Manuel Anabalón Jeldres, conocido como “Chilote Manolo”.
· Audiencia se realizó esta mañana, donde su abogado defensor le recomendó retirar de sus cuentas de Tik Tok y Facebook las acusaciones contra Daniel Caniullán, Nelson Millatureo, Peter Hartmann y Paolo Matissine por, supuestamente, recibir del gobierno de Noruega 500 millones para oponerse a la industria del salmón.
Como un reconocimiento tácito de la ilegalidad de su actuar, Manuel Anabalón Jeldres, ex candidato a senador como independiente por el Partido Social Cristiano en las últimas senatoriales y quien en redes sociales es conocido como “Chilote Manolo”, eliminó durante las últimas horas un video de sus cuentas de Facebook y Tik Tok con afirmaciones injuriosas contra cuatro dirigentes ayseninos.
La decisión fue adoptada por recomendación de su abogado Christian Albarrán Rojas y se conoció esta mañana durante los alegatos realizados en la Corte de Apelaciones de Coyhaique con motivo del recurso de protección que interpusieron Daniel Caniullán Huentel, Nelson Millatureo Rain, Peter Hartmann Samhaber y Paolo Matissine Cabero para salvaguardar sus derechos constitucionales.
En la pieza audiovisual Anabalón había afirmado que los dirigentes recibieron 500 millones de pesos del gobierno de Noruega para boicotear la industria salmonera, lo cual no pudo demostrar en el curso de la audiencia.
Sobre esto, Karina Riquelme Viveros, abogada de los recurrentes, expresó que “lo dicho por Manuel Anabalón es tan falso que incluso su abogado le recomendó bajar la publicación”. Esto, a pesar de que la mantuvo durante todo el proceso.
“De todas formas, más allá de que se haya eliminado, como efectivamente lo hemos constatado, el hecho en sí produjo efectos que esperamos sean reconocidos por la Corte” puntualizó.
La profesional explicó que en el caso de esta persona queda claro su desconocimiento sobre los márgenes de la libertad de expresión. “Él pretende ejercer su derecho a opinar, sin embargo la libertad de opinión tiene ciertos límites. En este caso, se afecta la honra de determinadas personas, quienes han dedicado su vida a la implementación de políticas públicas orientadas a la protección de la biodiversidad y de la naturaleza, así como al desarrollo de iniciativas desde el sector ambiental”.
La acción cuestionada no sólo es contraria a la Constitución, conculcando su derecho a la honra y poniendo en riesgo la integridad física de los afectados y sus familias, sino que colisiona con el Acuerdo de Escazú suscrito por Chile, uno de cuyos ejes es la salvaguarda de los defensores en materia de derechos humanos ambientales. “Esta labor no puede ser estigmatizada, maltratada ni denostada a través de publicaciones en redes sociales, porque además constituyen incitación al odio que puede traer otro tipo de consecuencias, como afectaciones psíquicas y también ingresos ilegales a domicilios, como ha ocurrido” puntualizó la abogada.
Al respecto, Daniel Caniullán expresó que “estas injurias y calumnias las hacen personajes que defienden a un sector, con el fin de desacreditar la legítima lucha de muchos defensores territoriales, quienes lo único que buscamos establecer es que el medio ambiente no es un vertedero”. Puntualizó que “se puede convivir con las demás actividades, pero con respeto. Por defender el equilibrio sostenible de la Patagonia, de los canales, nos persiguen, injurian, atacan, nos quieren invisibilizar. Esperemos que la Corte resuelva con justicia para dejar en evidencia todo este tipo de injurias y calumnias, siembran odio y descontento en la opinión pública”.
Tras la audiencia, el tribunal informó que en cinco días hábiles informará sobre su decisión.
