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*Funcionarios presentaron recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por supuesto menoscabo a la labor para la que fueron contratados. Asociación de funcionarios respalda a afectados. Mientras Rectora Natacha Pino dijo estar sorprendida ante la acción judicial.
Cuando asumió la nueva rectora de la Universidad de Aysén, se generaron bandos dentro de la Casa de Estudios, algunos docentes apoyaron abiertamente a una u otra candidata y eso generó las habituales diferencias entre los grupos humanos. Por lo demás, la elección estuvo mucho más reñida de lo que se esperaba en los pasillos de Obispo Vielmo. Muchos pensaron que la nueva administración significaría una serie de cambios dentro de la estructura organizacional y despidos, fantasma siempre presente en la administración pública. “Muchas veces nos preguntaron si se iba a despedir gente y uno tiene que explicar que, si bien es una universidad pública, estatal, no funciona como un servicio público, haciendo el símil como cuando cambia un alcalde, intendente o Gobierno”, dijo en su oportunidad la nueva rectora, Natacha Pino a El Divisadero.
Si bien es cierto, en rigor no se trata de desvinculaciones, los funcionarios afectados sienten que existe un claro detrimento de su función pública. A una de ellas se le extendió la contrata sólo hasta abril, mientras que el otro tuvo una rebaja salarial importante. Ante esto la asociación de funcionarios emitió una declaración pública, solidarizando con sus colegas y advirtiendo de la situación. “Hacemos un llamado a nuestras autoridades a revisar las decisiones que han afectado a nuestras compañeras Jeimy Fontecha y Mariana González y a priorizar definiciones y mecanismos que favorezcan relaciones y ambiente laborales sanos. De igual forma, tal como ha manifestado históricamente esta Asociación, ofrecemos nuestra disposición a colaborar en la construcción de una Universidad Estatal que no solo sea un aporte para la Educación Pública de este país, sino que también se pueda convertir en un ejemplo de buenas prácticas laborales. Es lo que el contexto nacional está exigiendo”, señaló Guillermo Prado, presidente de los funcionarios.
No obstante, reconocen las facultades con las que cuenta la rectoría para generar cambios al interior del plantel. “Reconocemos las atribuciones que poseen nuestras autoridades para organizar las diferentes unidades y direcciones, en pos del buen funcionamiento institucional. Sin embargo, las decisiones que emanan de este rol deben fundarse en procesos claros y regulados, así como en una comunicación oportuna para todos los involucrados. Esta Asociación ha venido solicitando desde 2017 que se establezcan mecanismos formales para evaluar el desempeño de los trabajadores, así como procedimientos para su implementación. La carencia de estos mecanismos es una deuda que arrastra la Universidad desde la administración anterior, que esperamos que las nuevas autoridades subsanen, para que todas las decisiones se basen en reglas de juego claras y transparentes. Además, exigimos que, en las determinaciones que se tomen, se priorice un trato justo y digno hacia las personas que conformamos esta institución”, declararon.
Mientras desde el Colegio de Periodistas defendieron a la profesional Jeimy Fontecha. “Para nuestro gremio siempre es preocupante cuando un colega queda sin trabajo o cuando sus condiciones contractuales cambian. Y en este caso, según la información entregada, en la Universidad de Aysén no hay procesos claros y establecidos de evaluación de desempeño que sustente la decisión de renovar o producir cambios, por lo que nos enfrentamos a una precarización laboral que no es posible respaldar y que solo genera malos ambientes laborales y mancha la imagen de la universidad estatal”, manifestó Marjorie Araya, presidenta del gremio de periodistas.
“Medida ilegal y arbitraria”
Para el abogado que representa a Jeimy Fontecha se trata de una discriminación de carácter política, no existiendo fundamentos para la adopción de este tipo de decisiones, que calificó de ilegales y arbitrarias. “La nueva administración tenía un discurso acorde a los principios del nuevo partido Revolución Democrática, pero en la práctica hemos visto la vieja práctica y doctrina de la mayoría que asume el poder, de acomodar a sus cercanos y es triste decirlo, que se realicen este tipo de prácticas de discriminación política para favorecer a otras personas, lo cual hace que tengamos que recurrir a la Corte de Apelaciones de Coyhaique a objeto de que se reviertan estas decisiones que parecen abiertamente arbitrarias e ilegales”, declaró el abogado Marcelo Rodríguez.
El jurista agregó que “la Universidad de Aysén tiene que actuar de forma correcta y no repetir conductas que han sido criticadas por ellos mismos. Esperamos que la Corte de Apelaciones resuelva lo que conforme a derecho corresponde que es declarar ilegal y arbitrarios estos decretos de terminación anticipada de un cargo en contra de una profesional”.
En caso que el recurso prospere en la justicia los decretos deberían quedar sin efecto y las renovaciones de ambos funcionarios deberían cursarse por todo el año 2020 en idénticas condiciones originales.
“Nos sorprende esta medida”
La rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, se mostró sorprendida por la acción judicial y explicó el contexto en la que se adoptaron estas decisiones. “Esto ocurre a propósito de un cambio de funciones, nosotros al asumir reestructuramos nuestras unidades y en ese entendido hicimos algunos ajustes de nuestros funcionarios y esa es la situación que ocurre con estas dos personas. Hablamos con ellas, aceptaron este cambio, siguieron en funciones y aparece este recurso, están en su derecho de hacerlo”, dijo.
A su vez descartó tajantemente que tras esta decisión haya motivaciones políticas. “Lo desmiento absolutamente y es inaceptable, sólo es cambio en roles y funciones”. Pino Acuña precisó que las profesionales aceptaron las nuevas condiciones de trabajo.
Reconoció que la universidad adolece de un sistema de evaluaciones objetivas para adoptar decisiones con argumentos medibles. “Apenas asumimos tomamos la tarea de contar lo antes posible con un sistema de evaluación”, puntualizó.
Finalmente reiteró que los funcionarios pueden estar tranquilos, ya que estas medidas son circunstanciales y no la norma de su administración y que sólo responderían a la restructuración de los equipos de trabajo.
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