Tuesday, 24 November, 2020
Por Benjamín Infante, profesor de Historia y coordinador de la Cooperativa de Unidad Social de Coyhaique. II Parte.
II. Malditas condiciones objetivas: un rápido diagnóstico.
Claudia Gillman, en su libro “entre la pluma y el fusil”, identifica una “larga década de los sesentas” donde incluye los años setentas, y en la que, según ella, existía un “desacople entre las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas”, es decir, no habiendo muchas condiciones objetivas para la transformación radical del orden del capital, si había muchas personas convencidas de su posibilidad y con vocación revolucionaria para transformarla. En resumidas cuentas, este desacople explicaría el proceso histórico que marcó los mil días de la UP.
Efectivamente, si nos internamos en el período, tenemos a una Democracia Cristiana que en su Consejo Ampliado celebrado en marzo de 1972 se definía como “una colectividad revolucionaria que estamos en oposición creciente a un gobierno revolucionario. En efecto, nos hemos definido siempre como un movimiento que lucha por la sustitución del régimen capitalista y la creación de una sociedad socialista, democrática, pluralista y cristiana que hemos denominado comunitaria”. Y en la que su candidato presidencial Radomiro Tomic, había aceptado la “inevitabilidad” de la lucha armada en 1970. Frente a esa radicalización retórica, tenemos a un Eduardo Frei analizando el mismo 4 de septiembre de 1970 junto a militares en la Moneda para evitar que Salvador Allende asumiera el gobierno y a un Patricio Aylwin solicitando intervención al gobierno de los Estados Unidos. En resumidas cuentas, que la Democracia Cristiana haya articulado una estrategia que Castells haya definido como “populista” para constituirse como un partido de masas en los 60’s, explica la enigmática definición de su horizonte estratégico como un “socialismo comunitario”. Y a la vez, permite comprender el que haya sido la ‘infantería’ para derrocar a Salvador Allende en 1973, ya que, a final de cuentas, en términos ‘objetivos’, la Democracia Cristiana es un partido que representa a la burguesía nacional. Y esta clase social, como bien se señala en el pasaje citado en el programa de la Unidad Popular, están “estructuralmente ligados al capital extranjero”.
Ahora, estableciendo esos mínimos, vuelven siempre los dilemas de la lucha de clases vía institucional que presenta esta experiencia de cara a nuestro futuro. “Toda revolución que no llega al poder por las armas, debe defenderse por ellas” nos ilumina el compañero Fidel, pero ¿cuándo? Los hechos demuestran que, advertidos del desenlace, la izquierda que agitaba “la guerra civil”, no pudo preparar una respuesta armada del pueblo. Las tensiones entre Altamirano y Allende, y las diferencias estratégicas con el MIR, son elocuentes respecto de las diferencias sobre cómo enfrentar el momento político. El regalo de un revolver que le hiciera Allende a su sobrino Pascal quien era dirigente del MIR, las acciones de bandera falsa antes de que asumiera la UP, la ley de control de armas tras el asesinato de Pérez Zujovic o “el gabinete de capitulación” como llama el MIR al último gabinete de Allende compuesto por militares en una clara señal hacia la derecha, llaman la atención sobre las siguientes preguntas marcadas por la tensión entre la ruptura o la continuidad institucional: ¿el gobierno podría haber hecho más para articular una respuesta militar popular frente al golpe? O ¿Podría haber hecho más para mantener al sector de izquierda de la DC conduciendo al centro político?
Según señala el propio Pinochet, el “Tanquetazo” de junio de 1973, había sido un simulacro de la inteligencia de las fuerzas armadas para evaluar la defensa “paramilitar” del gobierno de la Unidad Popular. Tras el tanquetazo, según relata la Tati Allende en una entrevista en el exilio cubano, Salvador recibió a Prats y aceptó su renuncia. Prats sabía que ya no podía seguir conteniendo la situación y su renuncia era una clara señal de que ‘los constitucionalistas’ ya no representaban a las Fuerzas Armadas. Pese a las sugerencias y propuestas de Bachelet, miembro de una organización clandestina de militares constitucionalistas dentro del ejército. Allende no removió a los oficiales que se sabían golpistas, -ni siquiera al Director de Carabineros José María Sepúlveda-, al contrario, decidió congraciarse con el alto mando militar posicionando ministros de uniforme que luego serían parte del gobierno de facto. ¿El gran ausente en el análisis? El pueblo que salió en masa ese 29 de junio, en números superiores al millón de personas. Las más de 350 fábricas que fueron ocupadas en respuesta al ataque de la reacción. Todos los proyectos revolucionarios deben enfrentar eventualmente a la reacción de las clases poseedoras, cómo la enfrentan es lo que la distingue la intención de revolución de una auténtica revolución.
Según Salazar, una de las falencias del proceso histórico de los “largos sesentas” fue que la teoría de la dependencia no tuvo una aplicación práctica. En términos simples, el proyecto histórico de los sectores subalternos al régimen portaliano, expresado primero como proyecto social-productivista y luego como socialista, nunca pudo realizar sus dispositivos de integración hacia dentro durante el desarrollismo chileno, ya que, el Estado desplazó al “empresariado popular” como agente económico y lo relegó, junto a las demás clases populares, a un rol peticionista. Más allá del Área de Propiedad Social y las Juntas de Abastecimiento Popular, el protagonismo popular no fue una estrategia general de enfrentamiento de la lucha de clases trasladada al campo institucional. Quizás por herencia de la suplantación originaria del Estado desarrollista al proyecto social-productivista que los “asalariados e intelectuales” expresaron en la Asamblea Constituyente de 1925, o por la creciente autonomización de “clase política civil”, los mil días no lograron subvertir la marginación, que todo el ciclo de integración nacional desarrollista reprodujo hacia las clases populares.
Para entendernos, por teoría de la dependencia no nos referiremos a las tendencias burguesas que dominaron la CEPAL y que luego, con Cardoso y Faletto a la cabeza, fueron ‘conversos’ al neoliberalismo. Sino, a las lecturas de Ruy Mauro Marini y Teotonio Dos Santos, según los cuáles, la burguesía periférica de Latinoamérica carece de un proyecto histórico nacional propio, ya que, por la división internacional del trabajo, está estructuralmente atada a los intereses imperiales (Marini). Por ello, las tareas de diversificación productiva y la independencia económica las debe protagonizar el pueblo a través de su propio proyecto histórico que es el socialismo. De ahí que Teotonio planteará el trágico dilema latinoamericano entre socialismo o fascismo, como última barrera para hacer prevalecer la división internacional del trabajo impuesta a inicios de la modernidad por las clases poseedoras.
En síntesis, hay un proyecto histórico truncado de las capas productoras que Salazar identifica como “empresariado popular”. Este proyecto social-productivista fue expresado por última vez en la coyuntura constituyente de 1925 y coincidía con el naciente proyecto histórico socialista del proletariado, hasta que “la centralización del discurso socialista en la explotación del trabajo asalariado (…) redujo el campo de alianzas, al transformarse en enemigo un actor que, inicialmente, fue un aliado: el empresariado industrial (beneficiándose con ello el propio proyecto mercantil)”. Según la lectura de Salazar, esta división le restó potencia al proyecto histórico de las clases populares que lucharon en 1973 contra el proyecto mercantil de las élites. Quisiera advertir, que nada más alejado de quién escribe son las tesis del marxismo autonomista de Hardt y Negri expresadas en Imperio según las cuáles desapareció el proletariado como clase con proyecto histórico propio, o de Holloway de “cambiar el mundo sin tomar el poder”, los que, de diversas formas, son parte de los cantos de sirena del fin de la historia y de la dialéctica entre clases sociales.
Efectivamente, en Chile las contradicciones de largo plazo, fundacionales del Estado portaliano, habilitan la construcción de sujetos subalternos que aportan a crear las condiciones objetivas para el cambio del modo de producción en un sentido socialista. Toda vez que, estructuralmente, no hay manera de salir del régimen mercantil sin la socialización del poder político y económico a través de una estrategia general de protagonismo popular. Esas teclas, si bien sería injusto decir que no se tocaron durante el gobierno de la Unidad Popular, dada la actividad en el campo indígena y campesino, no se activaron con la mira estratégica de poner en marcha nuevos sujetos, distintos al proletariado, que den mayor soporte al proyecto socialista.
La experiencia de la Unidad Popular fue el último capítulo del proyecto histórico de integración hacia adentro que intentaba incorporar a las masas marginadas a la República. Surgió desde abajo y recuperó el poder que había sido expropiado por el proyecto tecnocrático inaugurado en 1930, lo recuperó para ejecutarlo y construir el poder del pueblo. Lo recuperó, ya que, post crisis de 1955 del modelo de integración hacia adentro, se puso en marcha el populismo como fórmula para aplicar la máxima fuerza política sobre los nudos rebeldes que impedían los objetivos nacionales de integración hacia dentro (como la reforma agraria y otra). En vez de integrar a las masas al ‘estándar’ socio-económico del desarrollo, se les incorporó para movilizarse en contra del subdesarrollo. La responsabilidad fue trasladada de la CORFO, CPC, y del Estado a las propias masas. Pero no se les entregó junto con eso, la ‘conducción’ del proceso.
Sin embargo, fracasó. Y su fracaso se debe a que el pueblo fue convocado a extirpar la decadencia a la que llevó el modelo de desarrollo hacia adentro, pero no se les entregó junto con eso, la ‘conducción’ del proceso. Lo que hizo falta en los mil días de la Unidad Popular fue una estrategia general de protagonismo popular que quedó en evidencia al momento que tuvo que enfrentar a la reacción.
