Roxana Pey Tumanoff
Presidenta Fundación CENDA
Celebramos el Programa de Educación Superior de Gabriel Boric, tal como han descrito sus encargados Andrea Encalada y Fernando Carvallo, que se propone terminar el insostenible endeudamiento por estudiar y avanzar en gratuidad.
El subsidio a la demanda o voucher, como lo es el Crédito con Aval del Estado (CAE), no solo ha causado endeudamiento, también ha privatizado creando un artificial mercado desregulado y ha afectado la calidad al precarizar las relaciones laborales en las comunidades educativas y al imponer un trato abusivo con el estudiantado, ambos efectos mercantiles reñidos con la esencia de la educación, de este modo desvirtuada.
Concordamos con la obligación ética y la urgencia de condonar las deudas al millón de familias que han llevado esta apremiante carga, sin lo cual no sería posible reconstruir el sistema de educación pública en nuestro país.
Concordamos asimismo con el responsable esquema propuesto de condonación: efectividad inmediata para los y las deudoras, reconocimiento de la pérdida del 56% de la “cartera” que está en manos del fisco pues ya la ha recomprado y absorción fiscal del 44% restante, hoy en manos de la banca, negociando con esta un acuerdo de largo plazo que de seguro aceptará de buen grado ya que le resultará conveniente frente a la altísima morosidad actual de 46% y que va desde el 37% entre quienes egresaron, al 76% en casos de deserción. Además, la banca tendría que reconocer que el fisco, al comprar ese 56% incluyó un cuantioso sobreprecio (o recarga) a su favor, lo que equivale nada menos que a casi tercio del aporte de la banca.
El fracaso de este esquema de financiamiento es escandaloso, es ineficiente tanto fiscal como socialmente, y ha sido tildado ampliamente como abusivo e inmoral. Al menos en dos momentos en la última década, la ciudadanía ha creído que llegaba a su fin, sin embargo los conflictos de interés y el fanatismo ideológico de sus sostenedores y perpetuadores (personajes transversales, hay que decirlo) lo impidió.
La partida presupuestaria destinada a vouchers se presenta disfrazada de “inversión” siendo a todas luces un gasto fiscal, tal como lo considera explícitamente la Contraloría General de la República, y esta es una de las motivaciones centrales para que algunos economistas se aferren a mantener esta política de subsidio a la demanda. Se cumple así mañosamente con la “regla fiscal”, y se informa engañosamente a organismos internacionales como el FMI y el club OECD y a clasificadoras de riesgo, sin que les importe el daño que le causa este empeño a esos jóvenes endeudados, a la estabilidad y calidad de la educación y al desarrollo armónico y coherente que necesitamos y podríamos tener.
Cada año, desde el 2005, el fisco desembolsa un monto enorme, que alcanzaría hoy para financiar la educación de ⅔ del estudiantado en la Educación Superior, lo que equivale a cubrir hasta el noveno decil inclusive. Es decir, esa partida del presupuesto de la nación, y que se gasta, podría otorgar gratuidad y resolver un grave problema social, de desarrollo nacional, una injusticia y uno de los más graves abusos que nos aquejan junto al desvío de las cotizaciones previsionales a “ahorro forzoso”. Sin embargo, seguimos hasta hoy con pensiones de miseria endeudando y estudiantes y a sus familias, pegados en la fracasada política pública del “subsidio a la demanda” vía vouchers.
Detractores a la propuesta de Apruebo Dignidad para la educación superior no se demoraron por estos días en repetir lo que han venido arguyendo para perpetuar el CAE: que faltan recursos tanto para condonar como para avanzar en gratuidad, y que condonar sería injusto con quienes ya han pagado.
Se equivocan en lo primero, la plata está pero se gasta mal.
Sobre lo segundo, efectivamente corresponde una reparación a ese grupo que bien podría consistir en la transformación del pago ya efectuado en un crédito de impuestos. Una medida que el próximo gobierno podría aplicar para reparar el daño infligido, con gran impacto en la vida de jóvenes profesionales que han visto gravados y esquilmados sus salarios.
Los detractores también han puesto el grito en el cielo porque dicen que condonar sería un mal precedente, pero … ¿no es acaso un pésimo precedente maltratar a la talentosa juventud y agobiar a esas familias por el mero hecho de educarse? Los espantajos que levantan son falsos, y solo buscan esconder lo que inconfesablemente ha guiado sus acciones. Algunos han ejercido de ministros de Estado mientras el gobierno de turno promovía la gratuidad universal, o al menos eso decía. El resultado ha sido que en vez de gratuidad universal -y ya nos imaginamos porqué-, quedó instalada en la ley de educación superior un artículo para su impedimento!. Me refiero al problemático artículo transitorio que incluye la llamada “tabla de gatillos”, que en realidad prohíbe dar gratuidad universal pues la “permite” recién cuando el fisco recaude 29% del PIB, lo que se estima que ocurrirá por allá por el año 2070!!. En los hechos, mantener este artículo equivale a renunciar a la gratuidad universal, fuerza a mantener asimismo el CAE o algún instrumento equivalente y continuar con la inmoralidad de cargar el costo de la educación a los salarios de trabajadores y trabajadoras. El gobierno de Boric junto al próximo parlamento que lo acompañe, tendrá que enmendar como primer paso, estas engañosas trabas que los defensores de la educación mercantilizada nos han dejado instaladas.
Como se viene demandando hace ya una década, es tiempo de terminar el endeudamiento estudiantil como base para la estabilidad y la reconstrucción del sistema público de educación superior en dignidad.
