Una investigación de Fundación Terram reveló decenas de infracciones ambientales archivadas por la SMA a pesar de haber sido denunciadas, compensaciones ficticias de infracciones ambientales, nuevas concesiones entregadas en tiempo récord dentro de áreas protegidas y permisos irregulares que han permitido a Australis -propiedad del grupo chino Joyvio- no perder concesiones sobre decenas de hectáreas de mar en la Patagonia chilena, pero no con fines productivos, sino para hipotecar al Bank of China a cambio de millonarios préstamos.
En el marco de la causa penal que enfrenta a los nuevos y antiguos dueños de la salmonera Australis Seafood, una investigación de Fundación Terram publicada en CIPER identificó una serie de incumplimientos que beneficiaron a Australis durante la segunda administración de Sebastián Piñera y también la actual, encabezada por Gabriel Boric, a través de acciones y omisiones de distintos organismos públicos con competencia en la materia.
Nuevas concesiones en tiempo récord
Según la investigación, entre 2018 y 2022, a la empresa Australis Seafood se le otorgaron cinco concesiones salmoneras por una superficie total de 66 hectáreas de mar en la región de Magallanes, de un total de 13 entregadas en ese periodo.
En promedio, entre la aprobación de los proyectos técnicos por parte de la Subpesca y el otorgamiento de las concesiones por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) pasaron 52 días para el caso de Australis y 1.384 días en el caso de las demás empresas, lo cual daría cuenta de un trato preferencial enunciado en los correos internos de la empresa.
Sobreproducción en nuevas concesiones
Dos de estas cinco nuevas concesiones rápidamente se estrenaron con ilegalidades al haber incurrido en sobreproducción de salmones, consistente en producir una cantidad superior a la autorizada en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que se traduce en una mayor cantidad de contaminantes sobre el fondo marino por las fecas y alimento no ingerido de los salmones:
- El centro Córdova 5 (120217) produjo 2.138 toneladas por sobre lo autorizado en su RCA durante el ciclo desarrollado entre 2019 y 2021, equivalente a un 40% de exceso.
- El centro Muñoz Gamero 3 (120223) produjo 303 toneladas por sobre lo autorizado en su RCA entre 2021 y 2023, equivalente a un 7% de exceso.
Sobreproducciones archivadas en la SMA
Luego de revisar el historial productivo de todos los centros de Australis, la investigación también constató 30 casos de sobreproducción de salmones que nunca fueron sancionados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y que ya se encontraban prescritos, confirmando lo señalado en un correo interno de la empresa, difundido previamente, donde se señaló que la SMA, bajo la gestión de Cristóbal De La Maza, había llegado a “la decisión política de mantener frenado” los casos de sobreproducción denunciados por Sernapesca.
De estos 30 casos, cuyas ganancias se estiman entre USD $58 y USD $89 millones, siete prescribieron durante el segundo gobierno de Bachelet, cuando el superintendente era Cristian Franz, 21 casos prescribieron durante el segundo gobierno de Piñera, con De La Maza en la SMA- y otros dos casos durante el actual gobierno de Boric, cuando el superintendente (subrogante) era Emanuel Ibarra.
Autodenuncias aceptadas por la SMA que tenían denuncias previas
Otra arista es la relativa a los 48 casos de sobreproducción por los que se autodenunció Australis en octubre de 2022. Al aceptar la SMA dicha autodenuncia, la empresa se podría ver beneficiada con atenuante en las sanciones que puedan existir. Esto, a pesar de que 26 de esos 48 casos autodenunciados por la empresa ya contaban con una denuncia previa del Sernapesca, por lo cual la SMA debió haber iniciado de igual manera dichos procesos de sanción.
Compensaciones ficticias en la SMA
La investigación también revela correos internos sobre los planes de Australis para engañar a la autoridad ambiental cuando esta le notificaba casos de sobreproducción, proponiendo compensar dichos excesos en otros centros distintos de donde se cometía la infracción, los cuales nunca habían producido por no reunir condiciones idóneas para ello, tal como ocurrió en los centros Costa y Córdova 3, cuyos excesos productivos fueron compensados ficticiamente en los centros Patranca y Córdova 6, respectivamente, por un total de 7.221 toneladas de salmones producidas ilegalmente.
Según Maximiliano Bazán, periodista de Fundación Terram y autor de esta investigación, “lo grave de estos dos casos es que si la SMA termina el proceso de sanción aprobando las compensaciones de estos dos centros, dejará sin sanción una producción ilegal que equivale a varios millones de dólares en ganancias y a un deterioro importante del ecosistema, aun cuando los antecedentes de la propia empresa demuestran que son compensaciones ficticias y que hubo planificación para engañar a la autoridad”.
Aumentos de producción en centros con infracciones
La investigación constata otra irregularidad, como es el plan para aumentar la producción de 25 centros de cultivo que mantenían producción por encima de lo autorizado, de los cuales solo dos lograron materializarse a fines de 2021, justo antes de que estallaran las notificaciones de la SMA por sobreproducción.
Los dos centros beneficiados fueron Obstrucción (120147) e Isla Canalad (110907), que aumentaron su producción autorizada de 5.140 a 7.500 toneladas y de 2.100 a 5.200 toneladas, respectivamente, a pesar de que ambos mantenían casos de sobreproducción, o sea, que infringían el mismo permiso que buscaban aumentar, lo cual no fue motivo de rechazo, aun cuando en el caso de Isla Canalad la Subpesca cuestionó los informes ambientales registrados cuando el centro produjo 1.014 toneladas, mucho menor a los 2.100 autorizado y a los 5.200 que se terminó ampliando.
Ver acá la investigación (parte 1)
Concesiones en causal de caducidad
En el segundo capítulo de la investigación, se relevan distintos mecanismos a través de los cuales Australis habría logrado no perder concesiones salmoneras aun cuando no habría respetado los plazos legales para iniciar operaciones productivas, lo cual le permitió entregarlas en garantía al Bank of China para acceder a un crédito por USD $450 millones, justo luego de ser comprada por el grupo chino Joyvio.
Según el artículo 142 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, los centros salmoneros deben iniciar actividades productivas antes de cumplir un año desde la entrega material de la concesión, y a pesar que 30 centros de Australis nunca operaron luego de varios años, siguen vigentes, según constató la investigación.
Durante la pandemia, la investigación devela que muchas de estas concesiones también se beneficiaron con una autorización para ampliar el plazo de inicio de operaciones bajo la justificación de fuerza mayor asociada al contexto de pandemia, como ocurrió con el centro Córdova 6, aun cuando Australis mantenía operaciones de cultivo en centros vecinos a este, como Córdova 4 y Córdova 5, los cuales incluso produjeron por encima de lo autorizado en ese periodo.
Más recientemente, otro mecanismo es la inclusión del cultivo de algas en muchas de sus concesiones, realizando operaciones que no serían eficientes económicamente, pero que les permitiría eludir la causal de caducidad.
A pesar de que muchas concesiones salmoneras no han cumplido los plazos legales para iniciar o retomar actividades productivas, el actuar de la SSFFAA, responsable de caducar las concesiones, ha mostrado serias falencias, tal como lo han develado investigaciones de Fundación Terram, las cuales fueron reafirmadas por la Contraloría General de la República en un Informe de auditoría de 2024, que detectó centenares de denuncias sin tramitar y decenas de procedimientos de caducidad que se extendieron durante largos años sin llegar a término, permitiendo que los centros de cultivo volvieran a operar, entre otras irregularidades que también incluyeron al Sernapesca, encargado de fiscalizar.
Nuevas concesiones en trámite
Otro elemento abordado son las 26 concesiones que actualmente mantiene en trámite Australis, distribuidas en las regiones de Aysén y Magallanes, con lo cual busca seguir aumentando su patrimonio sobre bienes nacionales de uso público, como es el mar.
