Desde la agrupación de familiares de ejecutados políticos señalaron que “la situación de Bernarda Vera debe ser resuelta judicialmente, y si ella está viva serán los tribunales los que deben establecer la verdad y sus alcances, jurídicos, sociales y familiares”.
Respecto al reportaje emitido por Chilevisión Noticias, con fecha 28 de septiembre de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunica lo siguiente:
El caso ha sido objeto de una larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, desde inicios del año 2024. Esta investigación comienza a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado “episodio Liquiñe”, a raíz del cual se detectan incongruencias en los relatos de algunos testimonios.
Ante esas incongruencias en los relatos, desde el Programa se remitieron comunicaciones oficiales a distintas instituciones (PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, ACNUR) entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, para poder recabar antecedentes. Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima.
En abril de 2025 se vuelve a solicitar información a la Cancillería y en mayo de 2025 se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco.
Si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como «Bernarda Vera» con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990 con competencia en la causa, don Álvaro Mesa Latorre, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda. Adicionalmente al envío de los antecedentes al tribunal competente, se actualizó la información a la familia en enero y se informó, en forma reservada, en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente.
Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada.
Es justamente el trabajo de revisión de trayectorias que se encuentra en curso el que ha permitido relevar casos como el de Bernarda Rosalba Vera Contardo, o como el caso del joven Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años de la ciudad de Arica que, si bien fue calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, no quedó en los registros de víctimas por un error de transcripción en los listados de la comisión. Ambos casos han sido puestos en conocimiento de los tribunales de justicia para que éstos puedan determinar una verdad judicial y ordenar las correcciones necesarias.
Toda esta información, junto con la cronología de la investigación administrativa aún en curso, fue entregada por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo investigador de Chilevisión en entrevista concedida el presente mes, que esperamos que sea incluida en la cobertura del tema y así contar con la información completa del caso.
El trabajo realizado por equipo del Plan Nacional de Búsqueda ha permitido reunir y analizar el mérito de información que pudiera ser comprobable y veraz para ponerla en conocimiento de los tribunales competentes. Este proceso de más de un año de trabajo ha sido impulsado con el resguardo de la identidad de las personas que forman parte de investigaciones en curso que aún no estén cerradas y cuidando su intimidad del juicio público que pueda basarse en información incompleta.
Hoy el Estado cuenta con canales para la entrega de nuevos antecedentes, los que están disponibles en la información de contacto del sitio web [plannacionaldebusqueda.cl], así como en todas las SEREMIs de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional. Contar con dichos medios resulta tan importante como incentivar a la población, a testigos, incluidos los perpetradores que puedan tener información relevante, a entregarla para poder ser indagada y corroborada.
Previo al establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda había 14 causas que contaban con cuadernos administrativos de la búsqueda de detenidos desaparecidos, llevados a cabo por las y los ministros en Visita Extraordinaria de los tribunales de justicia, para causas de crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990. Desde el establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda y, hasta la fecha, dicho número ha aumentado a 59 causas que cuentan con dichos cuadernos ya sea abiertos en el contexto de nuevas querellas y denuncias o al alero de una causa penal principal. El Programa de Derechos Humanos ha presentado 8 nuevas querellas criminales, se han realizado más de 100 diligencias en terreno, y todo el trabajo de investigación continuará con el mismo rigor y responsabilidad que ha caracterizado este proceso.
El Plan Nacional de Búsqueda ha permitido avanzar en la reconstrucción de trayectorias de las víctimas de los horrorosos crímenes de la dictadura, perfeccionando y profesionalizando estos procesos. Seguiremos trabajando en pos de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos reitera una vez más su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, por los crímenes cometidos durante la dictadura civil militar encabezada por Augusto Pinochet, lo hacemos ante la divulgación de un denominado reportaje transmitido por el canal de televisión Chilevisión, en relación a la situación de Bernarda Vera Contardo, que figura en la nómina de personas Detenidas Desaparecidas del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuyo contenido y oportunidad tiene un carácter sesgado, porque se da en el marco de discursos negacionistas, y porque elude hacer referencia a la magnitud de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura civil militar. Es un reportaje tendencioso porque a partir de un caso excepcional y particular, pretende de manera encubierta hacer una generalización mal intencionada.
La situación de Bernarda Vera debe ser resuelta judicialmente, y si ella está viva serán los tribunales los que deben establecer la verdad y sus alcances, jurídicos, sociales y familiares.
El caso de Bernarda Vera debe significar el mayor esfuerzo del Plan de Búsqueda, junto al Programa de Derechos Humanos, cuya funcionalidad y pertinencia valoramos y adquiere una real importancia como una política de Estado al servicio de la verdad y la justicia, porque debe contribuir eficazmente al esclarecimiento de los hechos.
Rechazamos todo aprovechamiento político de esta situación, que se nutre de un sensacionalismo periodístico, que carece de una ética profesional civilizatoria.
A 52 años del golpe de Estado y 35 años del término de la dictadura civil militar, la situación de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, sigue sin resolverse porque los agentes del Estado, que ejecutaron esos crímenes de lesa humanidad, cobardemente, mantienen un pacto de silencio al servicio de la impunidad, y respecto a esto el reportaje televisivo nada dice.
