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Claudia Torres Delgado
Este martes 7 de enero el Senado rechazó un emblemático proyecto de reforma constitucional y que forma parte de uno de los temas país que tiene al pueblo chileno movilizado desde ya más de 80 días. Se trata de la iniciativa que buscaba consagrar al agua como bien de uso público en la Constitución de la República. Si bien los votos en favor de esta importante reforma fue mayoría numérica con 24 votos, y cuyo rechazo solo obtuvo 12 votos, la Constitución del 80, establece que cualquier reforma de este tipo requiere de un quórum de 2/3 de los legisladores, vale decir era necesario el voto de 29 senadores para calificar con el quórum establecido, significando que 12 votos en este caso pesaron más que el doble de éstos.
Esto que parece inexplicable numéricamente hablando, es parte de los mecanismos denominados como los cerrojos de la Constitución chilena, que han impedido hacer reformas tan importantes para la vida y el desarrollo social, ambiental y económico del país.
Es así que, en el contexto de descontento social mayoritario del país, que sigue sosteniendo un amplio apoyo a las movilizaciones, con una reciente consulta ciudadana efectuada por más de 200 comunas del país, donde precisamente una de las grandes triunfadoras fue la opción, si al cambio de la Constitución, dato que se mantiene según la encuesta CADEM del 3 de enero recién pasado, que cifra en un 72 % a quienes votarían por un cambio de constitución. Bajo este escenario llama la atención que el oficialismo rechazara en bloque una demanda tan sentida como garantizar al vital recurso como un derecho para todos y todas.
En Aysén, donde el agua ha sido el motivo de uno de los conflictos más grandes de la historia ambiental chilena de los último 50 años, esta votación no pasó desapercibida, recordemos que hasta el 2014, año en que fue rechazado por el consejo de Ministro del gobierno de Bachelet, el mega proyecto hidroeléctrico, HidroAysén, del consorcio transnacional de Enel y Colbún, proyectaba 5 mega represas en los Ríos Baker y Pascua, por el hecho de tener el 99% de los derechos de uso del agua de estas cuencas para fines eléctricos y cuya energía no estaba destinada a la región de Aysén, sino al desarrollo de la minería en el norte del país.
En entrevista con radio Genial de Coyhaique, en el programa Palabra de Radio, el senador UDI David Sandoval, argumentó su rechazo a este proyecto de reforma, primero debido al costo que implicaría el pago de indemnización a los privados por los derechos de agua, que legalmente han adquirido y que alcanzaría la friolera de 30 mil millones de dólares, según la Dirección General de Aguas, DGA, presupuesto que Chile no estaría en condiciones de asumir, según lo indicó el legislador. En segundo lugar, porque el agua como bien de uso público ya está establecido en la ley según Sandoval y finalmente porque parte del fondo del problema es la sequía producto del cambio climático, tema que no se resuelve con este proyecto.
Sin embargo, el proyecto rechazado por el senador va en otro sentido, que es garantizar que el agua sea un bien nacional de uso público con rango Constitucional, es decir, con mayor jerarquía jurídica y no solo bajo lo establecido hoy en día en el Código de Aguas que rige desde 1981 y que considera este vital elemento como un bien nacional de uso público, pero a su vez un bien económico que puede ser transable en el mercado. La ley establece dos tipos de derechos de aprovechamiento de agua: el uso consuntivo y el uso no consuntivo. El uso consuntivo se refiere al consumo de aguas que no pueden ser reutilizadas (por ejemplo, la agricultura, minería, industria y consumo humano) y el uso no consuntivo se solicitan para utilizar el agua y luego devolverla al curso de origen en la misma cantidad y calidad (por ejemplo, hidroelectricidad). Bajo este régimen la Dirección General de Aguas (DGA), institución del Estado a cargo de la gestión del agua en Chile, concede a entidades privadas los derechos de aprovechamiento de uso de agua gratuitamente y a perpetuidad, como fue en los años ochenta para algunas empresas, situación única en el mundo.
En este sentido este proyecto de reforma constitucional que lleva más de una década en el Congreso, pretendía consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación, primero estableciendo con rango constitucional que el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, sean bienes nacionales de uso público. Regular el tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas, además de garantizar la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico y finalmente garantizar el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.
Por otro lado, la senadora por Aysén, Ximena Órdenes, del bloque de oposición, y como respuesta en el mismo programa radial, plantea lo contrario a Sandoval, rectificó la importancia de aprobar este proyecto de ley, debido que su consagración correspondía a un derecho humano fundamental y que el uso privado del agua en Chile ha demostrado la desigualdad del acceso siendo usado con fines economicistas, que han perjudicado el acceso al agua de la población. Finalmente, la senadora apunta como esta discusión demuestra la importancia de cambiar la Constitución actual, donde estos derechos tan esenciales para la vida y el desarrollo de un país no están garantizados.
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