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El Ministerio Público destinó cerca de 59 millones de pesos para apoyar directamente algunas necesidades de personas en la región de Aysén. 1.092 víctimas requirieron atención especializada, donde 807 personas fueron atendidas por delitos cometidos al interior de la familia y 285 niños, niñas y adolescentes, principalmente por delitos sexuales.
Durante el año 2019, las cinco Fiscalías de la región de Aysén atendieron a 6.421 personas, de las cuales 3.922 correspondieron a víctimas y testigos de diversos delitos. Así lo explicó el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, en el marco de su reciente cuenta pública a la cual asistió una amplia cantidad de dirigentes sociales y comunitarios, sumado a autoridades regionales.
Respecto del grupo de víctimas y testigos, 1.092 requirieron atención especializada por su especial vulnerabilidad, a través de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, Uravit. En ese sentido, 807 víctimas fueron atendidas por delitos cometidos al interior de la familia y 285 niños, niñas y adolescentes, afectados por distintos ilícitos, especialmente sexuales.
El Fiscal Regional, Carlos Palma, añadió que para brindar el apoyo necesario, además de profesionales especialistas, se utilizó un fondo que consagra la Ley para su apoyo económico, el cual ascendió a $46.450.000. Además, se ocupó otro fondo destinado a inversiones necesarias para el cumplimiento de esta función, el cual bordeó los $12.885.000 durante el año 2019. Es decir, la Fiscalía a través de la Uravit, destinó el año pasado cerca de 59 millones de pesos para apoyar directamente algunas necesidades de víctimas y testigos de delitos en la región de Aysén.
“Dentro de todo proceso penal, existen inocentes que lamentablemente han estado presentes, directa o indirectamente, en los hechos que motivan una investigación penal, y por ello, le corresponde al Ministerio Público la adopción de medidas para proteger a las víctimas y testigos de delitos”, explicó el Fiscal Regional.
CONTACTO PRIORITARIO
Una de las áreas de contacto y atención prioritarios que dispone la Fiscalía es aquella que se vincula con víctimas especialmente vulnerables, que requieren una acogida distinta y protección inmediata, debido a que son delitos cometidos al interior del seno familiar e involucran a niños, niñas y adolescentes.
Frente a una denuncia de este tipo, profesionales abogados, psicólogos y asistentes sociales, toman contacto con las víctimas en un brevísimo plazo, habitualmente dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, para evaluar su situación y el nivel de riesgo que evidencian, para -con esta información- disponer de medidas de protección inmediatas tales como reforzamientos domiciliarios, de puertas de acceso o ventanas, levantamiento de cercos perimetrales, instalación de cámaras de vigilancia, entrega de teléfonos celulares, instalación de alarmas domiciliarias, entre otras.
Si es requerido, agregó el Fiscal Regional, “procedemos a la reubicación, temporal o definitiva de víctimas y acompañantes, y a través de la red pública, vinculamos servicios de asistencia social, atención psicológica y/o psiquiátrica, para atenuar los efectos que se desprenden de la comisión de un delito y el daño que se provoca en una víctima a raíz de experimentar una vivencia tan traumática”.
CASOS
La principal autoridad del Ministerio Público en Aysén sostuvo que “resulta a veces poco visible el trabajo que realizamos hacia nuestras víctimas y testigos, porque esta función entraña una labor en extremo discreta”.
A modo de ejemplo, explicó dos casos reales acontecidos el año recién pasado, para así mostrar con mayor precisión el compromiso de la Fiscalía con las miles de víctimas y testigos de delitos en la región.
“En octubre pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique dictó sentencia condenatoria respecto de un imputado de 33 años, a quien condenó en su calidad de autor del delito de violación impropia respecto de una menor, su sobrina”, dijo.
“Profesionales especializados de la Fiscalía tomaron el primer contacto con esta víctima, a objeto de que por su edad y tipo de delito, pudiese tener la contención emocional necesaria, entendiera dentro de su lenguaje de niña lo que implicaba participar en un proceso penal, y pudiese transmitir correctamente el relato de lo ocurrido. Junto con el desarrollo del proceso investigativo, se gestionó también, a través de la red pública, el trabajo psicológico con foco en la reparación del daño sufrido”, explicó el Fiscal Carlos Palma.
En otro caso, ahora en el contexto de violencia intrafamiliar, detalló el persecutor penal, “resulta reconfortante poder constatar como una víctima se sobrepone luego de experiencias traumáticas en su entorno más próximo. Así, una mujer de 20 años, luego de sufrir una serie de amenazas por parte de su pareja, y una vez evaluado su riesgo, se decidió su traslado inmediato a una casa de acogida, a fin de otorgarle protección y tranquilidad, tanto a ella como a su hija de muy corta edad, para luego gestionar su relocalización en otra región del país, situación que implicó el debido acompañamiento y traslado al Aeropuerto de Balmaceda, la compra de pasajes aéreos, la verificación de su nuevo domicilio y la entrega de un teléfono celular para contacto prioritario”.
Estos y otros casos similares, son los que evalúa diariamente la Fiscalía, desde la perspectiva de la protección de víctimas y testigos, trabajo con el cual se concreta una fiscalía humana y empática con las miles de personas que requieren apoyo en situaciones de alta complejidad.
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