Por: Úrsula Mix Jiménez, Seremi de Gobierno de la Región de Aysén
El secreto bancario ha sido tema de discusión en las últimas semanas, generando polémica en algunos sectores que plantean que su eventual levantamiento afectaría la privacidad de las personas. Sin embargo, es importante aclarar el verdadero propósito de esta medida y despejar temores infundados.
El propio Presidente Gabriel Boric lo señaló con claridad en su última Cuenta Pública, al hacer un llamado al Congreso a avanzar en esta materia:
“No se puede, estimadas y estimados congresistas, pedir en la mañana más eficacia para combatir la delincuencia y votar en la tarde en contra del levantamiento del secreto bancario”.
Pero, ¿qué entendemos por secreto bancario? La Ley General de Bancos establece que la información sobre depósitos y captaciones que reciben las entidades bancarias debe mantenerse en reserva, conocida solo por el titular de la cuenta o quienes este autorice. Divulgar esta información sin autorización constituye un delito, sancionado incluso con penas de cárcel. Actualmente, solo un juez puede ordenar su levantamiento dentro de un proceso judicial.
El miércoles 2 de julio comenzó la votación en particular del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que “Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado”. Esta iniciativa no es casual: responde a una preocupación sostenida del Gobierno por robustecer las herramientas del Estado en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.
Es fundamental dejar en claro que el levantamiento del secreto bancario no está dirigido al ciudadano o ciudadana común, ni supone una fiscalización masiva. Esta facultad está pensada exclusivamente para situaciones donde existan indicios fundados de delitos graves, como narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento del crimen organizado o corrupción, y busca facilitar el trabajo de instituciones como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que podría acceder a dicha información sin necesidad de pasar por un tribunal, pero siempre con estrictos controles institucionales.
Chile ha visto en el último tiempo un aumento de casos de corrupción y delitos financieros complejos. Es por ello que impulsar mayor transparencia y rendición de cuentas en quienes manejan recursos públicos y privados es una urgencia.
Avanzar en esta agenda es avanzar en justicia, en probidad y en seguridad. Como Gobierno, tenemos el deber y la convicción de enfrentar al crimen con todas las herramientas disponibles. El levantamiento del secreto bancario es una medida concreta, proporcional y focalizada, que permitirá desbaratar redes delictuales que operan amparadas en el anonimato financiero.
Seguiremos trabajando con decisión, sin temor y con responsabilidad, para dar respuestas reales a la ciudadanía frente al crimen organizado y fortalecer el sistema de seguridad en nuestro país.
