Por Patricio segura Ortíz
En un lugar común derivó hace más de una década la frase de Ricardo Lagos “dejemos que las instituciones funcionen”. En su oportunidad, aludiendo a la acusación constitucional en contra de quien fuera intendenta de la región del Bío Bío Jacqueline van Rysselberghe. Corría marzo de 2011.
Con esta máxima, el ex Presidente bajaba la línea en dos direcciones: cuestionaba el debate político sobre el rol de los órganos del Estado (en ese caso, el uso de una atribución parlamentaria en contra de una autoridad designada por Piñera), mientras respaldaba la institucionalidad vigente en el país.
Ha pasado el tiempo desde que acuñara tal expresión y el país, así como el mundo, ha cambiado bastante. La furibunda irrupción de las tecnologías de la comunicación, hoy al alcance de -prácticamente- todos, ha modificado no sólo la manera en que nos informamos sino también cómo nos educamos, interactuamos y decidimos. Y, por cierto, elegimos a nuestros representantes.
Tanta ha sido la evolución que a nadie, a estas alturas, se le ocurriría decir que hay que dejar que las “instituciones funcionen”, cuando escrutarlas -e incluso cuestionarlas- ha devenido en deporte nacional. Y global. No sólo de moros y cristianos, sino incluso de quienes se esperaría, como antaño, guarden su opinión para vulnerar la base de la democracia liberal: la separación de poderes.
Ejemplo de ello en el exterior es Donald Trump, para quien no existe institución (ni autoridad) que no pueda ser blanco de sus críticas, insultos, amenazas o burlas. A nivel nacional no estamos mucho mejor, más aún cuando todo el entramado institucional está en cuestión y cambiarlo es parte de la propuesta de casi todos quienes tienen interés en dirigir el país. Sea por la izquierda, el centro o la derecha. E incluso por fuera del clivaje político tradicional.
Con respecto a la trascendencia de la institucionalidad, las últimas acciones impulsadas por la Contraloría dan cuenta de que el nuestro no es tan estable como pensábamos. Que eso de que “las personas pasan, las instituciones quedan” no es tan cierto, cuando su desempeño depende, más que por el mandato legal, por quienes asumen su conducción.
Tuvo que llegar Dorothy Pérez para que una praxis que hoy parece práctica habitual fuera develada en toda su magnitud: el uso fraudulento de licencias médicas. Se ha señalado que esto se debe a la aplicación de una nueva herramienta, que son los Consolidados de Información Circularizada. Esto es, en concreto, el cruce de información que distintos organismos del Estado ponen a disposición de la Contraloría con el fin de detectar posibles prácticas irregulares en el sector público.
De esta forma, algo que se suponía ocurría desde hace tiempo, se logró gracias a un cambio de mano. Y aunque los viajes al extranjero por vacaciones mientras se debía estar en reposo tanto llamaron la atención que propiciaron la aprobación express de proyectos de ley que abordan la materia e incluso forman parte de las propuestas programáticas de los precandidatos presidenciales, el de las licencia fue ya el noveno consolidado. El siguiente abordó la situación de trabajadores de la salud de establecimientos estatales que habrían asistido partos en clínicas privadas también cuando estaban con permiso.
Los anteriores tratan otras materias. Por ejemplo, el cuarto constató que un “70% de los municipios del país otorgaron licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos”, lo cual está prohibido. Y hace poco informó que “un 90 % de los municipios no ha cumplido sus planes de seguridad pública”. También, al menos casi un tercio de los municipios (118 de 345) incurren en un eventual incumplimiento del derecho a descanso de sus funcionarios, con al menos uno “cuyas horas extras mensuales, no diurnas, son mayores a 80”.
En un país donde las instituciones realmente funcionan, se esperaría que la labor de un órgano tan relevante como la Contraloría no dependiera exclusivamente de quién está al mando. Que fiscalizar el cumplimiento de la normativa fuera parte de su actuar frecuente.
Cuando ello no ocurre, el Estado incumple su rol. Y esto es más complejo aún cuando aquello ocurre con el organismo que, precisamente, es responsable de que funcione la institucionalidad.
