas contratas, porque la mayoría tiene confianza legítima, es decir, más de dos años en el Gobierno Regional y no tienen una mala evaluación”, añadió.
Almonacid manifestó que la Gobernadora pudo haber reasignado funciones y postergar las contratas, “por último hasta el 31 de diciembre, porque este es un despido anticipado que puede traer costos para la Gobernación, porque lo más probable es que estos casos se van a judicializar”.
A su vez la Gobernadora habría comunicado a los funcionarios que haría una reestructuración, lo cual debería ser aprobado por el Consejo Regional. “En este sentido la gobernadora no puede tomar esa decisión arbitrariamente de reestructurar la orgánica de los gobiernos regionales”, sentenció Yéssica Almonacid.
